"No es la política la que provoca los conflictos malos o buenos, estimulantes o letales, los conflictos son síntomas que acompañan necesariamente la vida en sociedad… ! y que paradójicamente confirman lo desesperadamente sociales que somos!. Entonces la política (recuerda que se trata del conjunto de las razones para obedecer y para desobedecer) se ocupa de atajar ciertos conflictos, de canalizarlos y ritualizados, de impedir que crezcan hasta destruir como un cáncer el grupo social…"
(Fernando Savater: Política para Amador).
La informalidad institucional significa un peso gravitante en la Trasparencia y propicia la opacidad en el ejercicio de la gestión pública.
Polilat, una firma encuestadora con Sede en Argentina, realizó un informe sobre los alcances democráticos en la Región. República Dominicana se encuentra entre los tres países con más déficits democráticos, conjuntamente con Venezuela y Guatemala. Es ese déficit democrático que anula toda posibilidad de consecuencia de las acciones desviadas, de la judicialización de los casos de corrupción que suceden en la vida pública dominicana.
La Impunidad y la Inmunidad siguen prevaleciendo en el cuerpo social dominicano, sobre todo, cuando se trata de funcionarios de las más altas instancias del funcionariado o de aquellos que “gozan” de la generosidad supra institucional.
El Foro Económico Global en sus más reciente Informe de Competitividad nos situó en una escala promedio de 95/138 países. Sin embargo, cuando se ven los indicadores del Pilar Institucional obtuvimos 123/138, esto es, una desviación negativa de 28 puntos.
¿Qué abarca el Pilar Institucional?
1.- Confianza del público en los políticos (130/138);
2.- Favoritismo en las decisiones gubernamentales (128/138);
3.-Malgasto de los fondos públicos (111/138);
4.-Comportamiento ético de las firmas (130/138);
5.- Confianza en servicios policiales (133/138);
6.-Crimen organizado (111/138);
7.-Manipulación de fondos públicos (133/138);
8.-Independencia del Poder Judicial (127/138);
9.-Costo del negocio por el crimen y la violencia (122/138).
En ese mismo Informe del Foro Económico Global, nuestro país quedó en el octavo lugar en el mundo con relación a la corrupción y el quinto en la Región.
Esto significa que la transparencia, la institucionalidad y la lucha contra la corrupción desde el gobierno, ha sido una batalla que no se ha realizado con la suficiente voluntad política para cercenar esa hiedra de mil cabezas como es esa degradación, depravación.
En el Eje III del Programa de Gobierno 2016–2020 reza “Consolidación de una Institucionalidad Pública cada vez más eficiente, transparente y participativa”. Señala el referido Programa que “Vamos por más transparencia, eficacia e institucionalidad en la Administración Pública”.
El ejercicio de la mera retórica se sobredimensiona a la realidad que la sociedad dominicana vive en la actualidad. Veamos:
- En el mes de octubre del 2015 la Dirección de Compras y Contrataciones evaluó la ejecución y el campo de la licitación del Hospital Darío Contreras. La Resolución 91/15, emanada de la referida Dirección, establecía las anormalidades ocurridas allí, tanto en materia civil como penal. La Resolución fue enviada a la Procuraduría y al actual Director de la OISOE, arquitecto Francisco Pagán.
Participación Ciudadana ha enviado dos comunicaciones a la Procuraduría, para que nos indique que se está haciendo al respecto. La Procuradora Adjunta de la Procuraduría, Laura Guerrero Pelletier, Directora del PEPCA, señalaba que esperaría la auditoria de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas emitió su veredicto donde presenta las debilidades que encierra el Hospital Darío Contreras. Una licitación de RD$880 millones de pesos terminó en RD$1,7000 millones de pesos, esto es, 92% más; violando así la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones del Estado.
Lo del suicidio del arquitecto José Rodríguez García, quien decidió inmolarse frente a la terrible extorsión que sufría, no llega a juicio de fondo a pesar de que ya se cumplió más de un año de aquel fatídico acontecimiento que vino a visibilizar la mafia que se daba allí con los ingenieros constructores de obras sorteadas. Solo tres están encausados.
