En un episodio de sinceridad inusitada, la fiscal de Distrito, Yeni Berenice Reynoso, admite que el sistema de justicia de la República Dominicana ha fracasado porque en la práctica no existe la proporcionalidad adecuada en los tribunales entre el hecho punible con la sanción impuesta, lo que favorece la corrupción en general en vez de castigarla, situación que ella califica como la jurisprudencia de la corrupción.
Más claro ni el agua. La funcionaria pone el dedo en la llaga al señalar que para casos importantes contra la corrupción se han establecido criterios muy específicos sólo aplicables a encausamientos muy particulares como es el archivo del caso en el proceso de Víctor Díaz Rúa o que se apele a la apertura de un juicio, cuando la legislación establece lo contrario.
Yeni Berenice reiteró que en el caso del exministro de Obras Públicas, ha llevado ese proceso ante el Tribunal Constitucional “porque no puede renunciar a su responsabilidad aunque el sistema de justicia haya fracasado.” Reiteró su firme creencia de mantener vigente la figura de la prisión preventiva ante el riesgo de la amenaza a los testigos, los intentos de destruir las evidencias o de evadir los procesos.
La fiscal de Distrito califica de penoso la situación anómala en los procedimientos de aplicación de justicia en casos de presunta corrupción ya que los criterios establecidos no castigan a los protagonistas, sino que tiende a favorecerla a nivel jurisdiccional, por lo que resulta penoso y cuestionable que se hayan creado guías específicas para casos de corrupción ante la ausencia de unos parámetros necesarios e inexistentes.
Yeni Berenice Reynoso puso de ejemplo el proceso contra el empresario sindical Blas Peralta, junto a otros tres imputados, señalado como presunto autor del asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Mateo Aquino Febrillet, ocurrido hace un año y cuyo proceso ha sido viciosamente incidentado y reenviado en 16 ocasiones.
La responsable de la fiscalía de Distrito también critica la demanda del movimiento Marcha Verde al exigir al presidente de la República, Danilo Medina, la designación de un fiscal anticorrupción, por entender que ello lesiona la norma establecida ya que desconoce al Consejo del Ministerio Público, órgano facultado para designar fiscales. Califica el intento como una forma de violentar la prerrogativa que fue quitada al mandatario.
Urge actualizar y modernizar los preceptos y las leyes para ponerlos a tono con un Estado civilizado. Ello no ha sido posible porque algunos legisladores en el Congreso no han hecho el trabajo que se espera de ellos, en detrimento del Estado de Derecho, de la preservación de las garantías a la ciudadanía, la buena salud del desempeño de la Justicia misma y los responsables de ella. La fiscal de Distrito es una de los pocos funcionarios que no ha perdido la sensatez en el desempeño de sus labores con apego a la ley y a los procedimientos establecidos.
Ella nos recuerda que, pese a ciertos avances, a la Justicia dominicana le queda mucho camino por recorrer. Como afirmara hace algún tiempo el exjuez presidente de la Corte Suprema, Jorge Subero Isa, en la República Dominicana sólo puede tener justicia quien la puede pagar. Por lo que los intentos de llevar a los corruptos a la cárcel por esa vía es una quimera, cuando se trata de apellidos sonoros…