Hace varios años que las instituciones de la República Dominicana preocupan a la sociedad en general, a los ciudadanos en particular y a los países amigos interesados en el desarrollo y en la estabilidad de esta nación. En diversas ocasiones y contextos, se habla de la falta de institucionalidad en el ámbito público y en el privado. Con frecuencia se observan instituciones que funcionan con precariedad, por la falta de recursos y de una gestión ética, así como por la carencia de un proyecto institucional que les permita a los sujetos de esa institución una apropiación clara de la propuesta que pretende impulsar y del horizonte al que apunta. Una actuación así evidencia el desorden interno de muchas instituciones.
Lo grave del caso es que lo que pasa dentro de estas instituciones no se queda en su espacio, sino que salta las fronteras de las entidades y repercute en el funcionamiento de la sociedad y en el comportamiento de los ciudadanos, aun no pertenezcan a esas instituciones. Lo que ocurre en estas entidades está determinado, también, por problemas estructurales que están presentes en la organización social y en el régimen político- económico vigentes en el país. Por ello las instituciones dominicanas avanzan con lentitud en sus propios procesos de institucionalización y, aún más, en los procesos que han de incidir en el fortalecimiento de la institucionalidad a nivel general. Estamos frente a un problema que coloca en situación de alto riesgo la vida y el desarrollo de algunas instituciones, como es el caso de la institución familiar.
La crisis que afecta a la institución familiar está provocando su progresiva autodestrucción. Esta situación se agudiza por la violencia que bulle en su interior y por la pobreza que la afecta. Esta pobreza se traduce no sólo en la falta de recursos económicos, sino en relaciones violentas, en comunicación seccionada y unidireccional; como también en la desigualdad en el trato, en el uso de los bienes y servicios. Dentro del hábitat familiar se libra una lucha de poder que está provocando muertes violentas, muertes múltiples; y, especialmente, una crisis humanitaria, por la cantidad y diversidad de niños, niñas, adultos y ancianos que terminan afectados, física, emocional y socialmente. Ya estamos sobrados de descripciones de los problemas que afectan la estabilidad, la paz y el desarrollo de la institución familiar. Ya no podemos esperar más para trabajar por la transformación de lo que podemos llamar, sin exageración, la tragedia de las familias dominicanas. No nos olvidamos de que siempre hay excepciones, pero para nadie es un secreto que la problemática familiar está fuera de control en los aspectos que hemos indicado.
El año 2019 ha de movernos a requerir del Estado Dominicano, mayor protección, seguridad, apoyo económico y educativo para las familias. Los niveles de violencia del Estado Dominicano hacia las familias, también han de cambiar: trabajo decente, canasta familiar al alcance de todas las familias, tolerancia cero a la mortalidad infantil y materna por atención sanitaria deficiente y por un servicio de salud carente de los recursos e instrumentos básicos. Tolerancia cero también, a una justicia que se jacta de publicar planes para reducir el feminicidio mientras aumenta el número de mujeres, niños y familiares que mueren por la violencia de las parejas o ex parejas. De la misma manera, hemos de potenciar los procesos de educación, comunicación y de distribución del poder en el seno de las familias, para ayudar más efectivamente a la construcción de un clima dialógico y a unas relaciones más humanas y civilizadas.