A la par de los enormes avances alcanzados a partir del siglo XIX y del optimismo que estos han generado, la humanidad ha ido deteriorando de manera acelerada los recursos naturales del planeta; recursos que, se suponía eran inagotables.
Inmersos en una sociedad de consumo, globalizada y capitalista los hombres han ido produciendo y consumiendo cada vez más energía para hacer funcionar la industria, el transporte, el comercio y todas sus actividades en sentido general.
Al proceder de esta manera, sin quererlo, nos hemos transformado en depredadores ambientales.
Las alarmas comenzaron a encenderse hace más de 50 años cuando científicos empezaron a percatarse que se estaba destruyendo más recursos naturales de los que el planeta podía generar.
En 1968, científicos y dirigentes políticos agrupados en el Club de Roma publicaron su informe “Los límites del crecimiento económico”. Sus conclusiones fueron consideradas alarmistas en la época.
Sin embargo, a partir de ese momento se fue produciendo una toma de conciencia paulatina que se materializó en diversos momentos y documentos históricos. Entre los más destacados: la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, que se realizó en 1972, conocida como la Cumbre de la Tierra de Estocolmo, y la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro que tuvo lugar en 1992.
La Cumbre de Río fue decisiva al proclamar la necesidad de cambiar las formas de producción, intercambio y consumo prevalecientes, al insistir en la necesidad de superar el uso de los combustibles fósiles por sus efectos en el cambio climático global, así como por sus acuerdos sobre la protección de la biodiversidad y el cambio climático.
Las décadas finales del siglo XX se caracterizaron por la aprobación de leyes ambientales y la creación de ministerios del medio ambiente en los distintos países. República Dominicana fue de los últimos países de América Latina en tomar estas medidas.
Es importante recordar que la República Dominicana, por su carácter insular tropical, está especialmente expuesta a fenómenos extremos como huracanes o ciclones y que, al igual que todo el Caribe, forma parte de los llamados hot spots del mundo, como se les llama a las regiones biogeográficas con una alta biodiversidad amenazada.
Por otra parte, el crecimiento económico escasamente planificado del país ha cobrado un tributo pesado en términos ambientales a nuestra media isla si se contabilizan los efectos del impacto del turismo, la destrucción de los manglares, la deforestación de las cuencas, la contaminación de los ríos por las aguas servidas, el tratamiento inadecuado de los desechos sólidos, la pesca ilegal, la contaminación, la depredación de los ríos por las granceras y las amenazas permanentes que ciernen sobre nuestras áreas naturales.
Creado en el año 2000 el ministerio de Medio Ambiente de la República Dominicana, a pesar de la importancia de sus atribuciones, ha tenido serias dificultades en cumplir con su misión.
Su conducción ha pasado por altos y bajos y su gestión ha sido entorpecida por el poco interés demostrado por los sucesivos gobiernos del PLD a favor de la conservación de nuestros recursos naturales, así como a causa de la corrupción endémica y de la crónica falta de recursos para garantizar una protección adecuada.
Sin embargo, con el correr del tiempo y con la gravedad que se le reconoce hoy en día a nivel global a la crisis ambiental, la conciencia de la necesidad de la protección ha ido creciendo en algunos sectores de la población, particularmente en el seno de la juventud.
Ahí están, para atestiguarlo, el rechazo al depósito del rockash en el territorio nacional, las jornadas en defensa de Los Haitises, Bahía de las Águilas, el Parque del Este, Valle Nuevo, la Sierra de Bahoruco, Loma Miranda, entre otras, a las que se suman nuevas y crecientes preocupaciones como las relacionadas con los efectos contaminantes y nocivos de las plantas de carbón de Punta Catalina y otras formas de contaminación como las derivadas del uso de los plásticos.
Esta conciencia creciente no parece haber llegado al actual ministro de Medio Ambiente. En su gestión, muy poco apegada a las leyes -que es lo menos que se puede decir-, los recursos naturales han sufrido los embates de una mentalidad más cercana a la depredación que a la protección.
El colmo de los colmos es que los que tienen por misión de defender nuestro patrimonio natural se hayan dedicado a menoscabarlo, permitiendo la siembra de aguacates y otros cultivos -prohibidos todos por la ley- en los parques nacionales (Valle Nuevo, Bahoruco y otros), y otorgando permisos ilegales en los más diversos puntos del territorio nacional.
El desmantelamiento del Sistema de Áreas Protegidas y la apropiación privada de territorios vitales para la protección de la biodiversidad y recursos naturales ha estado en la mira de determinados sectores desde hace tiempo.
Estos sectores vuelven a la carga, ahora de la mano del mismísimo ministro de Medio Ambiente, con la autorización ilegal de construcción de un hotel de la compañía Globalia en el parque Cotubanamá o del Este.
La pobre institucionalidad que nos caracteriza facilita el resurgimiento periódico de aspiraciones que se pensaba estaban enterradas desde hace años, como las del señor Pepe Hidalgo y de otros empresarios con olfatos y contactos poderosos que levantan la cabeza tan pronto sienten una brecha donde puedan colar sus propósitos ilegales que les fueron detenidos bajo otras gestiones.
Prueba de que el desmantelamiento de las áreas protegidas responde a un propósito de largo aliento es la utilización del concepto de “áreas de recreo”, introducido en la ley de áreas protegidas con el apenas disimulado propósito de introducir usos prohibidos en los parques nacionales.
La manifestación más clara de la colusión del poder al más alto nivel con intereses contrarios al interés nacional ha sido la creación por el presidente de la República de una vergonzosa comisión investigadora que integra al mismo ministro de Medio Ambiente que otorgó el permiso violatorio de las leyes ambientales 64-00 y 202-2004, garantizando así la continuidad de las violaciones de las leyes y normas ambientales del país.
Sin embargo, como se ha planteado con mucha justeza, “las aéreas protegidas constituyen una riqueza que no se puede destruir a base de argumentos inconsistentes y es una irresponsabilidad total agotar las riquezas naturales actuales a favor de una minoría sin pensar en las grandes mayorías, en nuestros hijos y en las futuras generaciones”.
Dice con toda la razón David Wallace Wells, el autor del Planeta Inhóspito, en una entrevista reciente al BBC News, que hoy en día “la hipocresía política es mucho más preocupante que los comportamientos individuales”.