La directa participación del presidente Medina, en una estructura internacional para diseñar campañas de imagen a favor de gobiernos, presidentes, candidatos presidenciales y para favorecer empresas transnacionales altamente beneficiadas por esos presidentes y gobiernos, constituye otra de las tantas muestras del significado de su “obra de gobierno”. La reacción de los alabarderos y voceros de este gobierno ante este hecho, además de evidenciar sus inconsistencias ética y política, motiva una reflexión sobre lo realmente ha sido el gobierno de Medina.
Diversos documentos evidencian que la referida estructura está financiada con fondos públicos por las autoridades de los países envueltos en ella. En el nuestro, su director era o es Jao Santana, encarcelado en su país, Brasil, acusado de diversas acciones criminales. No sólo era, o sigue siendo, el principal creador de la imagen de este gobierno y de Medina, sino el principal “buscón” de los contratos de la empresa constructora más beneficiada de los megaproyectos del Estado, una colusión publico/privado de carácter delincuencial.
Eso lo saben todos los alabarderos y defensores de esta administración, comenzando por su principal vocero.
Podría discutirse que Medina contrate a semejante personaje, pero lo que no es discutible es que si, como todo parece indicar, utilizó los fondos públicos para pagar los servicios del señor Santana para acrecentar tanto la imagen de su gobierno, como la de él mismo en tanto presidente y candidato presidencial, estaría cometiendo un delito de tal magnitud que si este fuera un país normal, con una sociedad civil con verdadero sentido cívico, no solo tendría que renunciar a todos sus cargos sino que iría a la cárcel.
Punta Catalina y otros escándalos de corrupción en la construcción de diversas obras del Estado, la defensa de la sentencia 168/13, las compras de su reelección, partidos, medios, periodistas, profesionales e intelectuales conversos y alabarderos, de importantes cuadros de la cuadra de Leonel Fernández, constituyen hechos abominables que caracterizan y descalifican la llamada “obra de gobierno” del presidente/candidato Danilo Medina. Los poquísimos e incuestionables puntos luminosos de su gobierno, los no pocos funcionarios probos y capaces que se incorporados a su gestión, son simples luceros en una administración del Estado hundida en el más oscuro pantano de la corrupción.
A ningún intelectual o profesional debe censurársele su participación en un gobierno o en cualquier proyecto para alcanzar el poder, tiene todo el derecho no solo de participar, sino de exigir su participación si así lo considerase, tampoco que escriban o hablen en favor de ese gobierno o proyecto de poder, es su derecho y deber. Lo inadmisible es que muchos de ellos, pegados a esa pródiga ubre que es el Presupuesto Nacional, lo hagan con mentiras y medias verdades. Algunos dicen que los “reales o supuestos delitos” del señor Santana, por los cuales guarda prisión, de por sí no incriminan a Medina. Una pobre argucia jurídica para evadir lo esencial del tema: el uso de recursos públicos para favorecer a un presidente/candidato y a su gobierno.
Eso lo saben todos los alabarderos y defensores de esta administración, comenzando por su principal vocero. Saben que el presidente Medina debe no solo lamentar la pérdida de su creador de imagen, sino explicar, documento en manos, las formas en que pagó al personaje. Sin embargo, conforme a su práctica, conforme al clima de impunidad acrecentada durante su tan celebrada “obra de gobierno” ese, como todos los grandes escándalos de este gobierno, no se investigará pues para eso han comprado la mayoría de los jueces que componen el aparato judicial del país.
Bajo el régimen mejicano de partido único, dice Enrique Serna, se ha acuñado el dicho popular ¨el que no transa no avanza”. En un país como el nuestro, con una estructura de poder que opera de manera muy parecida a los regímenes de partido único, con un partido/Estado que tiene el casi absoluto monopolio de la asignación de recursos, es comprensible la integración acrítica a los poderes de muchos profesionales e intelectuales, pero es inexcusable que muchos, para justificar su condición de conversos se hayan reducido a la abyecta condición de defensores de una ¨obra de gobierno¨ que combatieron con tesón y dignidad durante más de un década.
Una “obra de gobierno”, sin un marco institucional que garantice la independencia de los poderes y que es justificada básicamente por algunas obras materiales, que si bien no se puede regatear la pertinencia de algunas, su construcción han servido fundamentalmente para potenciar la corrupción y la impunidad.