Finalmente, el presidente Medina y su gobierno se encuentran con el agua al cuello, el barco en que hasta el momento han navegado en aguas relativamente tranquilas sin mayores problemas, parece que hace agua empujado por la furia de una marea humana en ascenso y en expansión por décadas nunca vista en el país. Todo apunta a que la masiva manifestación de protesta iniciada el 22 del pasado mes de enero en la capital, será superada el próximo 22 de febrero con manifestaciones en todo el país, la firma espontánea y militante del Libro Verde contra la Impunidad es claro indicador de que así será y de que vivimos una inédita situación política que apunta hacia un cambio de régimen.
El descontento es medido de manera convincente por la última encuesta Gallup/Hoy, la cual no solo recoge la incertidumbre y miedo de la gente sobre el futuro del país, debido a la percepción que tiene sobre el incremento de la inseguridad y la corrupción. Finalmente, la corrupción se convierte en una preocupación para la mayoría de los dominicanos y ante eso, el gobierno intenta enfrentarla a través de algunas medidas que lejos de aplacar la ira popular en expansión contra el robo a los bienes públicos, la incrementa. La forma, contenido y momento de esas, ponen en evidencia que este y los demás gobiernos del PLD han discurrido en medio de la estafa y la impunidad.
Es el caso de la llamada comisión investigadora del caso de corrupción que envuelve la construcción de la planta eléctrica Punta Catalina, al momento de crearla se denunció la parcialidad de algunos miembros de esa comisión. Ya, según algunos medios, los señores Agripino Núñez Collado, quien la preside, junto a Jaime Aristy Escuder, un consultor al servicio del gobierno, han emitido declaraciones casi concluyente sobre el proceso de construcción y sobre “pertinencia de la rápida terminación de la obra”, una muestra de caradurismo y parcialización de esos señores que provocan indignación en la población hacia el gobierno y su presidente, y que evidencian que la integración de esa comisión constituye un fraude y una vergüenza para el país, tanto en el plano local como internacional.
Entre las otras medidas tendente a darle argumento al discurso que deberá pronunciar el Presiente ante el Congreso el próximo 27 de febrero, está la declaración de nulidad de la venta del barrio de los tres brazos a un personero vinculado al presidente del PRD, el traspaso a Obras Publicas la responsabilidad de construcción de planteles escolares que estaba en manos del Ministerio de Educación y que fuera una de las principales fuentes acumulación de capital para el proyecto de poder de la fracción del PLD que hoy domina ese partido; igualmente, el aumento de un 40% a los policías rasos que aun así siguen teniendo un miserable salario, por debajo del salario mínimo del sector privado.
Siguiendo el intento de desmonte de desmonte de las protestas iniciadas por el escándalo de los sobornos Odebrecht, el gobierno disuelve la CORDE, sin dar muestra inequívoca de que hará una investigación a fondo sobre las innumerables acciones dolosas cometidas por sus autoridades presentes y pasadas en las ventas de sus activos y pasivos, como también el precipitado cambio de actitud del ministro de educación al llegar a un acuerdo con el gremio de los maestros (controlado por el partido oficial) para aumentar el salario de los maestros, una medida aparentemente justa, pero que deja una nueva sombra sobre la aplicación de la Ley del 4%, sobre si esos recursos van dirigidos hacia el mejoramiento de la calidad de la educación o hacia el incremento salarial.
Mientras el gobierno toma esas y otras medidas, como la nueva ley que concentra en una sola institución el entramado de instituciones que “regulan” transito, el presidente de la Federación Dominicana de Municipios, Fedomu, anuncia que los ayuntamientos carecen de recursos para la aplicación de esa ley (y de muchas otras) porque carecen de recursos humanos y materiales para tal fin, pues de la Ley 166- 03 que le otorgaría el 10% sólo reciben alrededor de un 3%, y el principal dirigente de las empresas del transporte público manifiesta la “inconstitucionalidad” de la ley que concentra las instituciones del Estado en una sola.
Por doquier brota el descontento, y se evidencian las debilidades del gobierno, del Presidente y del partido oficial, por doquier brota el pus de estas instituciones y del grupo que la controlan, por doquier se ve el nerviosismo de un Presidente con el agua al cuello, que bien podría ahogarse en la marea humana desencadenada el 22 de enero pasado y que se continuara el próximo 22 de febrero en todo el país, como repudio al entramado de corrupción e impunidad en que discurre la presente administración, del cual el caso de los sobornos de la Odebrecht es sólo uno de sus más oscuros puntos.