Luego de la rueda de prensa del magistrado Mariano Germán con respecto al caso de la magistrada Awilda Reyes Beltré, ya nadie duda de que el Poder Judicial pasa por su peor crisis de los últimos tiempos, pero se debe precisar que este caso no ha sido más que un eslabón en la cadena de descrédito que envuelve a este importante poder del Estado.
El origen de la actual crisis puede localizarse en el caso de la Sun Land, que dividió en tres a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y la arrastró a partir de ese momento a un proceso de franco retroceso, que no ha parado desde entonces. No cabe duda de que fueron los intereses políticos los que abortaron un proceso de reforma judicial que avanzaba con altas y bajas, pero avanzaba.
La debilidad en que quedó sumida la SCJ ayudó a darle el golpe de gracia con el pacto de las corbatas azules, que permitió una reforma constitucional en la que se volvió a poner en manos de los políticos la permanencia o no en el cargo de los jueces supremos, reduciendo la inamovilidad que se había conseguido en la reforma constitucional de 1994, como forma de fortalecer su independencia.
La nueva herramienta constitucional fue aprovechada de inmediato por los partidos y el Consejo Nacional de la Magistratura se reunió en el 2011 para estrenar su nueva función de evaluar el desempeño de los jueces de la SCJ y determinar cuáles permanecían o no en el cargo. De esta manera quedó conformada una SCJ integrada por una mezcla de jueces que aseguraban un control del máximo tribunal por parte de la voluntad política que los designó.
La reforma constitucional también nos trajo la creación del Consejo del Poder Judicial (CPJ), órgano de administración y disciplina del Poder Judicial, integrado por el presidente de la SCJ, otro miembro de la alta corte elegido por sus pares, un juez de segundo grado, otro de primer grado y otro del juzgado de paz, todos elegidos por sus respectivos pares. Esta fue una medida positiva que perseguía reducir el presidencialismo en la SCJ, pero no se contaba con que los intereses externos tratarían de controlar también este órgano de gobierno del Poder Judicial, como efectivamente ocurrió.
A los partidos políticos les interesa el control del Poder Judicial para garantizar la impunidad indispensable para las tropelías que se cometen desde el poder, pero al ejercerlo crean las condiciones para el tráfico de sentencias y al fin de cuentas comete una falta de igual gravedad el que vende una sentencia por dinero como el que la vende por instrucciones políticas, aunque no reciba un centavo.
Los resultados fueron los esperados pues la impunidad se impuso y no ha habido forma de sancionar la corrupción pública, por más escandalosa que sea, y los pocos expedientes que eran sometidos a los jueces, terminaban archivados, aunque a veces por culpa de los fiscales, sea por mal preparación de los casos o por seguir también instrucciones.
El uso de la justicia de esta forma, sobre todo cuando quien actuaba era nada menos que la propia SCJ, como en el caso de Félix Bautista, contribuyó a relajar la disciplina y desde muy temprano se comenzaron a escuchar rumores de una estructura a lo interno del Poder Judicial, pero con un centro de control externo, que resolvía los casos, por más complejos que fueran, a cambio de dinero.
Esos rumores cambiaron de tono en fecha 2 de julio de 2013, cuando salió publicado (El Caribe, 2 de julio de 2013), que el magistrado José Ignacio Medrano Queliz, entonces juez de ejecución de la pena de San Cristóbal, sometido a juicio disciplinario por variar a domiciliaria la prisión de Leonel Almonte y Luis Álvarez Renta, renunció a su posición para evitar el juicio, pero en la carta de renuncia acusó al consejero del CPJ, Francisco Arias Valera, de “hacerle propuestas que incluían retribuciones monetarias por la libertad de ciertos reclusos”. Señaló que “fue el consejero Arias Valera que lo propuso ante el Consejo para el puesto, y que este se reunió con él en varias ocasiones expresándole su interés de que ciertos internos salieran de la cárcel”.
