La formal intimación del Comité de Asesores de Hipólito Mejía a la Junta Central Electoral, exigiéndole el cese de sus funciones por razones de carácter legal ha provocado diversas reacciones  de rechazo, con los habituales adjetivos descalificativos con que generalmente aquí se debate. En ese rechazo han coincidido mansos y cimarrones, como es habitual en una sociedad como esta, permisiva y conservadora al mismo tiempo, de mucha doble moral, olvidadiza y poco inclinada a la coherencia, a la persistencia y a la insistencia en discutir los aspectos sustanciales de las cosas.

Es comprensible que una iniciativa de esta naturaleza cause mucho ruido, pero ese ruido no debe distraernos en una discusión sobre la forma, el momento de su instrumentación, ni sobre su contenido. Para que seamos coherentes y tengamos sentido de la política, la discusión debe centrarse en lo esencial, en el hecho de que estamos en una coyuntura electoral dirigida por una JCE comandada por un presidente, que con el abierto apoyo del gobierno y del Cardenal se ha erigido en juez y parte.

Más que la intimación, lo que debe discutirse y enfrentar al partido oficial para que a través del presidente de la JCE y en abierto desafío a un vastísimo abanico de sectores sociales, económicos, eclesiales y político,  se empecina en mantener como director de cómputos de ese organismo a un funcionario que no inspira confianza al principal partido de oposición ni a nadie que tenga un mínimo de sentido común e inteligencia. Lo que debe discutirse es si puede confiar en una JCE con esos elementos y en este contexto de generalizada la percepción de que actual grupo al frente de la conducción del Estado se resiste, con todas malas artes posibles, a abandonar un gobierno que a muchos de ellos los ha hecho multimillonarios.

Se sabe, que en proyecto de poder resulta clave el control de las principales instituciones del Estado ha como de lugar, sobre todo aquella que dirige y cuenta los votos de los procesos electorales: la JCE, en este caso. Se sabe que la mayoría de los integrantes de esa institución simpatizan o son miembros de hecho del partido oficial y por lo tanto, es legítimo presumir que también lo son la mayoría de los cuadros claves de la misma.

También se sabe que el principal candidato opositor, en su lucha porque se despeje toda duda sobre eventuales acontecimientos que enrarezcan el proceso de conteo de los votos, carece de un sólido apoyo formal/institucional del presidente de su partido. Es en ese contexto que se produce la intimación referida y lo que permite entender porqué gente de la experiencia, el talento y talante de sus principales sus sustentantes la hicieron.

Lo importante es rescatar el carácter radical de la intimación, incluso valorar esa expresión de radicalidad de la vieja tradición de la lucha del núcleo duro de ese Comité de Asesores y estimularlo a que se mantenga como referencia de las viejas luchas que por la democracia han dado en este país.

Todos saben que la JCE no se disolverá, pero en política, a veces, apostar a lo imposible no constituye un despropósito, simplemente una expresión de disposición de ir hasta las últimas consecuencias para lograr un determinado objetivo, en este caso radicalizar el combate una JCE que ha cometido el despropósito de erigirse en juez y parte. Esa es la cuestión.