Hay una ley, la 311-14, sobre Declaración Jurada de Patrimonio, que obliga a declarar, antes y después de asumir, a miles de funcionarios, desde el Presidente de la República hasta el síndico de la alcaldía más recóndita, pasando por legisladores, jueces, gobernadores y un largo etcétera de nuestra inmensa burocracia. Lo mejor es que alguien de la Cámara… ¿de qué?…ah, sí: de Cuenta (¿o de Cuentos?) certificará que lo declarado al entrar cuadre con lo declarado al salir. (Desde marzo, sólo cuatro han cumplido, por lo que el certificador empezó a comerse esa ley con papas fritas, y dice qué sabe riquísima).

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