El Gran Santo Domingo, como muchas de las grandes capitales del mundo, no está libre de esa amenaza a la salud que se denomina contaminación acústica o ruido más allá de los decibeles razonables permitidos por la ley.
En el caso dominicano, no se trata de los ruidos producidos por aviones, trenes o equipos pesados de la construcción como sucede en naciones desarrolladas. Lo que ocurre en algunas de las principales ciudades del país como el GSD, Santiago, Mao, Puerta Plata, Nagua, Samaná y otras se origina en fuentes más livianas y más intensas.
Según la OMS, el exceso de ruido en las calles de las ciudades provoca 50-mil infartos cada año en Europa entre otros efectos dañinos a la salud. Sólo el ruido del tráfico en las calles genera sobre 80 decibeles, lo suficiente para producir un pitido en los oídos, preludio de un trauma acústico, así como trastornos físicos y psicológicos en el organismo humano.
Sus consecuencias son severas en una amplia gama de efectos secundarios entre los cuales están pérdida progresiva de la audición, molestias, agitación de la respiración, aceleración del pulso, taquicardias, aumento de la presión arterial y dolor de cabeza, según la Organización Mundial de la Salud.
La realidad es que muchos dominicanos le han tomado un amor intenso al ruido sin prever las consecuencias que el exceso de ello implica para la salud en general. Con justa razón van en aumento los niveles de sordera entre jóvenes y adultos.
Cada mañana y cada tarde, gran parte de las calles urbanas del país son tomadas por asalto por un ejército de motocicletas, altoparlantes, claxon, chirrido de equipos pesados, camiones colectores y compactadores, sirenas, alarmas intermitentes en los autos estacionados, y toda clase de vehículos con dispositivos sónicos y bastante fuerza para producir ruido intenso, daño, desesperante y agotador.
Estudios recientes aseguran que la contaminación sónica superior a los 85 decibeles serían los causantes de secreción gástrica o colitis, aumento del colesterol y los triglicéridos, riesgo cardiovascular con la subida de los niveles de glucosa en la sangre y generar problemas en los diabéticos. En algunos lugares del país alcanza hasta 120 y 140 decibeles, según registran aplicaciones en teléfonos inteligentes.
El exceso de ruidos también contribuye a crear nerviosismo, agresividad, aumento de la tensión muscular y la presión arterial, así como dificultades para conciliar el sueño, en particular entre personas entre 60 y 65 años, cuya estabilidad en su salud depende en gran parte de un sueño tranquilo y reparador.
Las autoridades de Interior y Policía, y los Ministerios de Salud y de Medio Ambiente deberían incrementar la presión anti ruido más allá de la confiscación de equipos sónicos en lugares abiertos o cerrados, sin dejar de reconocer que se ha ido avanzando de manera gradual en algunas áreas y lugares públicos en lo que se define una política pública coherente en esa dirección.
Sería recomendable que los motociclistas y conductores de vehículos con dispositivos altamente contaminantes y dañinos a la salud sean multados o gravados con un impuesto allí donde más duele, en el bolsillo, a la par de adoptar medidas técnicas y mecánicas en todo vehículo que garanticen un nivel de decibeles más tolerable y menos dañino a la salud, sobre todo en el ruido ensordecedor de las motocicletas sin los reductores de ruidos y contaminación recomendados por el fabricante.
La realidad es que muchos dominicanos le han tomado un amor intenso al ruido sin prever las consecuencias que el exceso de ello implica para la salud en general. Con justa razón van en aumento los niveles de sordera entre jóvenes y adultos. La capacidad de comunicación efectiva disminuye, reduciendo así la habilidad cognitiva y la claridad en el mensaje entre los individuos.
Le enfermedad del ruido produce baja productividad, mayor sordera y más violencia social. Un país productivo necesita espacio sano para pensar y trabajar. Con ruidos intensos no llegamos a ningún lado, salvo dañar la salud e incrementar los costos de atención médica para las víctimas, los contribuyentes, el Estado y el sector privado.