En las agendas de la generalidad de las reuniones, luego de tocar los puntos centrales, suele ponerse un genérico último punto que suele habitualmente se le llama “punto libre” o “varios”. En las agendas de los partidos dominicanos, salvo en algunas reuniones durante los procesos electorales, el tema de la gestión municipal y/o de las ciudades, cuando por casualidad se aborda, sigue siendo un “punto libre” relegado a un segundo plano. Varias razones explican tal desaguisado, entre las cuales podría citarse el predominio de la cultura política del presidencialismo/centralismo, falta de institucionalidad que impide la separación efectiva de los poderes del Estado, una democracia de baja intensidad o simplemente por las limitaciones político/cultural de la generalidad de nuestro liderazgo político/social.
En los procesos electorales municipales, para las direcciones partidarias la preocupación central es quien es el mejor candidato para ganar, importa poco si puede o no hacer una buena gestión, o si tiene alguna formación para ejercer el cargo, porque desconocen el significado de la gestión municipal o de la ciudad. Lo peor es que para la generalidad de la población importa poco la capacidad o no del candidato, porque es general la falta de conciencia cívica. Cuando alguien busca ocupar un puesto en una oficina o para hacer un determinado oficio se le pregunta si tiene algún nivel de formación o un diploma que lo acredite. Sin embargo, para administrar una empresa como una ciudad, sea esta capital del país o de una región, que son las más grandes empresas del lugar, no se le pide nivel formativo alguno.
El poder municipal, conceptualmente, es el más próximo al ciudadano, es dónde mejor podría expresarse el ejercicio de soberanía del pueblo sobre su territorio. Pero en la práctica, en la gestión de los municipios aquí sus autoridades ejercen el poder al margen y generalmente en contra de los intereses de su comunidad, reproduciéndose en lo local la cultura de la corrupción y la impunidad que impera en los gobiernos centrales. Con honrosas excepciones, alcaldes, solos o en colusión con algunos regidores, disponen a su buen grado con los recursos de los ayuntamientos, asignan obras grado a grado, juntos o separados favorecen o forman compañías para gestionar servicios básicos como los residuos sólidos, o permiten el uso de los espacios públicos y hasta de calles enteras a empresas privadas.
En la gestión municipal, la corrupción es generalizada en muchos países. En Italia de los 60’, la mafia, en colusión con los ayuntamientos, hizo de la especulación del suelo urbano y la construcción de viviendas su principal fuente de acumulación, exportando ese fenómeno a otros países. Pero muchos de ellos, esa forma de corrupción fue limitada significativamente por la existencia de un marco institucional en cierta medida regulador, además por la existencia de partidos de tradición democrática, del crecimiento de la conciencia de cívica de los ciudadanos y/o por la acción de intelectuales y profesionales comprometidos con sus ciudades que pusieron los temas municipales y de la ciudad en las agendas políticas de sus países. Contribuyendo a desarrollar planes y programas de desarrollo local y de las regiones que han transformado el ejercicio de soberanía de las comunidades sobre su territorio y al desarrollo nacional
Municipios como Santo Domingo Este, Oeste y Norte, que carecen de núcleos urbanos que contribuyan a la construcción de sus respectivas identidades como elementos que favorezcan a sus cohesión espacial y territorial, crecen de manera desmesurada sin que sus autoridades municipales logren establecer el debido control de su crecimiento y con limitaciones en la gestión de los servicios urbanos fundamentales. Crecen por el impulso de la acción descontrolada del sector privado para apropiarse de suelo barato y mucho para sus actividades y por la expulsión que los costes de las viviendas y del suelo urbano que produce el también del descontrol sobre esos bienes en el Distrito Nacional. En esta última ciudad se está produciendo un proceso de pérdida de población en muchos barrios, la cual va buscando suelo y viviendas más asequible en sus alrededores, con consecuencias funestas para su economía urbana y en última instancia para el país.
Ciudades como San Francisco de Macorís, Barahona, San Cristóbal, Baní, Moca, entre otras, crecen en medio de un acentuado caos en sus zonas céntricas. Estas ciudades que son claves por su jerarquía en el entramado territorial del país, para poder desarrollar su respectivo potencial necesitan de un Plan Maestro de gestión urbana que, enmarcado dentro del plan general de ordenamiento territorial nacional posibilite el aprovechamiento de los ingentes atributos naturales de sus provincias. Esas ciudades, como los municipios que rodean la ciudad capital, deben tener un plan de gestión que les permita su desarrollo y eso no puede hacerse sino en la perspectiva de una política nacional de gestión urbana y municipal en la que, por ser nacional, el gobierno central tenga su participación.
Pero, esto es un tema político que como tal, tiene que ser enfrentado por los partidos y mientras estos tengan los temas de la gestión urbana y municipal como punto “varios” en sus agendas seguirán sin entender la relación espacio y sociedad, como lugar de interacción entre individuos e instituciones, en breve, del sistema político, y como la mejor y única vía para producir cambios sociales que contribuyan al desarrollo institucional, social y económico de las naciones en la época moderna. El presente proceso preelectoral podría ser un momento para que los proyectos de articulación de fuerzas políticas entre varios partidos y/o movimientos políticos pongan los temas de la gestión urbana y municipal como punto de agenda claves, no marginal ni “varios” en las discusiones que para tal fin tienen estas colectividades.
Lo otro es cháchara, sólo cháchara.