Como el país está situado en el mismo curso de los huracanes caribeños, nos hemos acostumbrado a las amenazas que cada año representan esos fenómenos atmosféricos, que cada dos décadas, más o menos, entran y devastan parte de lo que hemos construido o de lo que la naturaleza nos ha regalado.
Pero ahora, y muy probablemente por varias temporadas, nos amenaza un huracán de otra naturaleza que podría afectar severamente el curso del desarrollo económico-social de los dominicanos, tal como documentó el experto en derecho y política internacional y ex embajador ante la OEA Roberto Alvarez en una serie de ocho extensos artículos que acaba de publicar en el periódico digital Acento.
La lectura de esos bien fundamentados artículos deja la interrogante de si estará el país preparándose para afrontar la situación, como ya están haciendo México y otras naciones de la región que, como la República Dominicana, han dependido excesivamente de la migración hacia Estados Unidos y de las remesas de los nacionales.
Sabemos que alrededor de 2 millones de dominicanos emigraron en el último medio siglo, quitando presión demográfica y al desempleo y la desesperanza generadores de inseguridad. Y que esa población ya remesa formalmente alrededor de 5 mil millones de dólares anuales, 8 por ciento del producto interno bruto, el doble del 4 que con tanto orgullo estamos recién dedicando a educación.
Según las estadísticas oficiales recabadas por Roberto Alvarez, sólo entre 1970 y el 2015, Estados Unidos otorgó un millón 304 mil 989 residencias permanentes a ciudadanos dominicanos, a los que habría que adicionar los indocumentados, que diversas fuentes estiman entre 114 y 148 mil. Estos últimos están entre los amenazados por los vientos anti inmigrantes del presidente Donald Trump y auxiliares como el fiscal general Jef Sessions, que ya en el 2006 se expresó denigrantemente contra los de origen dominicano.
Ante el escenario norteamericano y las crecientes restricciones europeas, lo primero que tenemos que considerar es que se nos está cerrando la puerta de escape a las presiones sociales que ha representado la migración. Segundo que una parte de nuestros indocumentados podría ser deportados y no parecemos preparados para recibirlos adecuadamente. Y tercero, que se reducirán o al menos congelarán las remesas.
Como los demás países de la región, y como lo hicieron voceros de la Asociación de Estados del Caribe reunidos esta semana en Cuba, deberíamos rechazar las políticas excluyentes y discriminatorias del equipo de Trump, y poner en práctica mecanismos de defensa de los nuestros. Por ejemplo, poniendo a trabajar a nuestros centenares de cónsules, vicecónsules, ayudantes consulares y diplomáticos que pagamos en el exterior.
No es que declaremos la guerra al tronante gobierno de Trump, sino que nos asociemos al resto de la región para tratar de influir y moderar las embestidas que según los medios comunicativos norteamericanos están sembrando pánico. A los inmigrantes indocumentados en EU, unos 12 millones, y hasta a los residentes con infracciones menores, se les está recomendando que no anden por las calles más de lo necesario, que si llegan los agentes de inmigración no digan ni firmen nada, y hasta que nombren un tutor legal para sus hijos ante la posibilidad, ya anunciada oficialmente, de ser separados de ellos.
Hace una semana que la salvadoreña Sara Beltrán fue sacada esposada de un hospital de Dallas donde recibía atenciones por un tumor cerebral. Y el mexicano Rómulo González, con 25 años viviendo indocumentado en Los Angeles, fue detenido para ser deportado tras llevar sus cuatro hijas a la escuela. Ellas son ciudadanas americanas por nacimiento. Ojalá que a un tribunal no se le ocurra reinterpretar la constitución para determinar retroactivamente que a los hijos de indocumentados no les corresponde la nacionalidad. Tal vez el huracán Trump no llegue a esa aberración e impida la separación de esa familia. Pero debemos estar preparados.-