La nuestra es una democracia que no produce demócratas. La praxis y la asunción de la vida cotidiana de la elite política niega este sistema. Se pensaba que el recambio intergeneracional que implicó el ascenso del PLD al poder en el 1996, llevaría consigo la puesta en escena de los valores de la democracia. Nos encontramos lapidarios como señala Latinobarómetro en su más reciente Informe del 2016 “La velocidad del mundo ha cambiado, pero no así la celeridad de la política, que transita al mismo paso cansino de antes”.
Que estemos discutiendo si un árbitro electoral debe ser apartidista, que no forme parte del núcleo duro de una organización partidaria, pone de relieve la calidad de esa democracia y el mínimo de decencia de los actores políticos, que hoy reivindican el espíritu de la legalidad, pero que no ven el espacio de legitimidad y del ejercicio ético de una decisión de esa naturaleza.
El mero ejercicio de los actores políticos se circunscribe al eje del gatopardismo, cambiar algo para que todo siga igual, sobre todo, si conviene a los intereses del partido en el poder, aun cuando no a la democracia. Juegan, entonces, al aro permanente de los galimatías, hablar mucho sin decir nada. ¡Nada es expresión de una visión compartida desde el Estado! Lo refuerza el Reporte de Harvard de julio del 2012 “Construyendo un mejor futuro para la República Dominicana. Herramientas para el desarrollo”. En ese Informe ya para esa fecha, nos advertía como en la década del 90, el financiamiento era para inversión y en cambio, ahora, es para el consumo. Que ese modelo económico no es sostenible. Sin embargo, lejos de mejorar después de aquel diagnóstico, hemos desmejorado en esa importante relación. La fiscalidad y el endeudamiento nos acechan en una perspectiva de futuro verdaderamente incierta. Aquí cabe, como esa pobre clase política, están comprometiendo el futuro para solazarse en el presente.
El gatopardismo más elocuente, actualmente, es como el Senado que duró 6 años y que ahora el 87.7% se reeligió, no pudo adecuar la Ley 275-97 a la Constitución de la República del 2010. Se supone que, en la jerarquía de las leyes, la Constitución alcanza una supremacía y anula, en consecuencia, de pleno derecho “toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a la misma”, según el artículo 6. La Constitución del 2010 nos habla del Artículo 214 acerca del Tribunal Superior Electoral. Este entró en vigencia en el 2012, lo cual anuló automáticamente los artículos 4, 5 y 6 sobre la composición e integración de la Junta, donde existían dos Cámaras (Administrativa, Contenciosa) y un Pleno integrado por 9 Miembros.
¿Dónde está el vacío y cómo es posible que los Senadores se manejen de esa manera? ¿Qué paso que en 6 años y 9 meses ni siguieran pudieron cambiar el referido artículo, pereza, generosidad con los abogados porque la mayoría de los políticos estudiaron Derecho aun sea en la Tercera Edad? No lo sabemos. Pero lo cierto es que a la luz de los cambios operados en el 2010 y la respectiva modificación en el estamento contencioso-administrativo, la Junta no requiere de competencias total de abogados.
Ello así porque su naturaleza cambió, en consecuencia, su perfil de funciones, de tareas, de jerarquía, cambiaron y obviamente, las competencias para ser Miembro de la Junta, cambiaron y eso tenía que darse expresamente ahora en el 2016. La escogencia de solo abogados entra en una zona gris en el marco de la legalidad y en la legitimidad, sería ostensible su inobservancia.
Un pragmatismo atroz, salvaje, ignominioso, que dibuja la entera iniquidad en las decisiones de los actores políticos, en este caso, de los Senadores. Si estos solo escogen abogados estarían contraviniendo el Artículo 39 DERECHO A LA IGUALDAD de la Constitución, pues ahora, en la Junta pueden ser titulares, profesionales de la Administración, de la Informática, de la Sociología, Politólogo, etc. etc. Sencillamente, sería una discriminación.
El gatopardismo cobra más cuerpo hoy, al verificar con el Estudio que hizo Participación Ciudadana acerca de las condiciones de trabajo de la Policía Nacional, llora ante la presencia del Señor al ver aquellos datos y las condiciones infrahumanas en que se encuentran los destacamentos de la Policía Nacional. Solo el 32% de los destacamentos tienen luz las 24 horas del día; un 30% apenas tienen agua dentro; hay destacamentos con letrinas; no hay enchufes eléctricos; las condiciones de salubridad, los escritorios y donde tienen que anotar las denuncias…wao, es como si estuviéramos en el Siglo 19 y comienzo del 20.
El Director General de la Policía gana RD$81,785; los Coroneles RD$23,500.02; los Tenientes Coroneles RD$22,500.02. En cambio, un Regidor de la Provincia de Santo Domingo pasó a ganar RD$230,000 pesos con solo tener que ir dos veces al mes a reuniones del Concejo. En Santiago, en el período de la transición, se aumentaron a los Regidores RD$250,000 pesos y al Alcalde RD$460,000. ¡Se quedó así! También es el caso dela violación de la Ley 42-08 (Ley de Procompetencia) donde el Presidente viola la Ley y la Cámara de Diputados, que está para controlar y fiscalizar al Poder Ejecutivo, lo que hace es refrendar esa violación. Todo esto pone en evidencia el orden, la jerarquía con que la clase política asume la organización social del cuerpo de la sociedad dominicana, nos radiografía el lastre y el desastre que representan los actores políticos de este desaguisado social.
Es la devaluación clarificada del Capital Político. Los partidos políticos constituyen la institución peor valorada en los rankings conocidos. La percepción que se tiene de la Policía, después de comprobar, merced al estudio de Participación Ciudadana, en gran medida, es un axioma, un corolario, de la disfunción del Capital Político, su altura, alcance y desniveles.
Los órganos que expresan y representan directamente a los actores políticos (Congreso, Ayuntamiento) están dejando con su praxis una madeja enmarañada de opacidad que dificulta su razón de ser, dejan mucho que desear poniendo en riesgo la democracia “Churchilliana” que decía “La democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno. La democracia es el peor sistema, excepto para todos los otros”. Con este lacerante gatopardismo y galimatías de la partidocracia dominicana, un componente significativo de los jóvenes (53%) ya no está creyendo en la democracia y esto es por los frutos que le arroja la misma y por la forma en que vive y decide la oligarquía política dominicana.