Nadie pone en duda la capacidad profesional de la fiscal del distrito nacional, Yeni Berenice Reynoso. Su reciente decisión y opinión jurídica sobre el caso de alegada corrupción incoado por el ex fiscal Guillermo Moreno, de Alianza País, contra el ex presidente LF, está sujeta a muchas interpretaciones debido a los detalles entre líneas, pese a que ella tiene sus razones de peso para sustentarlas.
Hay que leer con detenimiento lo que la fiscal escribió. En primer lugar, y en ello tiene razón, no se puede castigar en términos jurídicos concretos lo que no penaliza la ley escrita. Si desde 1808 la República carece de cláusulas legales que definan los delitos de corrupción y lavado, por un Congreso gomígrafo irresponsable en el siglo XXI, es culpa de la mayoría legislativa del partido en el poder que lo representa y de sus asociados.
Por ejemplo, aquello de “dame lo mío” se fundamenta en el principio de que si no está prohibido, se puede hacer en función de los fondos públicos, lo que constituye una genuina aberración en un país material y moralmente atrasado, lleno de funcionarios disfuncionales, surgidos del mismo seno de una sociedad que interpreta las leyes de manera medalaganaria, como simples papeles, cuando no por la vía caprichosa o la del oportunismo.
Segundo, su decisión de archivar el caso no implica por necesidad que el proceso se detenga ahí. Sólo quiere decir que a falta de argumentos sólidos que den forma legal a los delitos que se les imputan a LF, por la ausencia de un marco que defina los terrenos dudosos por donde él y sus asociados navegaron con los fondos públicos, sugiere que la Constitución que la mayoría peledeístas sancionó, con la aprobación del ex mandatario, pasó por alto ese detalle para más tarde no tener que dar explicaciones y defender lo indefendible en lo legal, lo moral y lo ético. Todo ello gracias a la cláusula de la supremacía partidista e ideológica que se impone con lentitud al pueblo dominicano.
Y tercero, en virtud de la separación teórica de los poderes judicial y legislativo, la fiscal Berenice Reynoso no puede hacer labor legislativa para cubrir ese limbo o laguna legal que beneficia a tantos delincuentes de cuello blanco, muchos de ellos legisladores, en la República Dominicana. En su señalamiento, la fiscal de distrito lo que hace es dejar al desnudo la podredumbre que pulula por los pasillos del Congreso nacional, los maléficos acuerdos de aposentos, y la malsana costumbre de hacer política en desmedro de la integridad que debe tener la justicia y el tejido social dominicano.
La fiscal hizo su trabajo, aunque en su opinión legal se da la impresión de haber sido escrita por un veterano jurista como Vincho Castillo, dada su profunda y oscura densidad, lo que dificulta aún más la interpretación correcta de su intención, y da lugar a las indelicadas suspicacias en una sociedad donde todo lo que parece no siempre es, y más aún en la atmósfera de corrupción asfixiante que se respira con impunidad en casi todos los rincones de la nación.
En cuanto a Guillermo Moreno, como todo ciudadano en una verdadera democracia y en un estado de derecho, le asiste el derecho a pedir y exigir cuentas claras. Si no tiene respuestas adecuadas en la maltrecha justicia del país, por aquello del crespón de Subero Isa, al menos tiene la opción de acudir a foros internacionales. Lo que esperamos sea realidad.
Lo que no entendemos por qué hasta el día de hoy los que se oponen al gobierno morado lo han dejado solo, en su cruzada contra las lacras políticas que se robaron la virginidad y el presupuesto de la nación y viven como si no tuvieran las barbas en remojo…