“Nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y buen juicio. Hoy que hombres sin juicio y sin corazón,conspiran contra la salud de la patria” (J.P. Duarte).
El pasado 22 de octubre se dio a conocer la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenando al país por la violación de los derechos en la deportación a Haití de un grupo de dominicanos y dominicanas de origen haitiano, así como de emigrantes indocumentados, en los años 1999 y 2000.
Aunque, la sentencia tiene como base la violación de varios derechos en deportaciones efectuadas entre 1999 y 2000, ésta hace referencia, de forma implícita, a las violaciones que se siguen dando hoy y se refiere, de forma también implícita, a las consecuencias de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y al intento del gobierno de remediar las mismas con la aprobación por el Congreso Nacional de la ley 169-14.
La sentencia de la CIDH ha sido clara y precisa. El mandato principal de la misma es: “Adoptar las medidas necesarias para dejar sin efecto toda norma de cualquier naturaleza, sea ésta constitucional, legal, reglamentaria, administrativa, o cualquier práctica, o decisión, o interpretación, que establezca o tenga por efecto que la estancia irregular de los padres extranjeros motive la negación de la nacionalidad dominicana a las niñas y niños nacidos en el territorio de República Dominicana”. Ordenó, en consecuencia: “Adoptar las medidas legislativas, inclusive, si fuera necesario, constitucionales, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para regular un procedimiento de inscripción de nacimiento que debe ser accesible y sencillo, de modo de asegurar que todas las personas nacidas en su territorio puedan ser inscritas inmediatamente después de su nacimiento independientemente de su ascendencia u origen y de la situación migratoria de sus padres”.
Las reacciones desde el ámbito del oficialismo han sido, de forma unánime, de rechazo a la sentencia. El Ejecutivo, a través de su portavoz, calificó la sentencia de “extemporánea, sesgada e inoportuna”. Leonel Fernández la calificó “como un atropello a la soberanía nacional” y su aliado Miguel Vargas se expresó en términos semejantes, porque según él:“La soberanía no se negocia”. Los legisladores se han expresado rechazando la sentencia como tal e incluso algunos han propuesto que el país rompa sus vínculos con la CIDH. El canciller, Andrés Navarro, por su parte, señaló que aunque el Estado dominicanono puede aceptar los términos del fallo de la CIDH, el gobierno dominicano “no ha ponderado, no tiene previsto salir de un organismo internacional por la actual coyuntura”. Estas declaraciones del canciller se produjeron, paradójicamente, tras presentar en la Cancillería la Dirección General de Derechos Humanos (DGDH), un organismo creado, supuestamente, para fortalecer los aspectos de los derechos humanos en el país.
El Centro Bonó consideró que la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una gran oportunidad para que el Estado dominicano asuma lo que debe ser su función esencial: garantizar la protección efectiva de los derechos de las personas y el respeto de su dignidad, tal y como está consagrado en la Constitución. El Centro Bonó recordó, además, al gobierno y a la sociedad, el carácter vinculante que tienen las decisiones de la CIDH. “La República Dominicana aceptó la competencia contenciosa de la Corte siguiendo el procedimiento indicado en el artículo 62 de la Convención Americana el 25 de marzo de 1999. De modo que acatar esta nueva decisión de la Corte Interamericana no es una opción sino una obligación estipulada en el artículo 68.1 de la Convención”.
La organización pro-derechos humanos, Amnistía Internacional, calificó de vergonzosa la reacción del gobierno dominicano ante la sentencia de la CIDH. A través de Chiara Liguori, investigadora de la organización para el Caribe, señaló:
“Es una vergüenza que el gobierno dominicano rechazara el fallo de la CIDH de esta manera. Los sistemas de derechos humanos regionales y nacionales fueron creados para garantizar a todos un camino de buscar la justicia y la reparación de violaciones de los derechos humanos, cuando los sistemas de justicia nacionales han fracasado”.
Edwin Paraison, ex cónsul haitiano en República Dominicana, recordó en un artículo publicado en Acento,que ésta no es la única sentencia de la CIDH que ha condenado al Estado dominicano por la violación de los derechos humanos. Recordó que, entre otros casos, en septiembre del 2005 el Estado fue sentenciado en el caso Yean-Boussicout-, al tener la obligación del otorgamiento de las actas de nacimiento dominicanas a las afectadas, incluyendo una indemnización económica.
