Si usted observa y acepta el uso de recursos públicos, por el gobierno, a favor de sus candidatos y a la JCE haciéndose los “chivos locos”, entonces no se quejes. Estamos frentes a autoridades parciales y cómplices. Cualquier cosa puede pasar (…).
Los recursos públicos son de vitales importancia para estructural elecciones nacionales: presidenciales, congresuales y municipales. Obligaciones de Estado obliga al gobierno desembolsar cuantiosos recursos económicos y humanos para garantizar organizar, dirigir y supervisar, lo que en el capitalismo llaman “fiesta de la democracia”.
La Junta Central Electoral, JCE, es la rectora de los comicios. La Constitución de la República le otorga poderes constitucionales en sus artículos No. 211 y 212, párrafo IV, para que las elecciones se celebren con libertad, transparencia, equidad y objetividad. Y no permitir que el fraude, la discriminación, la desigualdad y la parcialidad empañen el montaje y sus resultados.
Hasta ahora, la JCE no ha exhibido la imparcialidad que exige la ley, para ganarse la confianza y credibilidad en la población. Su resolución arbitraria y discriminatoria contra el partido Movimiento Patria para Todos/as, MPT, lo desnuda de cuerpo entero: al servicio del gobierno, violando los principios de equidad y transparencia, y en perjuicio de la oposición. Una entidad política que ha cumplido con más de 80 % de los requisitos legales, y, recibir un trato desconsiderado y abusivo.
Si ese será el proceder de las autoridades electorales, preparémonos para lo que viene… El gobierno no ha detenido la inversión de cuantiosos recursos públicos a favor de sus candidatos, en especial, su Penco Gonzalo. Lo hacen a la franca, en las caras de todos, con la complicidad, silencio cómplice, de la JCE.
La Ley 33 18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos políticos prevé, cualquier tipo de financiamientos del Estado, estas groseras violaciones en el Artículo 59 y sus párrafos I, II, III y IV. La Constitución de la República, leyes y normativas, prohíben en forma enérgica la utilización de recursos públicos a favor de candidatos.
El despilfarro de recursos públicos, por el gobierno, lo vemos a diarios en los viajes del presidente y sus funcionarios a favor de sus candidatos, el equipo de seguridad, militares y policías, que acompaña a su candidato presidencial, pagos de publicidad directa o indirectamente, pagos de nominillas por “servicios prestados”, obligar a los empleados públicos asistir a las actividades electorales, distribución de combustibles, etcétera. En fin, militares, policías, funcionarios y empleados públicos al servicio de los candidatos del gobierno/PLD. Un derroche brutal, en franca violación a las leyes, de recursos que impactará significativamente en el irresponsable déficit fiscal.
La ley contempla el origen e inversión de los recursos financieros y el monitoreo de la publicidad en los medios de comunicación. De manera tal que, un partido y sus candidatos no deben disfrutar de los recursos ilimitados del Estado y adueñarse de los medios; pero tampoco, abusar, utilizando, los recursos de dudosa procedencia.
Los miembros de la JCE no son confiables para organizar con transparencias las elecciones del 2020. Las primarias internas, recién celebradas, han dejado un sabor amargo en la población que cuestiona la conducta “imparcial” de los “honorables” de la Junta. Se requiere de un instrumento unitario de toda la oposición, un Frente Anti Fraude Electoral, para enfrentar los planes fraudulentos de la Junta Central Electoral, JCE. Y evitar la imposición de sus candidatos, del gobierno/PLD, mediante un cuestionado voto automatizado.