"Los analfabetos del Siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender".

Alvin Toffler (Sociólogo y futurólogo estadounidense 1928-2016)

Un Estudio de Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional en América Latina y el Caribe, cuyo trabajo de campo se llevó a cabo entre enero y marzo del 2019, relieva como la falta de integridad política amenaza la democracia. En el referido informe, República Dominicana queda en segundo lugar de 18 países, entre los peores en materia de soborno. La corrupción política es el reflejo y efecto de todo el entramado de corrupción en sus diferentes dimensiones y modalidades.

Lo que resalta es como la gran corrupción es parte de todo el tinglado de la que constituye un eje inexorable de la captura del Estado. La captura del Estado es como grupos de intereses particulares y corporativos, en determinada instancia del Estado, actúan no en defensa de los intereses de la sociedad. Su capacidad de regulación que pone el Estado a su disposición, quiebran las normativas, rupturan las reglas y regulaciones para sus beneficios. Su determinación es poder e influencia en el Estado. Se configuran como una elite del poder donde arreglos, colusión y corrupción es todo el objetivo que caracteriza a la gran corrupción como eje articulador para drenar al Estado.

Para Francisco Durand, eminente sociólogo, se entiende por captura “una situación donde ciertos actores dotados de grandes recursos –las elites del poder- logran proyectarse ventajosamente sobre el Estado, logrando formas de influencia excesivas y a veces indebidas sobre la toma de decisiones. Al crear privilegios, generar desventajas y tener impactos sociales e institucionales negativos, afectan el interés público”.

La ilustración de la gran corrupción se da cuando observamos:

Institución: 2017: 2019:

Presidente/Primer Ministro: 39% 58%.

Miembro del Parlamento: 34% 48%

Empleados públicos: 28% 52%.

En el acápite de si el Gobierno está actuando bien o mal en la lucha contra la corrupción, la respuesta fue así:

2017: 2019:

Bien: 34%. 25%.

Mal: 59% 72%.

El Índice de Competitividad Global del Foro Económico evaluó 141 países, donde la República Dominicana obtuvo un promedio general de 78/141. Sin embargo, en materia de corrupción sacamos 110, con una desviación negativa con respecto al promedio de 70, una multiplicación negativa de 1.41. Es la corrupción que gravita en nuestra sociedad que diezma la base de todo verdadero desarrollo, como lo es la institucionalidad.

De los 12 pilares que mide el índice, en 8 estamos por encima del promedio. En el Pilar Institucional sacamos 86, no obstante, cuando auscultamos las variables, estamos en una franja de franca descomposición. Veamos: en Seguridad: 118. Tasa de homicidio: 122. Confiabilidad en la Policía: 132. Independencia Judicial: 123. Carga en Regulaciones gubernamentales: 108.

En el estudio de Oxfam “Autopsia Fiscal”, se pone de manifiesto, desde el mismo orden institucional, desde la ejecución del presupuesto, como se dilapida, dispendia y malversan los fondos públicos. Resalta el referido estudio que las expectativas de irregularidades para el 2019 en materia monetaria, serían por RD$154,000 mil millones de pesos, equivalente a 3.4% del PIB. Nos dicen que anualmente la sociedad dominicana pierde RD$41,000 mil millones de pesos en corrupción.

Barómetro, de LAPOP, en su más reciente informe “Cultura política de la democracia en la República Dominicana y en las Américas, 2018-2019” nos habla de la Victimización por corrupción, señalándonos que la institución con mayor nivel de soborno es la Policía con un 15%. La Victimización de la corrupción entre los que interactuaron con la institución, fue así: Municipio (17.5); Policía 15.7); Centros de salud (8.5%); Empleado público (5.9); en el trabajo (5.5%). En la escuela (4.8%). La Victimización por corrupción en República Dominicana, evaluado desde el 2006 (17.7%) al 2019 (23.5%), de 18 países, solo estamos ubicados “mejor” con respecto a 6 países. 11 países en victimización por corrupción están en un orden mejor.

Este estudio enfatiza la percepción de la corrupción entre funcionarios públicos, donde un 58.6% señaló que está muy generalizada y otro 15.8% algo generalizada, para un total de 74.4%. Ha sido sostenida desde el 2006 (55.5%) a 58.6% en el 2019. Percepciones de la corrupción entre funcionarios, nos situamos en el tercer país con mayor gravedad en este renglón de los 18 países valorados de la región.

