Hace unos meses se presentó la disyuntiva sobre si aplazar las elecciones ante la posibilidad de que pudieran provocar un pico de contagios de COVID-19 en nuestro país. Aunque no hubo unanimidad, la sociedad en su mayoría apoyó que enfrentáramos la situación tomando las medidas de lugar. Fue así como más de 4 millones de personas en un solo día nos presentamos en las urnas a ejercer nuestro derecho al voto y, como estaba previsto, el 16 de agosto de 2020 el nuevo Gobierno tomó posesión. Lograr el equilibrio entre la salud y la economía nos ha planteado la necesidad de sortear otras disyuntivas y hemos visto que se ha ido enfrentando con una apertura gradual de centros comerciales, tiendas, hoteles, bares y restaurantes.
Sin embargo, y en contraposición a lo que ha ocurrido en otros países del mundo, nuestras autoridades, sin dejar de tener sus razones, se han negado a retomar la presencialidad del sistema educativo.
El debate se postergó hasta ahora y nos encontramos en el proceso de decidir cómo y cuándo nuestros estudiantes deben volver a las aulas. Al parecer, la posición de los dirigentes del sistema educativo y el gremio profesoral de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) consideran un riesgo para la salud el regreso en cualquier esquema, lo cual contrasta con una gran parte de la sociedad que cree que con las medidas adecuadas podemos controlar el riesgo de contagio de COVID-19, a la vez que mitigamos los efectos perniciosos de tener a nuestros niños y jóvenes alejados de las aulas.
Estos efectos, el más directo la ausencia de aprendizaje en gran parte de los y las estudiantes, se expanden con otros aspectos indirectos como el aumento del abandono escolar, del trabajo infantil, embarazos en adolescentes, violencia de género, desnutrición, aislamiento social y pobreza extrema.
¿Qué hacer ante esta disyuntiva? Estoy entre las personas que cree que debemos abrir las escuelas en un plan que tome en cuenta las realidades de cada comunidad educativa y que sobre la base de cada contexto defina de forma flexible y gradual – y por supuesto con protocolos de seguridad- como retornar a las aulas.
Algo más importante aún: no perdamos las conquistas que en la última década hemos ganado con relación a concertar intereses entre los diferentes actores clave de la sociedad en lo que a la educación dominicana se refiere.
En el 2010 nos vestimos de amarillo para reclamar la asignación del 4% del PIB para la educación, un número que implica que uno de cada cinco pesos que gasta el Gobierno, va al sistema educativo pre universitario. En el 2012 creamos la Iniciativa Dominicana para una Educación de Calidad – IDEC, un foro permanente para dialogar, concertar y dar seguimiento a las políticas dirigidas a mejorar la calidad educativa de nuestro país. En 2014, con el mismo ánimo de hacer de los diferentes actores del sistema educativo un solo equipo, una amplísima representación de la sociedad dominicana firmó el Pacto Nacional para la Reforma Educativa.
Los últimos diez años se han invertido en aprender a dialogar, en escuchar y comunicar con respeto, diferencias en posturas; en aprender y desaprender y entender que en el bien mayor confluyen los intereses de todos. Una década es relativamente poco para un sector como el educativo donde los resultados se miden en generaciones, pero es un inicio y un impulso que no podemos perder.
Estimado lector, ha llegado el momento de enfrentar el desafío de recuperar la educación y de poner en marcha planes que nos permitan abordar el desastre que ha representado para muchos, y en especial para los más vulnerables, el cierre de los centros de estudio.
No es una decisión fácil porque cualquiera que sea, traerá daños colaterales, en algunos casos imposibles de evitar. Pero confiemos en el compromiso y la capacidad de los diferentes actores de la sociedad para ponderar los pro y contra de las diferentes opciones y tomemos esta decisión con espíritu democrático y colaborativo. Por el bien de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que al final es el bien de todos.