Años y años observando el comportamiento de los distintos jueces y presidente que han ocupado la Junta Central Electoral dejan mucho que desear y poco que comprender. Millones de pesos a lo largo de mucho tiempo repartidos de manera alegre a los distintos partidos gracias a un mandato de la época de Balaguer, y que nadie se atreve a quitar porque todos en esa jauría política se benefician, solo gritan cuando afectan sus intereses. Dinero del pueblo que nadie sabe cómo y quiénes reparten en cada parcela partidista.
Los millones de pesos no solo se regalan a los partidos sino que por otro lado, también se gastan millones de dólares en la compra (siempre ocurre) de equipos defectuosos o que nadie sabe cómo se manejan dichos aparatos. Recientemente, esta nueva Junta Central comandada por Julio César Castaño Guzmán confirmó US$20 millones más en la compra de equipos a la empresa Digiworld, un pago libre de impuestos. No hace ni cinco años, cuando el anterior jefe de la Junta, Roberto Rosario, compró a la empresa española Indra, scanners y aparatos "nuevos" para ser utilizados. Resulta, que !oh sorpresa! esos equipos según Rosario Marquez, estaban defectuosos, luego de pagar varios millones de euros. No obstante, esos equipos de Indra, quien demando a la JCE en reclamo del pago de ese contrato de compra, duermen el sueño en algún almacén subterráneo del organismo electoral.
En ese sentido, y luego de tantas jugarretas por parte de ese terrible ex presidente de la JCE, Roberto Rosario, que nunca ha dicho ni ofrecido ninguna declaración al respecto ya no solo por tirar al aire millones de euros sino por toda su presidencia. Una gestión tan cuestionada y oscura. Ahora lo vemos por los medios de comunicación y redes, apoyando a quien lo colocó en ese puesto, Leonel Fernández.
Ahora, en esta nueva "gerencia" de la Junta Central Electoral va por el mismo derrotero que la pasada. Gastando millones y millones de dólares en otros nuevos equipos, haciendo una gestión realmente poco comprensiva y para colmo, recientemente, decidió eliminar el arrastre de los senadores en 26 provincias pero lo mantendrá en el Distrito Nacional y las provincias de La Vega, Puerto Plata, San Cristóbal, Santiago y Santo Domingo. Dicha disposición establece que se mantenga el arrastre en las seis provincias que están divididas en circunscripciones electorales, donde se le computarán los votos obtenidos por el partido a los candidatos a senadores, según el artículo 104 de la Ley 15-19 Orgánica de Régimen Electoral.
Al enterarnos de tan absurda decisión, que clasifica a unos sí y a otros no, como si nos dividiéramos en dominicanos de primera y segunda categoría, los comentarios en contra y de quejas contra esa disposición a través de las redes sociales no se han hecho esperar, pero también de los partidos de "oposición" en contra de tal disposición.
De hecho, Castaños Guzmán, confirmó que no variará esta disposición al menos que el Congreso, ese mismo órgano que aprobó la Ley de Partidos (al parecer no la leyó, como siempre) , modifique la Ley Electoral 15-19 o sea declarada inconstitucional. Para Castaños Guzmán, esa decisión que tomó junto a otros jueces constituye "una conquista", para nosotros el pueblo que vota, es una afrenta, irracional y absurda. El Congreso es el otro culpable en esta situación por a ver aprobado sin leer una Ley Electoral y de Partidos.