Cada nuevo año escolar se repite la misma historia. Los libros de textos son demasiado caros y las alzas de precios parecer ser infinitas sin que a nadie le perturbe el sueño, excepto a los padres que ven a sus hijos acudir a la escuela en desventaja, marginados por sus compañeros y con las mochilas vacías.
En esta ocasión, al inicio del curso escolar del 2013 y para que quede en récord, los honorables legisladores dominicanos se sintieron “compungidos” y decidieron ponerle un poco de atención al asunto, por aquello del qué dirán. Cabe aclarar que lo hicieron después que comenzó el curso, no antes, no sabemos sus razones, en vista de los intereses particulares que entretejen la maraña del negocio de los libros de texto y los centros educativos en el país.
A casi 50 años de la llegada de la democracia a la República Dominicana, las familias de estudiantes de escuelas públicas y privadas con ingresos limitados tienen que enfrentar con amargura la cabalgata de los precios de los libros de textos sin aparente solución a la vista, ya que no existe una ley en el Congreso que defina ese mercado donde la educación básica y formal tiene un precio demasiado alto y está sujeta a lo que dicten los mercaderes del templo.
¿Qué hacer? ¿Por qué la industria de la impresión de libros de texto resulta tan cara en el país?
¿Qué hacer? ¿Por qué la industria de la impresión de libros de texto resulta tan cara en el país? ¿Cuáles opciones serían posibles para superar ese escollo de la ambición del dinero por encima del futuro de la nación, la juventud y el pueblo? Se pueden tomar varias acciones…
En primer lugar, lanzar una campaña por medio de una plataforma digital que genere miles de firmas de padres y madres de familias que exijan al gobierno crear una normativa que imponga en todos los colegios, públicos y privados, la reutilización de los libros de texto durante cinco años y por medio de los bancos de libros. Así, las familias no tendrían que comprarlos nuevos cada año, o al menos adquirirlos a un precio justo. La otra opción es reclamarlo a través de la Defensoría del Pueblo para que cese el abuso imperante.
Una tercera vía sería que el actual secretario de Educación, Carlos Amarante Baret, respaldado por miles de padres y madres de familias, busque apoyo entre legisladores conscientes, extrapartidos, para crear una ley no festinada que defina las reglas del juego con los textos escolares y que se ajuste a la necesidad de los estudiantes, los padres y el Estado.
Con respecto a la Educación, lo único cierto para la administración del presidente Danilo Medina es que el sistema imperante no tiene ningún sentido para los padres de familias, para el Gobierno ni para el futuro de la nación. Hay que hacer algo, y pronto.