Si hay una designación que ha generado expectativas y agrado en el sector de las ONGs para la infancia ha sido la de Paola Disla como presidenta del Consejo Nacional para la Niñez (CONANI), una abogada especializada en derechos de la niñez, madre, maestra, actriz conocida por su interpretación de María Moñito. Una mujer que conoce a cabalidad las apuestas y los compromisos del trabajo que le ha tocado ejercer.
Este nombramiento ha sido reforzado por la creación del Gabinete de la Niñez y Adolescencia, cuya presidencia honorífica está a cargo de la primera dama, Raquel Arbaje, y es coordinado por CONANI.
Ahora bien, ninguna institucion puede hacer milagros sin el presupuesto adecuado y sin un personal de calidad comprometido con los derechos de la niñez y la suerte de los niños, niñas y adolescentes (NNA) bajo su custodia.
En los últimos días han sido noticia dos hechos relacionados con el CONANI. Por un lado, según revelaciones del Ministerio Público, los imputados en la Operación Coral desviaron fondos de CONANI e incluso llegaron a comprar artículos de lujo con los recursos distraídos, en lo que ha sido calificado por la fiscal Yeni Berenice como “un crimen atroz y terrible”.
Pocos días después, al menos 11 empleados la institución pertenecientes a la gestión de un Hogar de Paso, fueron detenidos acusados de maltrato y negligencia. Haciendo un rápido recorrido por el caso en cuestión, se observa que la cadena CDN publicó hace al menos 7 meses testimonios de residentes en la misma zona del Hogar de Paso en cuestión, donde denunciaban la situación de las niñas que llegaban a deambular por las calles de la zona e incluso podrían haber sido víctimas de explotación sexual.
En el mismo reportaje la actual presidenta de CONANI aseguró que se había tomado el control de este hogar, que al parecer había sido objeto de denuncias desde 2014.
Los Hoares de Paso han sido concebidos para niños, niñas y adolescentes que por razones de desamparo, abandono, orfandad, violencia física, sexual o maltrato emocional requieren del auxilio del Estado.
Estos hogares están llamados a atender todas las necesidades educativas, de alimentación, protección y salud de los infantes protegidos. En resumen, a estos les deben ser garantizados todos sus derechos, atendiendo además las situaciones psicológicas de cada uno de estos niños y niñas producto de las realidades de origen.
Sin embargo, la corrupción y la violencia se han ensañado con lo más sagrado de un país, su niñez, a la que estamos llamados a proteger desde el Estado, la familia y la sociedad. Niños, niñas y adolescentes que ya habían sido víctimas en sus propios entornos, y que sin tener ningún doliente vuelven a ser víctimas de quien está llamado a protegerles.
La sociedad civil, las ONGs, debemos velar por todos los procesos que tengan que ver con nuestra niñez desde los presupuestos y su ejecución, las políticas y programas, hasta las gestiones directas de atención a niños, niñas y adolescentes bajo la tutela del Estado, apoyando además la desinstitucionalización de los mismos y su integración en familias de acogida o en sus propias familias.
Como sociedad civil tenemos que asumir nuestro rol de vigilancia y apoyar en la reconstrucción de un modelo de protección de la niñez basado única y exclusivamente en el interés superior del niño.