“… De modo que la democracia sería a la vez voluntad popular en expansión y Estado de derecho garante, pero también regulador de esa voluntad. Así mismo, persiste el descontento con la democracia que no cumple con sus promesas, pues la invocación de sus principios y de los derechos constitucionales que los especifican en los diferentes dominios de la vida se vería desmentida de la vida por las evoluciones contemporáneas”.
(Isidoro Cheresky: El nuevo rostro de la democracia).
La Constitución es el contrato social que organiza al Estado. Constituye el macro armazón que normativiza todo el aparato jurídico político y económico de una sociedad. Es la sombrilla que nos simboliza y expresa el carácter identitario como nación. Ella dibuja para darle colorido al Estado y deje de ser una mera abstracción. Si el Estado es la sociedad políticamente organizada, la Constitución es su campo de articulación. La Constitución establece como elemento cardinal el régimen político, que en el caso dominicano es: Civil, Republicano, Democrático y Representativo.
La Constitución nuestra descansa en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Señala en su Artículo 4 que estos tres poderes “son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por esta Constitución y las leyes”. En Dominicana tenemos un Congreso de papel porque los representantes violan la propia Constitución, dado que el Artículo 77, numeral 4, dice “Las y los Senadores y diputados no están ligados por mandato imperativo, actúan siempre con apego al sagrado deber de representación del pueblo que los eligió, ante el cual deben rendir cuentas”. Los representantes del pueblo están subordinados a sus partidos, que hoy no son vía, puente, entre el Estado y la ciudadanía, pero más aun en un Partido-Estado con vocación autoritaria y cuasi dominio hegemónico. Allí, donde no hay una clara separación del Partido con el Estado, los representantes son una caja de resonancia del Ejecutivo, independientemente del talento del incumbente. ¡Poder de compra, poder de cheque, poder de nombramiento, mandan!
La Constitución, además de los tres poderes del Estado, conforma y dimanan 17 instituciones que bosquejan el entramado para darle sostén y vida al Estado. Las instituciones son las diversas organizaciones a través de los cuales el Estado desempeña las funciones y tareas que le son encomendadas. Las instituciones son las que validan en la praxis el Estado y este se forja y recrea en sus relaciones de poder, en su dinámica de legalidad, legitimidad y coerción. Las instituciones son al Estado lo que para el cuerpo son el corazón, el cerebro, los pulmones, los riñones y los diferentes tejidos.
Todas las constituciones del mundo tienen, en consecuencia, sus reglas, sus límites, sus alcances y limitaciones. Verbigracia: en la Constitución dominicana un joven de 18 años puede elegir, empero, no puede ser elegido para diputado, senador o presidente. Alguien que tenga 28 o 29 años, no puede ser presidente, pero puede elegir al Presidente o presidenta. Es un abuso porque se tenga una mayoría en el Congreso, aplastar la Constitución para posibilitar a una persona que se le concedió la oportunidad. Es la apuesta a una crisis, dado que la sociedad, no quiere la reelección del actual Ejecutivo de la Nación. Así lo dicen todas las encuestas, incluso, las que ellos mandan a realizar.
Nuestro Congreso de papel que debería ser en término metafórico el corazón del Estado, es una mera ficción costosa y caracterizada por los privilegios más espantosos y grotescos que se pueda producir en una sociedad (dos exoneraciones, seguridad social fuera de la universal, préstamos especiales en el Banco de Reservas, plan de pensión/jubilación de castas especiales y salarios que bordean más de 30 salarios mínimos de la Administración Pública, sin contar los incentivos y compensaciones).
La Justicia es el cerebro, la base real de un Estado mínimamente organizado. El aparato para dirimir los conflictos. El que expresa la raya entre la civilización y la barbarie. La resolución de las diferencias sin esa intermediación judicial, es el fuego del impulso primitivo del ser humano. Sin la justicia, la naturaleza social desaparece, se desgarra, dando paso a la naturaleza animal. Los límites individuales no tendrían control y trastoca la vida social colectiva. Como dijo alguien “Un hombre sin ley no es más que un animal y según Hobbes en su libro el Leviatán “el hombre tiene derecho a todo lo que alcanzan sus facultades, y en el estado natural todo hombre es enemigo de otro hombre: HOMO HUMINIS LUPUS. La diferencia proviene de la ley civil; esta nace del poder público, el cual a su vez dimana de un pacto que hicieron los hombres para evitar su destrucción. Cuando el poder es ilimitado, es la apología de las tiranías y de los tiranos”.
Las instituciones, sus niveles de confianza, son las que trazan la operatividad y eficacia de un Estado, así como la calidad de la democracia y su grado de intensidad. En Dominicana andamos a 40,000 pies de altura sin avión y sin paracaídas, en el eje de interactuación del Estado con la ciudadanía.
Tenemos una profunda crisis de las instituciones y una honda devaluación de las palabras de los actores políticos que dirigen las instituciones. Es lo que acabamos de ver con el Informe de Alicia Ortega donde hubo 39.5 millones de dólares de sobornos en el caso de Punta Catalina. Sin embargo, el Procurador sacó Punta Catalina de la acusación de las 17 obras construidas por esa empresa mafiosa, cuando sabíamos que el 62% del dinero de los sobornos llegaron entre el 2013 y 2015. Lo mismo pasó con los concursos de los fiscales, cuando la sociedad supo que ya se tenían seleccionados la mayoría antes de que se realizaran los mismos y lo de la inmensa Jueza Miriam Germán Brito y la vileza de ese funcionario. Es el caso, por decir más, de Felucho Jiménez que fue varias veces a televisión y expresó “Danilo me dijo que dijera que él no va”. Ahora dice “a un Presidente no se le evalúa por sus palabras sino por sus hechos”. Monchy Fadul dijo en esta semana “No vamos a modificar la Constitución, es un párrafo”. Francisco Javier García señaló “A Danilo no lo podemos pensionar”.
La Constitución, aun cuando tiene la forma, los mecanismos para reformarse, no es ético, no es legítimo, no genera un saludable capital social cambiar cada 4 años y mucho menos para intereses personales, algo tan importante para la vida social, política, económica e institucional. La verdad es que requerimos nuevos actores políticos y para ello es urgente cambiar el espacio público, para generar un nuevo ámbito de la política democrática. Trillar un nuevo camino que trascienda esta famélica democracia, soberanamente minimalista, que no ofrece cuerpo sustantivo en la realización plena de una buena parte de la ciudadanía.