Siempre he deseado que en la República Dominicana, exista una administración pública profesional integrada por personas capacitadas y honestas, que permanezcan en sus posiciones sin importar el partido que dirija los destinos de la Nación. Esto existe en muchas partes del mundo, asegurando que las dependencias gubernamentales continúen operando con normalidad y eficiencia gane quien gane. Lógicamente, los cargos políticos y de confianza son privativos de ser llenados por el Jefe de Estado, quien puede nombrar en ellos a quien quiera.
En nuestro país, las dependencias gubernamentales lucen ser un botín de guerra a repartir entre los miembros del partido ganador. Escuchamos opiniones de altos funcionarios del gobierno, justificando este tipo de actuación.
Es necesario entender, que el Estado invierte grandes sumas de dinero entrenando y educando personal técnico de alto nivel, sin ningún tipo de vinculación partidaria, que luego son descartados por los incumbentes de turno, siendo sustituidos muchas veces por personas de menor capacidad.
Las oficinas recaudadoras (DGII, DGA), por su importancia estratégica tienen que contar con personal de alto nivel y probada honestidad, que domine las funciones puestas a su cargo, y resista las tentaciones que frecuentemente se le presentan.
La DGII había logrado tener en las posiciones principales un excelente equipo con los atributos que hemos mencionado, en el cual el Estado había invertido una gran cantidad de recursos para su entrenamiento. De acuerdo a informaciones que tenemos, este equipo fue desmantelado pese a lo gastado para su preparación.
Otro asunto importante en materia tributaria, es la igualdad de derechos y deberes de recaudadores y contribuyentes. Tradicionalmente las oficinas recaudadoras han jugado un rol más intimidatorio que de educación y convencimiento del contribuyente, aunque es justo reconocer, que el atropello y los abusos que en un momento existieron han desaparecido.
Ahora bien, tenemos que reconocer que aún existen muchos evasores, omisos y morosos entre quienes deben tributar. Por eso es necesario que las oficinas recaudadoras cuenten con las herramientas y facilidades necesarias para cobrarles a quienes no cumplen con sus obligaciones, ya que en caso contrario quienes cumplen podrían verse tentados a utilizar las mismas prácticas que los incumplidores.
Dificultar los procesos de cobro y sanción de quienes se tienen evidencias que los señalan como defraudadores es un flaco servicio que se le presta al país, y un mal ejemplo que se le envía a quienes cumplimos nuestras obligaciones fiscales.