La sección de comentarios es, sin lugar a dudas, una de las novedades más importantes que han traído los periódicos digitales. Esta sirve de termómetro y expone sin filtroslos sentires que respecto a nuestro país tienen sus habitantes.
En ese sentido, hace un par de semanas vi en internet que habían hallado al presunto implicado en el homicidio de Paola Languasco y como siempre, leí las reacciones de la noticia.Para mi sorpresa, todas las opiniones de la notahablaban de lo mismo: la justicia dominicana.Casualmente, el ochenta por ciento de los comentarios mostraba preocupaciones respecto a un sistema que según decían, permitió el escape del sospechoso.
Días más tarde, leí a muchos demis contactos de Facebook quejarse de que Edward Villamán, sobrino de Monchy Fadul, agrediera injustamente a un agente de la AMET. Según los comentarios, el agresor confiaba enque saldría impune de la situación por su posición y relaciones.
Y es que como decía François-René, vizconde de Chateaubriand, “la justicia es el pan de los pueblos: siempre están hambrientos de ella”
Pero más allá de estos dos casos, la realidad es que la justicia en nuestro país está en crisis; o al menos, eso piensan los ciudadanos y ciudadanas. Primeramente, la genteno parece confiar en la independencia, imparcialidad y responsabilidad de los y las jueces que menciona la Constitución.[1]Pero de igual forma,las constantes quejas respecto al trabajo de la fiscalía ponen en entredicho que este organismo, llamado a restablecer la paz social, esté cumpliendo con su función. La percepcióngeneralizada esque los delincuentes tienen más potestad que la autoridad.
Por tal razón, los ciudadanos y ciudadanas se resignan a ser víctimas de una batalla perdida. La delincuencia común ya ni se denuncia, ylamisma Policía se asume maniatada, confesandoque persiguen a los malhechores, “pero los fiscales los sueltan”.Igualmente, la falta de políticas transparentes hace pensar que el dinero y las conexiones dan carta blanca para quebrantar leyes sin consecuencias. Es común oír que “solamente los delincuentes tienen derechos humanos”. Y tal pensamiento cobra fuerza en que aun cuando se investiga, muchaspesquisas se cierran sin establecer sanciones correctivas ni reparar a las víctimas.
Por tanto, aunque muchos jueces, juezas y fiscales trabajen responsable y honestamente,una expectativa de corrupción les antecede. Ejemplo de esto es el caso del senador Félix Bautista, en que el juez Alejandro Moscoso Segarra recibió toda clase acusaciones al dictar acto de no ha lugar. Desde antes de sopesarse la validez o insuficiencia de sus argumentos,la balanza públicadeterminó que en este caso,como en muchos otros casos, la venda de la justicia había sido cosida en tela de mosquitero.
Lo cierto es que a pesar que el Estado existe para velar por “la protección efectiva de los derechos”, los ciudadanos y las ciudadanassentimosque vivimos en un ambiente de creciente injusticia, donde cada vez nuestros derechos son más atropellados.En efecto, según datos del CIMApara el año 2009, un38 por ciento delapoblación dominicana se mostraba satisfecho con la justicia.[2]Dos años después, esta percepción de justicia descendió a un dieciséis por ciento (16 %), evidenciando el sentir popular.[3]
La gravedad de esta concepción esque como la banca, la justicia depende en gran parte de la confianza del usuario. Y es quelas personassólocedemos nuestros derechos individualesal Estado, porque esperamosque nos proteja.Pero, ¿qué sucede cuando el Estado no cumplecon su rol de defensor? El contrato social se estima roto y ante la desprotección, la gente intentasuplir esta necesidad por sus propios medios.
Siendo así, sebuscan soluciones individuales a problemas colectivos. Surgen, por ejemplo, ideas bastante creativas sobre qué haría cada quién “si yo tuviera una pistola”. Como consecuencia,las faltas(reales o percibidas) del sistema judicial,dirigen a un ciclo de revanchas en que la justicia retributiva se hace ley cual Talión. Como si fuera poco, estas fallas afectantambién el crecimiento económico de la nación. En tal sentido, el Embajador británico Steven Fischer, manifestó que la justicia es “otra área que impide a la República Dominicana convertirse en el socio comercial que nos gustaría a todos”.
¿Cuál debe ser, entonces, el rol del Estado ante tan temible panorama? Indudablemente, es urgenteque los actores del sistema recuperenla credibilidad en el mismo,creando un clima estable y seguro para dominicanos y extranjeros.Y aunque no existen fórmulas mágicas para reconquistar el terreno perdido, algunos elementos son básicos e irrefutables.
Por ejemplo, la Policía Nacional debeser capacitada en Derechos Humanos, para proteger a todas laspersonas, tratándonos con la igualdad y el respeto que merecemos.Asimismo, el Ministerio Público ha de trabajarparafortalecer y tecnificar sus investigaciones, presentar las acusaciones a tiempo y noaccidentar los procesos. Además, debe mostrarse diligente, enérgico y eficiente en la investigación de delitos, quienquiera que fuera su autor. A la par, los jueces y las juezas han de seguir el mandato que sus cargos exigen, demostrando sus competencias y actuando de manera independiente e imparcialsiempre.
Resulta indiscutible que el avance y perfeccionamiento de la justiciaes una deuda pendiente de nuestro Estado con la sociedad de este siglo. Sin ello, no será posible lograr la seguridady paz que necesitamos parael desarrollo integral de nuestra nación. Y es que como decía François-René, vizconde de Chateaubriand, “la justicia es el pan de los pueblos: siempre están hambrientos de ella”.
[1]CRD, art. 151
[2]Barómetro_CIMA. Barómetro Iberoamericano de Desarrollo. Consorcio Iberoamericano de Investigaciones de Mercado y Asesoramiento, CIMA. 2009.
[3]Barómetro_CIMA. 2011.