Flechas

¡Indignante!

Por Elisabeth de Puig

La anulación, por primera vez desde la caída del dictador Rafael Trujillo, de un proceso electoral en República Dominicana, como ocurrió el pasado domingo, representa la quintaesencia de lo que ha sido la gestión del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), bajo la conducción del presidente Danilo Medina.

Un gobierno que, es bueno recordarlo, surgió en 2016 de unas elecciones que no fueron trigo limpio. El fraude, entonces, no causó mayor conmoción y fue aceptado tanto por el sector empresarial como por una sociedad anestesiada. Fue denunciado solamente por los partidos opositores y algunos dirigentes sociales que veían en lo que estaba sucediendo el preludio a la situación actual.

La penosa derrota que, como país, hemos sufrido con este acontecimiento inaudito, previsible y anunciado no es ajeno a las altas esferas palaciegas y son la parte visible de una serie de tramas fracasadas para la perpetuación en el gobierno. 

A la luz de los acontecimientos de las últimas 48 horas uno se puede preguntar si, de nuevo, lo que acaba de pasar quedará como una simple anécdota sin consecuencia alguna o si, como se estila por estos lares, pagarán otra vez justos por pecadores.

¿Cómo concebir que hemos querido recurrir a tecnologías sofisticadas y caras a sabiendas de todas las limitaciones que todavía nos impone el subdesarrollo en materia de infraestructura y en recursos humanos capacitados y a prueba de corrupción?

¿Cómo entender que a pesar de la inseguridad reconocida en muchos otros países que lo han abandonado y de meses de batalla en contra después del fracaso ocurrido en las primarias, el PLD y la Junta Central Electoral hayan insistido en mantener el voto automatizado contra viento y marea?

¿Cómo ellos, nuestros líderes y los honorables de la JCE, todos aparentemente en su sano juicio, teniendo en sus manos el destino de la Nación, se han podido prestar a un descuido descomunal o a un engaño burdo de la ciudadanía y al despilfarro del dinero de los contribuyentes?

¿Cómo después de este atropello se podrá restablecer la confianza en nuestras instituciones, en la democracia, en nuestros líderes, cuando “gente de bien” y encumbrada se presta a manipulaciones perversas?

No cabe duda que existió una voluntad deliberada de crear confusión y de apostar al desorden electoral y eso seguirá en los próximos días con acusaciones que contradicen el hilo mismo de los acontecimientos.

Esta intencionalidad apareció claramente en la tentativa de anular parcialmente las elecciones municipales manteniendo las votaciones en los colegios donde se votaba manual, que representaban poco más del 40 por ciento de los electores.

Son muchos los que han planteado que, ante este segundo fracaso, después de haber garantizado una y mil veces la perfección del sistema que colapsó desde su arranque, los hombres y mujeres que conforman la Junta, así como sus suplentes, independientemente de la lectura que tengan de los acontecimientos, no deberían limitarse a expresar la “pena” que les ha causado el “fallo” del sistema automatizado, sino que deberían renunciar a sus cargos.

En todo caso, lo hagan o no lo hagan, queda claro que la anulación de las elecciones municipales ha sido la culminación de un proceso que tiene responsables con nombres y apellidos.

Un grupo ha pretendido -y todo indica que todavía pretende- mantenerse en el mando por todos los medios. Hasta ahora las diversas tentativas de perpetuación han fracasado, trátese de la modificación de la Constitución para la reelección o para la llamada habilitación, la candidatura del Penco, el fraude de las primarias, las amenazas o del derroche de fondos públicos.

Luego de la anulación de las elecciones municipales rondan en el ambiente muchas preguntas, entre otras:

¿Quién pagará el costo económico del montaje de estas elecciones? ¿Quién se hará responsable, en un país donde el 40% vive en situación de pobreza, de la dilapidación de parte del presupuesto de la JCE para el año 2020, o sea 16,540 millones de pesos, de los cuales 8,377 millones de pesos se utilizarían para los procesos electorales de ese año y con los cuales, según el periódico Hoy, se hubiera podido construir 200 escuelas de 29 aulas?

¿Quién se hará responsable de los días de trabajo y de escuela perdidos, del déficit económico de los que fueron a ejercer su deber ciudadano en sus pueblos?

¿Quién responderá por la situación de los partidos de oposición, especialmente los minoritarios, a quienes les recortaron los fondos para la contienda y fueron dejados sin recursos para continuar después de este atropello?

¿Quién pagará por el alto costo moral, la violencia institucional que representa la voluntad de coartar el deseo de cambio de un pueblo y el daño repetido a nuestra frágil democracia?

¿Quién asumirá los daños colaterales que se están haciendo a nuestra juventud?

¿Como hablar de ciudadanía, justicia y participación a nuestros hijos e hijas cuando se exhibe un mercado abierto de compra y venta de votos que se ha ejercido y se ejerce a la franca, a la vista de todos en los sectores vulnerables y solo ven desfachatez en los dirigentes y en el accionar político?

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