En teoría, la Justicia debe ser imparcial y justa en su accionar. De manera que una sentencia o pena al momento de ser pronunciada debe ser proporcional al delito cometido, una vez se haya agotado el debido proceso y con todas las garantías al encausado. A éste le debe asistir el derecho al beneficio de ser “inocente” hasta que se demuestre, fuera de toda duda razonable, su culpabilidad. Al menos a eso se aspira en una sociedad civilizada.
Para que la Justicia sea equitativa debe comenzar por ser igual para todos. Un Fiscal debe hacer su función y pedir al Ministerio Público se aplique la pena máxima en un caso en particular, sustentada la evidencia, y mucho más si se trata de un hecho que ha generado tanta consternación social como ha sido el asesinato reciente de la joven Geraldine Sánchez Baldera, a manos de su esposo separado, Martin Batista Ogando.
El magistrado José Alejandro Vargas, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, advirtió al encausado en corte abierta “que se prepare para una posible pena de 30 años” en prisión, por la muerte de Baldera, esposa separada del victimario y madre de su hijo, ahora huérfano. La frase del juez del por sí parecería lógica y razonable en vista de la magnitud de la tragedia, pero no lo es a tenor de la imparcialidad y el respeto al debido proceso de acusadores y acusados.
La sociedad dominicana está sobresaltada por la oleada de delincuencia y delitos que acechan al más indefenso, y con razón pide castigos. No obstante, ello no justifica que los responsables de administrar e impartir justicia permitan que sus emociones se sobrepongan al juicio justo, ponderado y garantizado, a fin de que quienes cometen faltas graves paguen en justa medida las ofensas cometidas a la misma sociedad que los engendró.
Por ello resulta ominosa la frase del magistrado Vargas. La Justicia no debe perder los estribos ni sustentar prejuicios, por más presión, enferma y desquiciada que esté la sociedad. Si hoy un juez expresa su sentir parcializado en un caso que se ventila en sus manos, sea de un inocente o de un culpable, mañana no habría garantías procesales para nadie en virtud del sistema de juicio por jueces que funciona en el país, de una sociedad aterrada por los tentáculos de la maldad y la búsqueda de soluciones rápidas en un sistema de justicia deficiente.
La Justicia tiene la misión de proteger a la sociedad. Lo práctico en procesos puntuales sería ventilar en juicios por jurado, donde un panel de ciudadanos pondere todos los ángulos del debido proceso y las garantías procesales del imputado y del Ministerio Público. Pero emitir juicios de valores, aunque el delito sea obvio, sin amparar, garantizar y asegurar que se cumpla el espíritu de la ley frente a los riesgos de injusticias puede resultar en un lujo tentador y peligroso para todos en momentos de crisis social. Y es que una sociedad sin justicia es una bomba de tiempo atractiva para el puñal, la bala, o la horca.
Durante la revolución francesa la guillotina se impuso en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad contra aquellos señalados en público por una justicia fanática y maniquea. Luego, ese mismo instrumento de “impartir justicia” apuntó contra los autores y promotores de la justicia revolucionaria. Los jueces son un reflejo de la sociedad y por lo tanto deben ser cuidadosos a la hora de impartir justicia. Después, que no se quejen de quienes como último recurso, impotentes y desamparados, toman la justicia en sus manos…