Desacatando sentencias judiciales, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y dos Abogados del Estado destruyen la seguridad jurídica en el Este. Eso afecta a muchas personas e inversionistas turísticos y operaciones del Banco de Reservas.
El CEA desacata una sentencia ordena devolver al señor Diógenes Aracena tierras invadidas por peledeístas petromacorisanos, y otra ordena pagarle $20,000 diarios hasta devolverle los terrenos.
El consultor jurídico del presidente Danilo Medina, Flavio Darío Espinal, admitió que hay “múltiples y graves” irregularidades en las operaciones inmobiliarias del CEA.
Aracena asegura, por otra parte, que el Banco de Reservas “deslindó muy bien” unas tierras que le vendió en Higüey, pero los abogados del Estado Fermín Casilla Minaya y Gedeón Bautista desacatan dos sentencias. Una ordenando entregarle los terrenos, o pagarle $50,000 diarios hasta que los entreguen.
Que las decisiones inmobiliarias del Banco de Reservas tengan el “poder de veto” de Casilla Minaya y Bautista es grave.
Miles de personas, en Higüey y San Pedro de Macorís, con terrenos en las parcelas en litigios, no pueden utilizar sus terrenos ni tramitar financiamientos.
Hay inversionistas turísticos en Bávaro que tienen proyectos paralizados por la negativa de Casilla Minaya y Bautista de acatar las sentencias judiciales.
Los embajadores de Inglaterra, Steven Fisher, y de la Unión Europea, Gianluca Grippa se han quejado de la inseguridad jurídica, como un obstáculo para la inversión extranjera.
En San Pedro de Macorís, prominentes figuras del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que abandonaron la organización para seguir al ex presidente Leonel Fernández ocupan ilegalmente los terrenos.
Johnny Richiez y otros comentaristas radiales petromacorisana advierten el peligro de que éste caso pueda terminar en otra tragedia.
Los desacatos del gobierno aumentan la inseguridad jurídica, y terminarán con la gobernabilidad, si nadie respeta la justicia, los ciudadanos harán su propia justicia.