La sentencia de la CIDH le está ordenando al gobierno dominicano, de forma implícita,a mantener la vigencia de lo estipulado por el artículo 11 de la anterior Carta Magna (2002) que definía como nacionales dominicanos a quienes nacieran en el país, con excepción de los que estaban en tránsito e hijos de embajadores y que,por tanto deje sin efecto el cambio realizado en la Constitución del 2010 que, en el art. 18, párrafo 3, no reconoce el ius soli (derecho a la nacionalidad por el lugar del nacimiento)para los hijos e hijas de extranjeros que residan ilegalmente en el país.
La CIDH reiteró lo que ya había dicho en el caso de las niñas –hoy jóvenes- Yean y Boussicout- (2005); es decir, que la situación migratoria indocumentada o ilegal de los padres y madres que vinieron a trabajar en el país, la mayor parte de ellos y ellas, contratados por diferentes gobiernos, no se puede traspasar a los hijos e hijas.
Ante esta decisión de la CIDH se cae la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y sería necesario revisar todo lo estipulado en la ley 169-14 y su reglamento, que de hecho es un remiendo mal hecho, para intentar mitigar los efectos causados por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.
Más allá de las primeras reacciones ante la sentencia de la CIDH¿Estará el Estado dominicano dispuesto a asumir las consecuencias de estas decisiones de la CIHD? Todo parece indicar que, en la práctica, la corporación gubernamental en el poder (PLD-PRD-PRSC-FNP) no está dispuesta a ceder ni un ápice en cuanto a reconocer los derechos adquiridos de los hijos e hijas de emigrantes haitianos nacidos en el país. Pues los hechos demuestran que hay una alianza entre el sector gubernamental: el ejecutivo, el poder legislativo, el judicial, la Junta Central Electoral, la Dirección de Migración, las Fuerzas Armadas, y grupos empresariales, para seguir teniendo licencia para oprimir y abusar de las y los trabajadores dominicanos de origen haitiano; para seguirse enriqueciendo a costa del dolor indignante y del sudor ajeno.
Los grupos defensores de los derechos humanos debemos darle la bienvenida a la sentencia del CIDH; tenemos el desafío de fortalecer la conciencia ciudadana y la lucha para hacer entrar en razones a una corporación gobernante que ha perdido la sensibilidad, el juicio y la vergüenza.
Es necesario seguir insistiendo que la soberanía pertenece al pueblo y que la identidad dominicana no se puede concebir por oposición a lo haitiano o a otra nacionalidad. No podemos seguir permitiendo que el Estado, siga violando impunemente, los derechos humanos de la población en general y en particular de los hijos e hijas de haitianos. No se debe seguir utilizando la excusa de la soberanía y de la supuesta pérdida de la nacionalidad o de la injerencia extranjera. Pues ya sabemos que cuando los grupos dominantes hablan de defender la soberanía y la nacionalidad dominicana generalmente lo que están defendiendo son los intereses económico-partidarios de una minoría enriquecida y opresora.
Las organizaciones comprometidas con el mejoramiento de la calidad de vida de los sectores sociales más empobrecidos, la prensa más crítica y consciente, los centros educativos, las universidades comprometidas con la causa popular, tenemos el desafío de articular fuerzas para que acompañando al grupo reconoci.do, al Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas (MUDHA), y a otros grupos de dominicanos y dominicanas de origen haitiano, que luchan por sus derechos,unamos esfuerzos para defender el derecho de todos y todas a una patriajusta, equitativa y a una nacionalidad incluyente.
Las palabras proféticas de J.P. Duarte siguen siendo más actuales que nunca: “Nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y buen juicio. Hoy que hombres sin juicio y sin corazón, conspiran contra la salud de la patria” (J.P. Duarte). Por esto, fortalecer la sensibilidad, el buen juicio, las prácticas sociales transformadoras, es condición indispensable para cuidar la salud de la patria y la construcción de una sociedad en donde se respeten los derechos y se asuman los deberes ciudadanos, en el marco de la construcción de un proyecto-país, ético-político,orientado a la Vida Digna del Soberano, que es el pueblo dominicano.