“Si el vaso no está limpio, lo que en él derrames se corromperá”.
Horacio.
El presidente Medina en su discurso de rendición de cuentas del pasado 27 de febrero reveló grandes realizaciones en la educación, obras de infraestructuras básicas y sociales, salud, transporte, seguridad, mantenimiento de la senda del crecimiento económico y pobreza. Sería muy mezquino y políticamente inapropiado negar los avances concretos y la direccionalidad correcta de muchos buenos planes y programas del Ejecutivo, además de la vigorosa reiteración de su compromiso personal de continuar desarrollando programas orientados a seguir mitigando eficientemente la deuda social acumulada durante los últimos decenios.
- El financiamiento de los programas sociales
Ese compromiso con la deuda social parece tener una premisa de partida irrebatible, que es a la vez factor común para casi todos los países de la región: la exclusión social, vinculada a la desigualdad de la distribución de ingreso, riqueza y oportunidades, tiende a multiplicar obstáculos para un desarrollo con democracia. En este sentido, esa exclusión activa múltiples factores que propician o exacerban la criminalidad, el debilitamiento institucional, el desafío a la ley y la impunidad.
No obstante, todos sabemos que una cosa es la determinación de emprender loables proezas, y la que referimos tiene una transcendencia política verdaderamente significativa, y otra son los recursos para financiarlas.
Los aumentos salariales implementados y los que todavía están pendientes de ejecutarse, los programas sociales en marcha, la onerosa amortización del endeudamiento interno y externo que sigue creciendo, la demanda de grandes volúmenes de recursos que requieren las obras de infraestructura vial y otras, los subsidios al subsector eléctrico y los cientos de millones que habrá de engullir el plan de seguridad ciudadana, incluida la anunciada ampliación del sistema 911, entre otros temas, ponen serias restricciones a la plausible determinación del Ejecutivo de seguir reduciendo la pobreza y desigualdades sociales.
Al margen de optar por continuar usando el endeudamiento externo como opción convencional salvadora, pensamos que el gobierno debe apuntar a lograr la racionalidad del gasto público en su componente administrativo y simplificar el sistema tributario, haciendo énfasis en la reducción de las tasas, aumento de la base imponible y revisión del siempre pospuesto tema de las exenciones arancelarias.
Consecuentemente, para terminar de cumplir sus pertinentes promesas, el gobierno debe actuar simultáneamente en varios frentes de ingresos y gastos, enfrentando el reto de reducir sustancialmente el ritmo de endeudamiento externo para no hipotecar a largo plazo el futuro de las mismos contingentes de seres humanos que pretende sacar del ostracismo de la miseria.
- Corrupción e Impunidad
El presidente cerró filas al lado de los cientos de miles de dominicanos cansados de percibir las escandalosas evidencias de corrupción, impunidad, compra de jueces y fiscales y abusos de poder, sin que se vislumbre la determinación política de aplicar de manera enérgica y sin contemplaciones la ley, enviando a juicio a quienes no saben hacer otra cosa que robarse descaradamente el dinero de los contribuyentes.
Por tanto, es necesario pasar de las palabras a los hechos porque todos sabemos que la corrupción y la impunidad subsecuente son fenómenos que descarrían, dañan y convulsionan la conciencia colectiva, lo cual no puede menos que afectar sensiblemente la gobernabilidad democrática.
Es bastante clara y suficientemente demostrada la relación entre la reducción de las desigualdades, la acumulación de capital humano en la población joven y la creación de capital social en la comunidad, y las acciones impunes del crimen y la corrupción. De este modo, a mayores niveles de criminalidad y corrupción, menos movilidad social y bienestar para los que se forman en los alrededores del proceso de crecimiento económico.
La corrupción y la impunidad son, por tanto, una negación infame de ciertos derechos constitucionales fundamentales, la cual implica necesariamente un deterioro progresivo de lo que Heinemann y Verner (2006) definen como el valor productivo de la sociedad.
Odebrecht es la punta de un gran iceberg. Muchos bloques de hielo permanecen en las profundidades esperando derretirse en la superficie por la aplicación implacable del castigo que corresponde, de conformidad con la Constitución y las leyes. Para ello es necesario que terminen de una vez la desidia y la indolencia, la perniciosa flojedad política que beneficia a los delincuentes, los arreglos furtivos y la perniciosa cultura “del tiempo todo lo borra”.
La corrupción no puede seguir siendo el modo natural de operar de un gobierno ni de las empresas, la vía de financiación de las campañas electorales, la fuente por excelencia de enriquecimiento al vapor de funcionarios, la ruta ilícita generalizada para obtener contratos millonarios.
Estamos de acuerdo con el presidente: “La corrupción es un mal endémico de la sociedad que no se origina en la naturaleza del Estado sino en la ausencia de valores y principios del individuo”.