MELBOURNE – El 3 de enero de este año, Estados Unidos asesinó a Qasem Soleimani, un comandante militar iraní de muy alto rango, esto ocurrió cuando él salía del aeropuerto internacional de Bagdad en un automóvil junto con Abu Mahdi al-Muhandis, líder iraquí de Kataeb Hezbolá, una milicia respaldada por Irán. Todos los ocupantes del automóvil murieron.
Al día siguiente, en una rueda de prensa especial, un alto funcionario no identificado del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que durante 20 años Soleimani había sido “el principal arquitecto” de los ataques terroristas perpetrados por Irán y que “solamente en Irak, él había matado a 608 estadounidenses”. Agregó que las Naciones Unidas habían designado a Soleimani y Muhandis como terroristas, y que “ambos eran unos tipos verdaderamente malos”.
En el año 2003, la inteligencia estadounidense se equivocó completamente sobre la supuesta posesión de armas de destrucción masiva por parte de Irak. Dichos errores condujeron a la invasión de Irak, que a su vez abrió el paso para que Irán y Soleimani se involucren en Estados Unidos. Sin embargo, supongamos que en esta ocasión los hechos son tal como los describe el gobierno de Estados Unidos. En dicho escenario, ¿fue el doble asesinato éticamente defendible?
Podemos comenzar con la presunción de que está mal quitar la vida humana. El presidente Donald Trump no lo negará. Hace un año, por ejemplo, dijo: “Siempre defenderé el primer derecho en nuestra Declaración de Independencia, el derecho a la vida”. Trump dirigía sus comentarios a los activistas contra el aborto, pero un derecho a la vida que se aplica a fetos también debe aplicarse a seres humanos de mayor edad.
Sin embargo, ¿existe una excepción para los “tipos verdaderamente malos”? Una vez más, para mantener el argumento lo más directo posible, supongamos que el derecho a la vida protege sólo a los humanos inocentes. ¿Quién debe juzgar la inocencia? Si favorecemos, como a menudo dicen los estadounidenses, “a un gobierno de las leyes, no a un gobierno de hombres”, debe haber un proceso legal para decidir la culpa. Desde el año 2002, la Corte Penal Internacional (CPI) ha tratado de aplicar ese proceso a nivel mundial. La CPI ha obtenido algunos éxitos notables en el enjuiciamiento de autores de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, pero el ámbito de competencia de esta Corte es limitado y la negativa de Estados Unidos a unirse a los otros 122 países que han aceptado su jurisdicción no ha sido de ayuda para el alcance de su ámbito de competencia.
A raíz del asesinato de Soleimani, Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que no hay supervisión de los asesinatos selectivos llevados a cabo más allá de las fronteras de un país. El Ejecutivo simplemente decide, sin ningún debido proceso legal o aprobación por parte de cualquier otra rama del gobierno, quién será asesinado. Aceptar tal acción hace que sea difícil encontrar una objeción basada en principios en el caso de asesinatos similares planificados o llevados a cabo por otros países. Esto incluye el “Complot en el Café Milano” del año 2011, que supuestamente ideado por el propio Soleimani y según el cual agentes iraníes planificaban matar al embajador saudí en Estados Unidos mientras almorzaba en un conocido restaurante en Washington DC.
Lo único que Estados Unidos puede decir en defensa propia con respecto a los asesinatos que perpetró es que los dirigió a tipos realmente malos, y el embajador saudí no era un tipo tan malo. Eso pone al gobierno de los hombres por encima del Estado de derecho donde prima el imperio de las leyes.
La otra justificación que el Pentágono ofreció con respecto a los asesinatos se refería vagamente a “disuadir los futuros planes de ataques iraníes”. Tal como Callamard enfatizó, eso no es lo mismo que el ataque “inminente”, el cual es necesario para justificar un acto de autodefensa según el derecho internacional. Ella también indicó que otros murieron en el ataque – según informes, murieron un total de siete personas – e insinuó que esas otras muertes fueron claramente asesinatos ilegales.
Una lectura cuidadosa de la transcripción de la rueda de prensa del 3 de enero que fue brindada por tres altos funcionarios no identificados del Departamento de Estado, revela el verdadero pensamiento del gobierno de Trump. En respuesta a las repetidas preguntas sobre la justificación de los asesinatos, un funcionario los comparó con el acto del año 1943 que derribó el avión en el cual se transportaba al almirante japonés Isoroku Yamamoto, quien había estado visitando tropas japonesas en el Pacífico – un incidente que ocurrió en medio de la guerra, más de un año después de que los japoneses atacaran Pearl Harbor. Otro funcionario dijo: “Cuando escucho estas preguntas es como si se estuviera describiendo a la Bélgica de los pasados 40 años. Es el régimen iraní. Tenemos 40 años de actos de guerra que este régimen ha cometido contra países de los cinco continentes”. En un momento, el funcionario que había comparado los asesinatos con la muerte de Yamamoto exclamó: “Jesús, ¿tenemos que explicar por qué hacemos estas cosas?”.
Si altos funcionarios del Departamento de Estado creen que Estados Unidos está involucrado en una guerra justa con Irán, tal como fue el caso con Japón en el año 1943, el asesinato de Soleimani sí tiene sentido. Según la teoría estándar de la guerra justa, se puede matar a los enemigos siempre que se tenga la oportunidad de hacerlo, siempre y cuando que la importancia del objetivo supere el denominado daño colateral que causa perjuicios a inocentes.
Sin embargo, Estados Unidos no está en guerra con Irán. La Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso la autoridad exclusiva para declarar la guerra, y este país nunca ha declarado la guerra a Irán. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, insinuó que los líderes del Congreso deberían haber sido consultados sobre el plan para matar a Soleimani. Si dicho acto fue un acto de guerra, ella tiene razón.
Si, por el contrario, el asesinato no fue un acto de guerra, entonces, como asesinato extrajudicial que no se constituye en un acto necesario para evitar un ataque inminente, fue ilegal y poco ético. Se corre el riesgo de graves consecuencias negativas, no sólo en términos de mayores represalias de ojo por ojo en el Medio Oriente, sino también porque se contribuye a una mayor disminución del Estado de derecho internacional donde prime el imperio de las leyes.
Traducción del inglés al español: Rocío L. Barrientos