Ante el reclamo de grupos de presión y con las elecciones municipales, congresuales y presidenciales al doblar la esquina, la Junta Central Electoral ha iniciado una campaña de advertencia sobre el delito de compra y venta de votos.
Simple cumplido para apaciguar la lluvia de corrientes de opinión desfavorables por su escasa capacidad para prevenir las crisis.
La realidad le dará en la cara a la institución descentralizada, tan temprano como el 16 de febrero y el 17 de mayo de 2020, días de las votaciones. El monstruo volverá con tentáculos reforzados aunque, tal vez, con una exposición pública autoregulada en vista del calentamiento de su entorno por la agitación de líderes de opinión y organizaciones influyentes.
En República Dominicana, la cultura democrática es un sofisma, y la pasión por el fraude y el culto a don dinero están ya en el tuétano del sistema. La JCE y los partidos, sin embargo, han respondido a este mal de fondo con displicencia extrema.
La campaña poco creativa y aislada, echada a andar a última hora en los medios de comunicación masiva, da la impresión de que la rectora de los procesos electorales se acaba de enterar de unas mañas que, hace décadas, son conocidas “hasta por los chinos de Bonao”.
En cualquier punto de la geografía nacional, la entrega de unos cuantos pesos a personas empobrecidas, a cambio de retener sus documentos de identidad y electoral para que no puedan sufragar por los candidatos de sus preferencias, comienza semanas antes del día de los comicios y termina tan pronto cierran los colegios electorales. Los clientes son muchos, los oferentes, pocos; mas, los precios son bajos. Rondan los mil pesos.
El espectáculo escenificado el día del “juicio final” por sobornadores haciendo transacciones a la vista de todos y bajo la vigilancia estricta de sus padrinos montados en jeepetas cargadas con pacas de dinero que las autoridades miran sonrientes, resulta más resonante y recibe más atención mediática. Sí, pero el grueso del sucio negocio se da días o, quizá, semanas antes. Y no se agota en esa fase. Hay otras: extorsiones, cancelaciones, nombramientos, amenazas, provisión de recursos económicos, exclusiones y promesas que jamás cumplen.
¿CÓMO LOS VEN?
Imposible erradicar un cáncer conveniente para el mismo organismo, sin la comprensión de su magnitud ni voluntad política para extirparlo y tratarlo para evitar recidiva. El dinero es asumido como determinante para el éxito electoral de un candidato, no los valores ni el historial de persona socialmente responsable.
Utópico siquiera pensar que un aspirante capaz y honesto, pero con los bolsillos desnutridos, venza a un turpén con riquezas infinitas, aunque provengan del bajo mundo, o de la corrupción público-privada.
El elector, en general, ha sido corrompido, y le importa un comino el valor de la democracia. Desconoce las consecuencias y no le interesa conocerlas, porque su urgencia es, al menos, una comida al día, que a menudo falta y conseguirla es una odisea permanente. El mismo político que ha contribuido a su empobrecimiento hasta convertirlo en mendigo, luego aparece como Dios y le provee la migaja tranquilizadora de sus parásitos estomacales, por un día. Y él la recibe “alegre”. Enajenado. Círculo vicioso.
Para el político, el vende-cédula y su familia no son personas, son votos tan reales como los depositados por los perfumados y los conscientes de la sociedad. Valen igual. Por ello busca a cabilderos para husmearlos dondequiera que pululen para virar resultados.
Para el votante que entrega su documento a cambio de unas cuantas monedas, el vía crucis de su empobrecimiento creciente es mandato divino, no hechura terrenal de los explotadores. Se lo han inoculado en su cerebro, y conforme ese algoritmo, actúa, siempre venerando al político. Con su mente colonizada, lo ve como un mesías que ha llegado para calmar su hambre.
CAMPAÑA ESTÉRIL
El cambio de actitudes tan aberrantes hacia una conciencia democrática requiere de mucho más que un súbito derroche de anuncios hechos a la carrera para disipar reclamos de la poderosa Iglesia Católica e influyentes mediáticos.
El desafío es gigante, y no se resuelve de la noche a la mañana. Hace rato que el cáncer salió del cuerpo de los partidos e hizo metástasis en las organizaciones donde se eligen autoridades vía votaciones (universidades, juntas de vecinos, clubes, gremios, sindicatos).
Se necesita, entonces, el desmonte de una cultura aberrante para edificar otra basada en el respeto a las reglas del juego limpio.
Y esa desconstrucción-construcción solo es posible con un abordaje integral, sistemático, durante mucho tiempo, con la Planificación Situacional como guía. Nada que ver con improvisaciones propias de operativos que solo posponen el problema.
La regla entra por casa, y los políticos le han cerrado las puertas. La JCE ha mirado hacia otro lado para no sentirse responsable. Ha faltado voluntad política. Y ello es tan grave como la misma carencia de conciencia democrática en la sociedad.
Solo hay que preguntarse: ¿Cuántas sanciones ha habido en cada proceso? ¿Son invisibles los autores reales de tal delito electoral? Los “hijos de Machepa”, visibilizados por los medios mientras realizan operaciones de compra-venta, ¿son los dueños del dinero, o correvediles orientados por perversos ocultados? ¿Dónde están los planes y la aplicación de la ley para erradicar tal práctica? Contubernio no escrito.
La JCE recibió en 2019 un presupuesto de 6,997 millones de pesos. De esa cantidad, por mandato de ley, asignó 1,506 MM a los partidos políticos, 80% entre PLD, PRM, PRD y PRSC (obtuvieron el más del 5% en las elecciones de 2016). El 20% para los que no alcanzaron tal parámetro.
Para 2020 solicitó 16 mil millones y medio de pesos, unos 3 mil para completar las elecciones de febrero y 3 mil para los partidos políticos, pero solo le aprobaron casi 11 mil millones.
La Dirección General de Presupuesto ha informado que ya acreditó RD$3,182.9 millones para cumplir con el compromiso de las elecciones municipales de febrero, y ha dicho que en los próximos días dará la primera partida del monto correspondiente a la asignación a los partidos políticos, ascendente a RD$753.5 millones.
Dinero hay para trabajar en pos de la construcción de una cultura democrática. Dejémonos de pose.