La corrupción nuevamente destapada en la OISOE viene a sumarse a una larga lista de actos de corrupción por los cuales el gobierno de turno debe responder porque es el mismo gobierno quien nombra a sus autores. La ciudadanía debe manifestar públicamente su repudio y su rechazo ante todo tipo de corrupción gubernamental, así como exigir el encausamiento a la justicia de los autores de éstos independientemente de su jerarquía en cualquiera de los poderes del Estado.
La corrupción es un síntoma de que algo no está funcionando bien en la gestión del Estado. No es algo que le ocurra a una sociedad como un desastre natural. Es generada por la acción premeditada de personas y grupos reales que trafican con influencias dentro de un clima particular de oportunidades, recursos y restricciones. Condenable, por demás, sea grande o sea pequeña.
Denominada por algunos como “cáncer social” (Hans Küng), como “gangrena, el SIDA de la democracia,” (Miguel Angel Burelli Rivas), como “distorsión de un principio moral” (Pierre Lascoumes”, “como cloaca del poder” (Miguel Pedrero), la corrupción es reconocida hoy día como una verdadera enfermedad mental crónica. Esta “patologización” se deriva del concepto mismo de corrupción. El término corrupción es equivalente a decadencia, suciedad, desintegración, degeneración, ilegalidad, inmoralidad e ilegitimidad.
Sin embargo, Los individuos, gobiernos e instituciones públicas y privadas que la “padecen”, lejos de ser considerados como “pacientes protegidos”, más bien habrán de ser considerados como “pacientes de alta peligrosidad social”, Los individuos, gobiernos e instituciones públicas y privadas que la padecen, lejos de ser considerados como “pacientes protegidos”, más bien habrán de ser considerados como “pacientes de alta peligrosidad social” y que deben ser inhabilitados por la sociedad en nombre de la decencia, la justicia y el respeto al bien público. Y a la sanción moral deberá seguirle la sanción política. Votar por ellos sería un acto de locura y complicidad.
La acción de corromper o corromperse se asocia también a “depravar, descomponer, pervertir, podrir, sobornar, trastocar, alterar, contaminar -introduciendo vicios- de la cosa pública. Así, cuando hablamos de corrupción política nos referimos al “abuso de los puestos o recursos públicos o el uso de formas ilegítimas de influencia política por integrantes de los sectores público o privado”.
Las diferentes modalidades de corrupción tales como el soborno, la extorsión, las alteraciones fraudulentas, las malversaciones y fraudes, la especulación financiera con fondos públicos, la parcialidad, el nepotismo, el tráfico de influencia, la extorsión, robo y otras, ponen de manifiesto los niveles de “patología social” existente en la relación Estado-sector privado. Esta patología social conduce al análisis del comportamiento de los corruptos y de los corruptores, encontrándose que tienen un perfil similar al de los psicópatas.
Los psicópatas, conocidos también como “locos morales”, padecen de un trastorno crónico de personalidad, cuyos síntomas podemos observar en el comportamiento de cualquiera de los “corruptos emblemáticos” de las comunidades, barrios, residenciales e instituciones de nuestro país.
Los psicópatas – y también los corruptos- carecen de principios morales; manifiestan desprecio por las normas establecidas por la sociedad y por los derechos de los demás; muestran tendencia a la manipulación; mienten compulsivamente; manifiestan un egocentrismo patológico; carecen de sentimientos de culpa, remordimiento o vergüenza; tienen un lenguaje “hueco” (cantinflesco); son insolidarios; son desleales, deshonestos, estafadores e irresponsables; padecen de insensibilidad afectiva y sienten placer por el sufrimiento ajeno. Y quien los nombra desde asumir la responsabilidad por ellos.
Cualquier evaluación de la corrupción debe también abordar sus dimensiones políticas. La corrupción siempre será corrupción política y como tal está relacionada con la salud general de la política de una nación. La corrupción política tiene que ver con violentar pautas que regulan la actividad pública colectiva, es un modo de influencia política, que al otorgar privilegios a unos pocos, atenta contra las reglas que rigen el principio de igualdad, postulado fundamental de la democracia. Ha de dudarse, entonces, que sea democrático un gobierno que tolera y fomenta la corrupción como es el caso de nuestro país.
La corrupción encuentra un terreno fértil para reproducirse cuando los gobernantes la toleran, la promueven y la justifican, llegando a considerarse la corrupción de los gobernantes como un estado alterado de conciencia que se produce en el ejercicio del poder. En dicho estado los gobernantes pierden el sentido de la realidad y las perspectivas básicas de su gestión. Se produce en ellos un fenómeno regresivo que adquiere la forma de una voracidad desbordada. La diferencia entre poder y omnipotencia se diluye, alejándose las posibilidades de la claridad y la cordura de la razón. Las “diligencias reeleccionistas y electoreras” de este gobierno así lo demuestran.
¿Qué hacer frente a los actos de corrupción de este gobierno? Los escándalos de corrupción no deben ser ignorados por la ciudadanía, sino todo lo contrario. He aquí algunas estrategias que recomendamos seguir: solicitar a los organismos internacionales que ayuden a vigilar a los que nos vigilan. Que los ciudadanos que trabajan en instituciones públicas estén atentos a cualquier acto de corrupción que se cometa en las mismas y que entreguen constancias e información a la prensa, a los obispos, a los pastores y a los encargados de las comunidades eclesiales de base. Que con pruebas o sospechas de corrupción hagamos asambleas populares en juntas de vecinos y plazas públicas. ¡Luchemos para evitar que los locos morales nos gobiernen!