Nota: Por considerarlo de interés, reproduzco nuevamente el artículo publicado el 9 de octubre 2015 en el periódico digital Acento.com

Mucha de la discusión pública que tiene lugar en los medios tras los escándalos de corrupción destapados a raíz del suicidio de un arquitecto en la Oficina de Ingenieros Supervisores de las Obras del Estado (OISOE), atribuyendo la creación de esta oficina al año 1986, así como de los reclamos para que sea suprimida, me hace ver lo corta que suele ser nuestra memoria histórica.

Uno de los primeros decretos del Presidente Antonio Guzmán, en 1978, fue eliminar la OISOE. En ese tiempo se llamaba Oficina Técnica de Fiscalización de Obras e Inversiones del Estado.

Durante los primeros doce años de Balaguer la antigua OISOE era un antro de corrupción; en principio dizque fue creada para fines de fiscalización, pero eso fue un cuento, porque de inmediato absorbió la mayor parte de las funciones de Obras Públicas, el INDRHI, INAPA, el INVI y cuantos organismos tenía el gobierno para construir obras de ingeniería, que eran muchos.

Recordemos que durante los períodos de Balaguer la inversión llegaba casi a la mitad de los gastos públicos, y casi toda era  ejecutada por la Presidencia de la República a través de dicha oficina. De forma tal que la misma manejaba una porción muy grande del presupuesto. Por ejemplo, entre el 1973 y 1975 la indicada oficina llegó a administrar el 33% de todos los gastos del gobierno. Como históricamente ha ocurrido en este país en las instituciones donde se manejan muchos o grandes contratos, la indicada oficina se convirtió, como dice el anuncio en “una fábrica de millonarios”.

Al igual que ocurre ahora tras el lamentable suicidio del Arq. Rodriguez García, mucha gente postulaba por la eliminación de esa oficina y que se les devolvieran sus atribuciones a la Secretaría de Obras Públicas y otras oficinas sectoriales que construían obras. Eso fue lo que hizo el Presidente Guzmán una semana después de juramentarse, con el Decreto 78, del 23 de agosto de 1978. Un error estuvo en creer, como cree mucha gente ahora, que la corrupción se acabaría suprimiendo esa oficina y que no se trasladaría a cualquier otra en que se hicieran o administraran los contratos.

Además, en aquel tiempo poca gente pensaba  que ocho años después Balaguer regresaría al poder. Una de sus primeras decisiones fue restablecerla. Es más, entonces creó dos, pues le dio el nombre de Oficina Coordinadora y Fiscalizadora de las Obras del Estado, y pocos meses después le creó otra paralela, llamada Oficina de Ingenieros Supervisores de las Obras del Estado. A la primera le encomendó la construcción de los proyectos habitacionales repartidos por casi toda la geografía nacional, acueductos, calles, escuelas y hasta iglesias; mientras que la segunda la especializó en  los megaproyectos, incluyendo Faro, presas, remodelación urbana de la ciudad de Santo Domingo y Santiago, etc.

La corrupción volvió a ser la misma que antes, pero en mayor magnitud, por el mayor volumen de dinero. Es importante recordar que por esa época se inventó la práctica de cobrar algunos tributos en dólares (exportaciones de ferroníquel, derechos consulares, tarjetas de turismo, derechos aeroportuarios, etc.)  y manejarlos secretamente desde la Presidencia en cuentas extrapresupuestarias: entre 1988 y 1992 ambas oficinas llegaron a administrar alrededor de la mitad de los gastos gubernamentales. Sobre el origen y destino de todo ese dinero ni siquiera se informó a los contribuyentes, y para la estadística es como si no hubiera existido. Pero algunas de las grandes fortunas actuales vinculadas al sector construcción se originaron en esa oficina, tanto en los primeros doce años como en los diez subsiguientes.

En los períodos posteriores el gasto corriente y el servicio de la deuda pasaron a absorber una porción creciente del presupuesto y ya la inversión en obras públicas dejó de ser tan grande, además de no concentrarse tanto en la Presidencia, por lo que estas dos oficinas dejaron de manejar tanto dinero.  ¿Se imaginan a un tal Felix administrando la mitad del presupuesto de gastos públicos, que en cifras y valores corrientes de ahora serían más de 250 mil millones de pesos cada año?

Pero lo que hacían lo siguieron haciendo de la misma manera, fabricando millonarios. En el 2000, el Presidente Hipólito Mejía, en vez de suprimirlas como había hecho su mentor político, lo que hizo fue fusionarlas otra vez en una, conservando el nombre actual de OISOE.

Recientemente el Presidente Medina designó para dirigirla al Ing. Francisco Pagán, una persona a la que se le reconoce solvencia moral, y ojalá que con ello se borre toda esa historia de ignominia. Probablemente la Oficina no debería existir, pero también es una ilusión creer que desapareciendo ella desaparecerá la corrupción, pues la inversión pública en algún lugar se hará, y la corrupción irá allí donde vayan los contratos mientras no se fortalezcan los mecanismos de control y fiscalización del Estado y, particularmente, mientras el país no cuente con un sistema judicial independiente y confiable.

La OISOE ya había sido eliminada