Como vemos, cuatro estudios de instituciones y organizaciones bien acreditadas en la Región y en el mundo nos miran con una pincelada oscura en materia de corrupción. Lo peor es el grado de impunidad. Ninguno de los casos más sonados en los últimos años ha sido juzgado con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Verbigracia: Hospital Darío Contreras; CORDE; OISOE, OMSA, CEA, Diandino; Tucanos, INAPA, ODEBRECHT, Money Free. Un verdadero déficit en materia de justicia de la alta corrupción política en la sociedad dominicana. En el 2017 el presidente Danilo Medina dijo “Es que hablar en términos genéricos siempre es peligroso, porque cuál es la corrupción, dónde están los escándalos en términos de corrupción en el Estado dominicano”.

Los escándalos irrumpieron con una vastedad inconmensurable, devastador. Desde entonces nos damos cuenta de manera palmaria que la corrupción no es solo fuente de acumulación originaria, sino piedra angular para el sostenimiento del aparato político en el Estado. ¡Clientelismo y corrupción se mezclan en una disrupción que socava la democracia, la legitimidad y la gobernanza. Los referidos casos dormitan en un aparato judicial subordinado a la agenda del Poder Ejecutivo!

Hoy por hoy, podemos decir sin temor a equivocarnos que en materia de impunidad, en la corrupción, solo somos superados por Venezuela. El Índice del Coeficiente de Impunidad, esto es, el grado de casos de corrupción judicializado y condenado es de 0.10; dicho de otra manera, de cada 100 casos que entran a la Justicia en materia de corrupción, de los funcionarios públicos, solo dos casos llegan a su fase final.

En este año, los casos de corrupción visibilizados en los medios han sido significativos, resaltando que, por cada caso de corrupción conocido, hay 19 que nunca se conocen ni se saben. Lo que caracteriza a la corrupción es su capacidad de ocultamiento, de ejes de grapa, de gafa, para sumergir este gran flagelo que va aniquilando a la sociedad. Es la propiciadora de la inequidad social y del debilitamiento cada más ostensible de la anomia social-institucional.

En este año nos encontramos con casos, como:

  1. El Hospital José María Cabral y Báez de Santiago.
  2. El caso del Hospital Luis Eduardo Aybar, que comenzó con una licitación de RD$6,993 millones y ya van RD$14,522 mil millones de pesos. Hicieron una primera adenda por 24.7% equivalente a RD$1,678 millones que sumarían RD$8,671, para realizar otra adenda por el equivalente a un 60% que llevaría la misma a la astronómica suma de RD$14,600. En total, un 84% de sobrevaluación.
  3. El enorme nepotismo en las instituciones públicas, que quedó graficado en dos entregas de la periodista Nuria Piera.
  4. Licitación Compañía de Seguridad EDES, del 20 de mayo del presente año.
  5. Fideicomiso Ciudad del Sol de Obras Públicas en Punta Cana.
  6. El caso de ODEBRECHT y los Codinomes, donde 28 personas recibieron 39.5 millones de dólares, como sobornos por Punta Catalina más 15 millones de dólares, por 6 obras.
  7. La denuncia del periodista Marino Zapete acerca del asfaltado de Obras Públicas, entregados sin concurso a Virginia Rodríguez, quien al mismo tiempo era empleada de OISOE, donde ganaba RD$60,000.00 mil pesos. Esto fue por un monto de RD$1,000 mil millones de pesos.
  8. El caso de Obras Públicas denunciado de manera excelentemente documentada, con relación al hormigón asfáltico caliente, por un monto de RD$11,500 mil millones de pesos de abril a septiembre. Hay que consignar que para esa vertiente solo había sido asignado RD$2,500 millones de pesos para todo el año del 2019. Se violaron la Ley de Presupuesto (423-06) y la Ley de Compras y contrataciones: 340-06.

Estas violaciones son una expresión, no solo de la inobservancia de las leyes, sino de la corrupción política, del uso y abuso del Estado para lograr determinados objetivos que dañan y cercenan a la sociedad. ¡Una clara responsabilidad del presidente de la República pues ningún funcionario puede llegar hasta allí sin el consentimiento del Palacio Nacional!

Es esta corrupción que presenta la profunda asimetría que se expresa a lo largo y ancho de todo el cuerpo social, que dimana una enorme concentración de la riqueza, donde el 20% más rico engloba el 58% de todo lo creado por la sociedad. Hay que asumir un nuevo pacto social. La corrupción en nuestro país nos arroja, una democracia debilitada, famélica, diabética, comprada, fracasada, secuestrada, realmente capturada.

Esta democracia de baja intensidad no puede superarse si no cambiamos los signos de esta pandemia de la corrupción. ¡Ameritamos de un Estado que no malgaste la riqueza del conjunto de la sociedad. Rechazar a políticos y funcionarios que abandonan el sentido de lo público para beneficiarse en sus intereses particulares!

Como nos diría Denis Waitley " Son dos las opciones básicas, aceptar las condiciones como son o aceptar la responsabilidad de modificarlas".