Parece que el CPJ no se tomó en serio esta grave denuncia contra uno de sus miembros, puesto que nada ocurrió, y si condujo alguna investigación, la misma no fue eficaz. Mientras tanto transcurría el tiempo y de vez en cuando algún escándalo de sentencias inexplicables, al margen de los intereses partidarios, salía a la luz pública por parte de varios jueces. Así llegamos a la magistrada Awilda Reyes Beltré, que decidió tres casos que llamaron fuertemente la atención del Ministerio Público, y hasta de la opinión pública.
Una de las sentencias de la magistrada Reyes fue la liberación de un avión a uno de los imputados venezolanos en el caso Peravia, otra fue la condena al Banco de Reservas, a los miembros de su Consejo y hasta al Procurador General de la República por el caso ATIEMAR, y la tercera fue la libertad pura y simple de un regidor acusado de sicariato.
Una investigación realizada por la Procuraduría General de la República sobre sentencias sospechosas vuelve a colocar en el centro de la atención al consejero Francisco Arias Valera, que además renuncia misteriosamente no solo como consejero sino también como juez, sin que hasta la fecha se hayan explicado las razones de dicha renuncia, lo que ha llevado a pensar que lo hizo para evitar el juicio disciplinario. El ministerio público coloca a Arias Valera como el enlace a lo interno del Poder Judicial de los jueces que dictaban las sentencias bajo sospecha, aunque no menciona quién era el enlace externo.
Entonces llega una sorprendente rueda de prensa convocada por el presidente de la SCJ, magistrado Mariano Germán Mejía, en la que asume su defensa personal y de su familia (no la del CPJ) y se desliga de las actividades de la magistrada Reyes Beltré y agrega que con respecto a Arias Valera, por haber renunciado, ya el CPJ no tiene competencia sobre él por lo que correspondería al ministerio público cualquier acción al respecto.
Esta reacción del presidente de la SCJ podría obedecer al rumor que corría en la calle de que la magistrada dictaba esas sentencias por instrucciones superiores, y es entendible que el magistrado Germán quisiera aclarar que esas instrucciones no provenían de él, como lo hizo.
Sin embargo, desde el punto de vista institucional la rueda de prensa no fue una buena idea pues la magistrada Reyes Beltré será sometida a juicio disciplinario (si no renuncia) por ante el CPJ y como uno de sus miembros al magistrado Germán le correspondería juzgarla, lo que ya no podrá hacer por haber prejuzgado el caso.
El magistrado Germán informó que la jueza le había confesado que había dictado esas sentencias por instrucciones superiores y que en uno de esos casos recibió dinero. Es lamentable que el magistrado Germán no informara a la opinión pública quién era el superior que impartía esas instrucciones a la magistrada Reyes Beltré, lo que sí hizo el abogado de ésta última, Tomás Castro, cuando señaló que esa persona era el consejero Francisco Arias Valera.
Otro detalle que deberá investigarse es la declaración que ofreció Francisco Arias Valera en el sentido de que había renunciado para irse a trabajar a la oficina de abogados del ex procurador general de la República Radhamés Jiménez, quien, a sabiendas de lo que esto implicaba, rápidamente desmintió esta afirmación, que de todas formas habría que investigar si se quiere evitar que quede la percepción de que él era el enlace externo.
Dudo mucho que el ministerio público conduzca su investigación por linderos del Comité Político del PLD, sobre todo luego de la decisión de no recurrir en casación la sentencia en el caso de Félix Bautista, que mucha gente ha interpretado como parte de un acuerdo político que involucra al presidente Medina y al propio Bautista.
Corresponde tanto al ministerio público como al CPJ investigar quiénes estuvieron implicados, a lo interno y a lo externo del Poder Judicial, en esta estructura organizada para la venta de sentencias y tomar las medidas pertinentes, en lo penal por parte del ministerio público y en lo disciplinario y de control por parte del CPJ.
El CPJ no puede desligarse del caso de su ex miembro Francisco Arias Valera alegando que ha renunciado y ya no tiene competencia sobre él, pues le toca la responsabilidad de indagar qué hizo esta persona, a quiénes involucró, qué casos fueron afectados, con la finalidad de tomar acción contra las personas comprometidas que queden dentro del Poder Judicial y sobre todo aprobar medidas para evitar que vuelva a ocurrir.