Las debilidades institucionales se ponen más en evidencia cuando recientemente, el Periódico Hoy del lunes 7 de noviembre reseñó: “814 obras, con un monto de RD$96,381,017 millones de pesos, evaluadas por la Cámara de Cuentas desde el 2010–2013, construidas por la OISOE. La mayoría acusaban serias distorsiones que conllevaban un ilícito penal”. Dice Loyda Peña, periodista que calza la noticia “La mayoría de las 814 obras contratadas por la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado (OISOE) a nivel Nacional durante el periodo 2010-2013, y cuyo monto total asciende a $96,381,017, carece de estudios de impacto ambiental, pólizas de garantía de avance, aprobación de planos, de fiel cumplimiento de contrato; y de supervisión. Muchas tienen enmiendas que exceden el 25% del monto establecido”.
- Lo del ingeniero Alberto Holguín, Director del INAPA 2012-2015, Miembro del Comité Central del PLD, a quien se le acusa de asignarse obras por un monto de RD$1,000 millones de pesos y de violar el Decreto de emergencia en los lugares específicos de realización de las obras. El caso todavía no llega a juicio de fondo.
- El caso de Los Tucano es la muestra más vehemente de la ausencia de voluntad para impulsar las investigaciones y con ello, las sanciones correspondientes, relativo al soborno por U$3.5 millones de dólares. Lo que la sociedad dominicana sabe al respecto es producto de las investigaciones de los Estados Unidos y Brasil. Fruto de las mismas, en nuestro país solo han encausados a cuatro personas: El empresario Aquino Hernández y su hijo, el ExGeneral, Ministro de las Fuerzas Armadas, Pedro Rafael Peña Antonio y el coronel Carlos Ramón Piccini Núñez. Este último es el único que está preso.
El lunes 28 de noviembre en el Periódico Hoy, página 7–A, se reseña “MP habría propuesto acuerdo a Piccini Núñez por el caso de aviones Tucano”. La firma de la noticia de Loyda Peña dice: “Imputado habría condicionado el trato a una condena de 5 años. Se establece que Piccini había dicho «La PEPCA sabe dónde tiene que ir y la tecla que debe tocar; ellos le están imputando hechos solo a una parte de un gran escenario»”.
Si bien el caso Tucano fue en el 2008, la forma como el Ministerio Público se está manejando en la actualidad resalta la falta de compromiso contra la corrupción y por la transparencia para que vayan a la cárcel todos los involucrados. Cabe destacar, objetivamente, que hablamos del soborno sin caracterizar las sobrevaluaciones de los aviones que a todas luces nos indican los mismos. El estamento político no ha sido tocado por el Ministerio Público a través de la Procuraduría Especializada de Prevención de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Esto a pesar de que el Presidente en su discurso de toma de posesión del 16 de agosto había dicho “Hemos luchado por extender la transparencia y el imperio de la Ley en el conjunto de las instituciones públicas y conduciremos un fomento de la transparencia, la institucionalidad y la lucha contra la corrupción”. Se comprometió a “mejorar la eficiencia en el gasto público y a seguir garantizando la racionalidad”.
Lo de ODEBRECHT es el punto culminante del flagelo de la corrupción en República Dominicana. La misma empresa ha reconocido que ha sobornado a varios países. República Dominicana no ha sido la excepción. Al contrario, somos desde el punto de vista del tamaño de nuestro territorio y de la población, el más corrupto en la recepción de los sobornos: US$92 millones recibieron los funcionarios, partidos políticos e intermediarios de la mencionada empresa.
ODEBRECHT reconoció haber sobornado a doce países por US$788 millones de dólares. Si hacemos una media entre los doce países, esto sería US$65.6 millones por país; lo que significa que República Dominicana recibió 1.4 veces más de la media; pero, si sacamos a Brasil, que es donde se encuentra la empresa y recibió US$349 millones, nos quedaría US$439 millones que dividido en once países nos daría una media de US$39.9 millones. Resalta entonces, que República Dominicana con respecto al promedio obtuvo US$52 millones por encima del promedio, esto es, 2.3 veces más. Todo esto implica que somos los más corruptibles de los doce países que recibieron los sobornos.
Es la sociedad que tendrá que luchar por un país más decente donde la corrupción y la impunidad no se pavoneen en el escenario social como fuente de grandeza y de virtud. Es una afrenta, una vergüenza ser exhibidos en el mundo como un país caracterizado por la corrupción y el narcotráfico. Una nación que genera riquezas y sin embargo tiene una pobreza estructural muy significativa, y ello es posible por la mala distribución de la riqueza, por la ineficiencia de políticas públicas y por ese enorme cáncer de la corrupción que ahoga y profundiza la desigualdad social.