El 66% de todas las recaudaciones tributarias de la República Dominicana en 2015 estuvo constituido por los impuestos indirectos. La gente entiende que es injusto porque es gravar más a los pobres, y en eso tiene razón. La gente cree también que ello obedece a la indolencia de los gobiernos, que no quieren cobrarles a los ricos, y en eso no tienen tanta razón: es básicamente porque no pueden.
En los años inmediatamente posteriores a la caída de Trujillo, los impuestos indirectos representaban el 80% de las recaudaciones impositivas, en 1975 eran el 76%, en 1990 representaban el 72 por ciento y ahora el 66%. En lo fundamental, la situación sigue siendo casi la misma. Durante ese ya largo período, muchas cosas han cambiado en la economía y en la sociedad dominicana, y varios ya (no muchos) son los gobiernos que hemos tenido. No puede ser que a todos tengamos que atribuirles la malsana voluntad de perjudicar siempre a los pobres.
Y si llegáramos a creer eso de los políticos, también admitamos que en todo ese trajinar han pasado muchos tecnócratas: economistas, contadores, abogados y en general, profesionales capacitados que antes no teníamos pero ahora sí, y algún esfuerzo deben haber hecho para cambiar esa situación. Y no han podido.
En los países subdesarrollados, cobrarles impuestos a la gente rica es mucho más difícil que a los pobres. O digámoslo de otra manera, los impuestos indirectos son los más fáciles de cobrar. Es más, tener sistemas tributarios basados en impuestos directos es casi un lujo de los países ricos. Para ilustración, véase el gráfico, con datos del 2012. Por eso, mientras en los países desarrollados la mayor parte de las obras y los programas del Estado se financian con impuestos sobre los ingresos, la riqueza o las contribuciones a la seguridad social, en los subdesarrollados se sigue dependiendo de los impuestos indirectos.
Muchas razones explican esto, incluyendo que en los países desarrollados existe una muy diferente concepción de lo que implica la vida en sociedad, y mucho más respeto y temor al Estado. No es que no lo engañen, pero es realmente más difícil engañarlo. La administración tributaria es algo que se respeta, igual que la gente respeta a los fiscales y a los jueces. Y ellos mismos se respetan.
¿Y qué tiene esto que ver con el cobro de impuestos directos o indirectos? La diferencia fundamental tiene que ver con capacidad administrativa. La principal razón es que la mayoría de los impuestos directos se pagan por autodeclaración del contribuyente y en esa declaración jurada es muy fácil falsear datos. Es más, también es fácil no hacer ninguna declaración y quedarse sin pagar. A esto contribuye la informalidad económica prevaleciente en los países pobres, que dificulta a los gobiernos cobrarles impuestos directos a esa gran economía subterránea.
En los impuestos indirectos el que efectivamente los paga lo hace a veces sin darse cuenta, porque se lo han cargado al precio de los bienes y servicios que compra o vende. Esto hace el trabajo más fácil para las administraciones tributarias débiles. Por eso los gobiernos en los países pobres optan preferentemente por impuestos indirectos.
La primera opción en los países subdesarrollados siempre fueron las oficinas de aduanas, y en un principio se dependía mucho de las recaudaciones aduanales: cobrar los impuestos era fácil porque de lo contrario no se dejaba entrar o salir los productos. Y no es que los importadores o los exportadores fueran gente pobre, pues al revés, siempre estuvieron entre los más ricos; lo que pasa es que no eran ellos los que pagaban el impuesto, sino que los transferían hacia adelante (a los consumidores) o hacia atrás (a los agricultores que producían el café, cacao, soya, carne, etc.). Es por ese fenómeno de traslación que se les llama indirectos. Las cosas han ido cambiando con el tiempo, y ya no se depende tanto de aduanas, pero se sigue cobrando a los consumidores por otros medios.
La segunda opción son aquellos productos que se caracterizan por su consumo masivo pero que su producción o venta está muy concentrada en una o pocas empresas fáciles de controlar, como las bebidas, cigarrillos, combustibles, servicios telefónicos y algunas operaciones financieras. Y más legitimación si dicho producto conduce a externalidades negativas para la salud o el ambiente.
La tercera opción es el impuesto general al consumo cobrado sobre el valor agregado (IVA, o ITBIS como le decimos aquí). En este caso, no es que sea fácil administrarlo, pues también se cobra por autodeclaración, pero al menos al que tiene que hacerla no le duele tanto pagarlo porque no se trata de su dinero, sino el del consumidor. Y aun así lo evaden bastante, quedándose con una parte (o todo) lo que ya retuvieron al consumidor.