Nuestras autoridades quieren convencernos de las bondades de un acuerdo que vienen gestando hace tiempo, que no solo validaría el bochornoso fraude inmobiliario de Bahía de las Águilas sino que beneficiaría significativamente a sus promotores o a los terceros vinculados; lo que lo convertiría en el fraude inmobiliario más rentable para sus fraguadores.
La maquinaria gubernamental de comunicaciones en su desesperado intento de persuadir a la opinión pública, pretende hacernos creer que la única vía de desarrollar el Sur y finiquitar el conflicto en Bahía de las Águilas, es arribar al acuerdo transaccional que contemplan firmar; para el cual aparentemente solo falta estampar las firmas puesto que hasta el poder especial del Presidente fue expedido, cuyo contenido resume los puntos del borrador de acuerdo que ha circulado en las redes.
Sin embargo las verdaderas razones que han hecho a nuestras autoridades acordar esta transacción, más que legales son políticas. Independientemente de que nuestra justicia sea lenta este caso no se ha resuelto porque ha faltado voluntad política, puesto que quienes orquestaron ese fraude, y son sus beneficiarios reales u ocultos, son mayoritariamente personeros de un partido político aliado de este y anteriores gobiernos.
Basta examinar el historial de actuaciones de parte de los distintos gobiernos de los dos partidos que han tenido que ver con este tema, desde que en el año 1997 fue denunciado por el entonces director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), para concluir que el Estado no ha tenido la voluntad para sancionar este fraude. Prueba de esta actitud negligente son los numerosos reenvíos de las audiencias del caso penal, así como el desistimiento de todas las acciones operado el 13 de agosto de 2004 por el entonces Procurador General de la República, que aunque el actual lo revocó, la intención de su gobierno es producirlo nuevamente.
Lo cierto es que la suerte de este expediente dependía del tratamiento que se le diera a la acción penal. Si se hubiesen obtenido las condenaciones correspondientes contra los autores del fraude, las litis sobre los terrenos habrían transitado el camino de la solución, que nuestras autoridades nos quieren vender como inalcanzable.
El tratamiento de este caso debe partir del hecho del fraude cometido y como dice un milenario adagio latino “fraus omnia corrumpit”, esto es, el fraude lo corrompe todo. Por eso no podemos permitir un acuerdo transaccional en que el Estado valide este fraude y beneficie con sumas millonarias a un grupo de personas que o participaron del mismo, o se hicieron cómplices, o adquirieron esos terrenos a sabiendas del riesgo que asumían, lo que sería un funesto precedente.
Este fraude colosal no puede ser validado y por el contrario debería provocar que modifiquemos el absurdo esquema de propiedad y gestión de los bienes del Estado que solo ha servido de fuente de corrupción; para impedir que el patrimonio nacional siga siendo desguazado a través del IAD, el CEA, Bienes Nacionales y otras entidades por los insaciables buitres de siempre que pretenden adueñarse de nuestra hermosa Bahía de las Águilas.