En las sociedades occidentales democráticas constitucionales, la lucha por la igualdad y los distintos reclamos de dignidad son perpetuos. Estos reclamos subsisten años tras año, generación tras generación, es decir, el tiempo necesario para encontrar un eco en el segmento social importante para corregir aquello que es lo políticamente incorrecto que es la injusticia, entendida como el trato desigual sin consideración y respecto de otra persona en sus libertades, de su ser y dignidad.
Claro, dirán que cuando se habla de lo que es políticamente correcto o incorrecto se refiere a otra cosa vinculada con la expresión, pero, no es así. Como en su momento expliqué, lo que es políticamente correcto o incorrecto es una apreciación del desarrollo político social y la voluntad de poder de hacer valer una nueva narrativa para la sociedad política constitucional. En una democracia, esto es común.
Mientras lo políticamente correcto en la fundación de la República Dominicana era mantener a mujeres, hombres iletrados y sin propiedad fuera del ejercicio del derecho al voto, mantener a la mujer sin acceder al voto; y dejar que la violencia “marital” solo es cosas de “marido y mujer”, lo políticamente incorrecto fue pronunciarse contra estas prácticas sociopolíticas que nos alejaban cada vez más de los ideales bajo los cuales – se supone – que se fundó esta república. Paso a paso, en las décadas subsiguientes, se alcanzaron victorias que se han normalizado en el consenso político existente, ¿por qué es tan difícil ampliar ese contexto para otros conciudadanos o personas que desean seguir la suerte de esta Rep. Dom?
Por ello, el constitucionalismo no es más que la lucha perpetua por consolidar la igual consideración y respeto hacia las personas para que la dignidad y su reconocimiento sea lo que nos acerque en nuestras diferencias y recibamos el trato conforme a lo que somos. Así, la consagración constitucional y/o legal de nuestras conductas a favor del trato digno igualitario es, a su vez, la mejor forma de reafirmar ese compromiso con el otro, con la democracia, con la virtud cívica republicana. Alcanzamos esta meta aun mediante la práctica judicial, aunque la mejor vía siempre será las instituciones democráticas existentes.
Ahora, hoy en día, no solo se trata de tener una sociedad más justa, tener una sociedad más democrática que nos alejen de los ambientes autoritarios de la dictadura y de los 12 años. A esto se incluye un reclamo más reciente, el reclamo de dignidad, es decir, de igual consideración y respeto, de personas que – a lo largo de la historia – han sido sujetos de humillación que supone la discriminación por razones irrelevantes, aun así, molestan a los demás por su impopularidad. Acá no solo hablamos de los judíos, los musulmanes, refugiados, también hablamos de aquellos que en razón del género, sexo, identidad y orientación sexual son marginados o mantenidos en la oscuridad de la esfera privada.
¿Por qué si vivimos en un estado “democrático de derecho” bajo una forma republicana debemos fiscalizar cómo somos, cuál es nuestra identidad y como me expreso o proyecto frente a los demás? ¿qué es eso de decirle a otro cómo vivir en base a nuestras creencias y no en base a las suyas? Si la libertad es de hecho un valor esencial, ¿cómo puedo ser libre si la sociedad no me permite ser en el espacio público como los demás son? Quizá la gran pregunta sería ¿cuándo el trato desigual y sin consideración se convirtió en lo políticamente correcto? ¿cuándo el reclamo por la dignidad pasó ser un tabú si no daña a nadie? Podemos cortar el pastel y la pizza, pero, difícilmente podemos cortar el pacto político a costa de marginar a unos.
Aunque la fragilidad de muchos les impide entender, las sociedades o comunidades políticas cambian; la sociedad occidental cambia, porque mientras exista el ser humano, siempre hay posibilidad para un renacer o un cambio. Así como hay civilizaciones en el occidente que no han desaparecido o caído en anarquías por admitir, por ejemplo, personas que expresen su identidad u orientación sexual hetero u homosexual; como tampoco civilizaciones que por la pluralidad religiosa tampoco, o porque los heterosexuales sean los únicos que puedan acceder a la protección igualitaria ante la ley.
La justicia es la virtud de las sociedades bien ordenadas, donde nadie tenga más libertad que otro y sean sujetos a trato en igual consideración y respeto. Mientras construyamos la sociedad en base a características privilegiadas como nuestra heterosexualidad a costa de otros, ¿cuánto tiempo faltará antes que en nuestras decisiones más personales que no afectan a nadie nos fiscalicen o vigilen?
El prejuicio es mala consejera para políticas públicas, para construir la sociedad; así como hay que cuidarse de quién ama al país, pero, no a las personas que lo integran, hay que cuidarse de aquellos en que el perjuicio encuentra su brújula, aunque eso les cueste todo y nos cueste nuestro estado constitucional. La impopularidad de un grupo por sus características o atributos, que nada influyen en la calidad de personas, es irrelevante: aquello que no nos gusta no implica que sea inconstitucional.
A menos que reafirmemos la dignidad como la base de lo que es políticamente correcto, mientras estemos sentado “en el balcón de nuestros privilegios” identitarios, religiosos, políticos o sexuales, alguien más querrá tener un balcón, peor aún, un balcón sobre el tuyo y serás tú quien querrá igual trato en dignidad. La mesa es grande, hay suficiente pan, ¿por qué no te sientas y disfruta la diversidad de su sociedad?