Es posible que el tema de la escogencia de los miembros de la Junta Central Electoral es el que más ha ocupado la agenda política y social del país en los últimos meses.
Sin embargo, todos los esfuerzos van encaminados solamente en el perfil de personas idóneas, pero como escribí en el artículo del domingo pasado, nuestros "males y fallas" en nuestro sistema electoral, son sistémicos.
Ahora bien, la tarea fundamental que tiene la nueva Junta Central Electoral debe ir en tres vertientes: protección y mejora continua del registro civil, impulsar la Ley de Partidos Políticos y la Ley Electoral, y por último la defensa de la soberanía nacional.
Ya el nuevo presidente de la JCE dijo que su enfoque sería la defensa de la soberanía, no obstante todavía queda mucho que hacer en cuanto al fortalecimiento institucional del organismo electoral.
Es prácticamente imposible pretender tener elecciones verdaderamente eficaces sin legislaciones y un marco legal adecuado, que permita una vigilancia eficaz tanto de los procesos electorales como de la democracia intrapartidaria.
Las quejas recurrentes que tenemos respecto a los procesos electorales en el país son las mismas y recurrentes. Prácticamente los panoramas pre y post electorales han sido los mismos: acusaciones de fraude, uso de los fondos públicos en campaña, entre otras cosas.
Una de las innovaciones que se podría incorporar en nuestro sistema, es el Procurador General Electoral. Una de las funciones que tendría es velar para que no se cometan delitos electorales.
Los delitos electorales y su tipificación así como un régimen de consecuencias para el que los comete, estarían definidos en una nueva legislación.
Deberíamos hacer acopio de acuerdo al derecho comparado de experiencias en otros países al respecto. Nuestro régimen electoral es muy libérrimo y permisivo. Ahí está su talón de aquiles.
La Junta que queremos debe ser proactiva en estos temas. Fortalecer nuestro sistema electoral debe ser su tarea a ejecutar hasta el 2020. De lo contrario seguiremos con el mismo vacío institucional que tenemos hace décadas.