Mientras las bocinas y epígonos del presente gobierno hablan de los “avances” del país en términos de pulcritud en el manejo de la cosa pública, el último informe de la OXFAM, da cuenta de que la corrupción nos cuesta como país 26 mil millones de pesos al año; otros informes esa y otras organizaciones e investigadores demuestran que somos el país más de desigual de la región. Otros datos correctamente establecidos demuestran por qué como país estamos sumergidos en la vergüenza y otros relativos al costo de la vida y de la escasez muestran otra cara de la corrupción que corroen las entrañas de esta nación.

El comportamiento de este y de los anteriores gobiernos que hemos tenido, mutatis mutandis (con sus diferencias) es prácticamente el mismo: un presidente que reina a través de unos funcionarios y cortesanos que en sus respectivos ámbitos de  actuación también reinan haciendo todo para enriquecerse individualmente usando lo público a plena discreción, dejando que cada quien se apropie de lo público con una discrecionalidad individual sólo limitada cuando esta amenaza la discrecionalidad del funcionario público usada para enriquecerse. La inexistencia de un gobierno que opere como tal, vale decir, con un respeto a las reglas generales a las cuales todos los altos funcionarios se ciñan, tiene un efecto perverso contra la población toda.

Esa forma de corrupción se refleja en el encarecimiento de algunos servicios básicos. Por ejemplo, el transporte es la componente fundamental para el discurrir de la economía de un país no importa su modelo, algunos estudios han establecido que los sectores pobres y medio bajo gasta entre un 20 y 30% de sus ingresos en ese servicio. Conozco el caso de estudiantes de recurso limitados que gastan un promedio de cerca de 4 mil mensuales de transporte, cerca del 40% del salario mínimo mediano. Una de una cajera de un super que tenga hijos, en la guardería donde los deje pagaría 3000 pesos por el servicio, más 4000 de vivienda, sumarían unos 7000 pesos mensuales de los 12-14 mil pesos de su salario, sin contar el transporte.

El salario mínimo más alto es 15.447,60 pesos, el intermedio 10.620, el más bajo 9.411,60, los cuales están ligeramente por debajo del promedio de la región. El salario promedio es de RD$ 22,767.9 al mes y no alcanza para cubrir la canasta básica familiar promedio que es de RD$28,396.51; pagamos un 34,84% del salario para comprar algunos alimentos básicos. Santo Domingo y Santiago tienen más de la mitad de la población del país, de 22 capitales de la región la nuestra es la quinta más costosa. En su reciente informe, la OXFAN calcula que el gobierno ha malgastado este año unos RD$90,000 millones, equivalente a cerca del 13% de su gasto total, el 53% de ese malgasto se va en pago a “botellas”.

Esos gastos dolosos del gobierno se reflejan en el costo de la vida de la población al faltar recursos para invertir en la mejoría de los servicios, incluso le quita legitimidad y margen de maniobra al gobierno para enfrentar el control que sobre algunos servicios fundamentales tiene el sector privado, como son el transporte, la educación, la salud, el suelo y la vivienda, que son caros porque es ese sector el que en última instancia lo gestiona. El gasto para sostener la estructura corrupta del Gobierno Central contribuye a que se incremente en términos relativo y absoluto la escasez de algunos productos de la alimentación básica de la población, como también la incrementa el monopolio de la comercialización de esos productos de parte de altos funcionarios del gobierno, provocando al mismo tiempo la ruina de sectores productivos del campo.

Y es que uno de los efectos perversos de la corrupción es que produce escasez, y la existencia de este flagelo, se sabe, determina que la gente tienda agenciarse por cualquier vía el servicio, el producto o cualquier cosa que escasee. En ese sentido, se crean las condiciones para que la corrupción se generalice en todos los sectores de la vida social, económica y política del país. De la escasez se aprovechan los corruptos (del sector público y del privado) para corromper, especular y hasta extorsionar económica, laboral y políticamente a diversos sectores, convirtiéndola en una de las fuentes originarias de capital (político y/o económico) de quienes detentan el poder, de quienes medran a la sombra de este, e incluso de muchos que dicen adversarlo.