Las crisis económicas que cíclicamente afectan las economías, plantean retos a sus liderazgos nacionales. No solamente desafían su intelecto para diseñar políticas públicas que superen el estado de calamidad nacional, sino también que conduzca a la economía por senderos de recuperación de la calidad de vida de sus ciudadanos en un ambiente que preserve sus derechos.
Los efectos del COVID-19 sobre la economía y la gente son ampliamente reconocidos en el país; entre los que se encuentran: contracción del ritmo de crecimiento, aumento de la tasa de desempleo (afectando a la población más vulnerable del país, empeorando los niveles de pobreza y de la calidad de vida de esta franja de la población). Por otro lado, existe una limitada competencia entre las firmas privadas domésticas que ocasiona ajustes (al alza) de algunos precios relativos que perjudican el poder adquisitivo de los sueldos y salarios, contribuyendo a deprimir la demanda real, prologando la situación de contracción de la economía.
El gobierno pasado reaccionó accionando varios instrumentos de política con el fin de mitigar las consecuencias económicas negativas de la pandemia, aunque la selección de los instrumentos de políticas tuvo un alcance limitado y focalizado. El gobierno de Medina diseñó programas de asistencia a las empresas a través del pago de una proporción del sueldo de los empleados suspendidos y asistió a familias pobres con sumas irrisorias (FASE I, FASE II, Pa’ti), lo que no ayudó a que los empleados por cuenta propia se mantuvieran confinados en sus casas. Por su parte, el Banco Central (BC) prestó dinero barato a los bancos comerciales para refinanciar los créditos vencidos y flexibilizó la valoración de sus activos por los atrasos que pudieran ocurrir en el cumplimiento del repago de los préstamos. De la misma manera, postergó la gradualidad en la constitución de capital de la banca. De tal suerte, que la banca se ha visto altamente beneficiada, aunque contribuye muy poco al restablecimiento de los niveles de demanda y de empleo en la economía dominicana. Estas medidas no contribuyeron a mantener el nivel de empleo ni mucho menos a resolver el problema de la demanda. En fin, al gobierno le falta proponer y ejecutar políticas públicas que tengan una clara decisión de crear y mantener el nivel de empleo.
La presente administración del gobierno continuó con las políticas del gobierno que reemplazó. Con lo cual su interpretación de la crisis económica (insuficiencia de demanda) provocada por la pandemia tiene exactamente las mismas limitaciones del gobierno que le precedió. Aunque el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD) insiste en la creación de empleos; sin embargo su análisis macroeconómico tiene un enfoque sectorial del crecimiento económico y, por tanto, limita sus políticas económicas al apoyo de las firmas privadas, aunque las mismas no han sufrido daños en sus infraestructuras; por lo que sus recomendaciones de políticas para resolver la contracción de la economía pasan por estimular a los diferentes sectores económicos, dejando de lado su propio análisis del origen de la crisis.
Por eso su enfoque macro-sectorial de la crisis conduce al MEPYD a sugerir políticas que apoyan a la oferta (turismo, industria, agropecuaria, zonas francas, a la banca, entre otros), aunque el impacto sobre los sectores productivos se relacione con la insuficiencia de demanda por falta de empleo. Para adoptar políticas económicas que promuevan la creación de empleos es necesario que el gobierno cambie su enfoque macroeconómico sectorial del crecimiento y apoyarse en una visión de las variables que explican el crecimiento de la economía (consumo, inversión, ahorro, productividad, tasa de interés, inflación, impuestos, gasto público, entre otras), modificando con las políticas públicas el comportamiento de las variables que estimulan el crecimiento económico. El enfoque macro-sectorial, al que nos ha acostumbrado el BC, termina recomendando el apoyo a sectores productivos específicos que generalmente se relacionan con quienes conducen las políticas públicas (por ejemplo: turismo, zonas francas, bancos).
Un ejemplo de esto es el consumo que representa el 80% del PIB en la economía dominicana. Esta variable ha sido seriamente afectada por el desempleo provocado por las medidas sanitarias para evitar el contagio de la población y sus costos asociados (financiero, humano, equipamiento, medicamentos). Entonces, resulta aconsejable adoptar medidas que creen empleos como sugiere el MEPYD, para reanimar el consumo doméstico (y abandonar sus ideas de reanimar el turismo afectado seriamente por los efectos de la pandemia).
Los esfuerzos para crear empleos deberían concentrarse, por ejemplo, en la reducción del tamaño del mercado informal, que generó el 51% del total del empleo durante el tercer trimestre del 2020, con la puesta en marcha de un vasto programa de inversión pública (Encuesta Continua de Fuerza de Trabajo, BC, https://www.bancentral.gov.do/a/d/2541-encuesta-continua-encft).
El gobierno podría iniciar un plan de mantenimiento general de todas las obras públicas en el territorio nacional (puentes, carreteras, edificios gubernamentales y escolares, cloacas, cañadas, canales de riego, presas), lo que demanda intensivamente mano de obra; estos empleados consumirían bienes y servicios, contribuyendo a elevar el nivel de actividad de algunos sectores económicos, los cuales, a su vez, restablecerían paulatinamente sus niveles de empleo cuando identifiquen que sus inventarios bajen. De la misma manera, el gobierno podría pensar en un plan nacional de reforestación a través del Ministerio de Medio Ambiente, estableciendo las zonas geográficas, cuyo medio ambiente ha sido afectado por la actividad humana.
Estas propuestas son contrarias a la decisión del gobierno de renunciar a la administración del programa de inversión pública, colocando en manos de la iniciativa privada las prioridades de inversión pública, lo que se ha puesto en marcha mediante creación de contratos APP (administrados por la opaca figura del fideicomiso). Esta acción del gobierno actual, sustituye al sistema nacional de inversión pública conducido por el MEPYD asignándole, como actividad principal en este renglón, el registro oficial de los proyectos de inversión que decide y diseñe la iniciativa privada.
Para fortalecer adicionalmente el consumo, el gobierno debió robustecer los programas de asistencia social dirigidos a mitigar el hambre en el segmento de la población clasificados en el renglón de pobreza extrema, considerando el costo de la canasta básica calculada por el BC.
El gobierno tiene serios impedimentos para conducir un paquete de políticas como el que aquí se sugiere. En la toma de decisiones de política económica, un segmento del sector privado tiene un rol preeminente, lo que resulta contraproducente en la medida en que el gobierno diseña políticas para garantizar el bienestar social, manteniendo derechos y en cambio, el sector privado busca beneficios particulares.