Aunque sabemos que Julio César Castaños, Roberto Saladín, Rosario Altagracia Graciano, Carmen Imbert y Henry Mejía no van a responder (porque en este país la transparencia solo se aplica a las peceras), hay que hacer preguntas: ¿Está o no obligada la Junta Central Electoral a acatar y hacer cumplir las decisiones del Tribunal Superior Electoral? Entonces, si es así, como en efecto, se cae de la mata esta otra: ¿No es un irrespeto a la institucionalidad el haber validado, con su presencia, la reunión de la Comisión Política del PRD, cuando todos sus órganos han sido ilegalizados por una sentencia de ese Tribunal?

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