Algunos problemas nacionales demandan urgentemente ideas innovadoras. Entre los más graves entuertos figuran los fondos de pensiones, las distribuidoras de electricidad y el Banreservas. Si revisamos sus resultados, todos parecen estar manejados con la racionalidad de amateurs. De ahí que, aunque atrevido, sea posible preguntarnos qué pasaría si los fondos de pensiones compran al Estado las distribuidoras y el Banreservas. Bien articulada, esa operación podría ser una bendición para las finanzas públicas y la justicia social.
Aunque la limitada cobertura del sistema de pensiones se reputa como su principal problema, la canalización de sus inversiones presenta también un reto mayúsculo de sostenibilidad. La actual “canibalización” de los fondos de pensiones retrata su perversidad. “Al 29 de febrero de este 2020, el sistema previsional dominicano tenía invertido RD$651,034.78 millones, con una rentabilidad promedio de 10.74%. De estos, un 35.75% está colocado en títulos de Hacienda y un 41.72% en títulos del BCRD, para un 77.8% de los recursos. Los bancos múltiples tienen un 9.51%, Asociaciones de Ahorros y Préstamos (AAyP), y Bancos de Ahorros y Créditos, un 0.09%; las empresas privadas 4.95%; organismos multilaterales como el BID-Invest y la IFC del Banco Mundial, un 0.10%. Otras inversiones se encuentran colocadas en fideicomisos de oferta pública, un 0.64%, y un 5.20% en Fondos de Inversión”. El total del patrimonio asciende a US$11,225 millones (al 58×1)..
Lo anterior revela dos problemas graves para los dueños del patrimonio previsional. Lo primero es que casi el 80% de la inversión está en manos del Estado y lo segundo es que tiene una rentabilidad nominal promedio de 10.74%. La participación del Estado es peligrosa porque, aunque en varios países latinoamericanos esos fondos terminan en manos estatales, la posibilidad de que el Estado pueda pagar los intereses será siempre incierta. (La deuda cuasi fiscal del Banco Central paga los intereses porque el señoreaje –la ganancia que reporta la capacidad de emisión monetaria — se lo permite.) Además, al no amortizarse el capital no hay defensa contra el impacto de la inflación sobre él. El patrimonio así invertido va perdiendo su valor real con el tiempo.
En cuanto a la rentabilidad se genera el mismo espejismo. Aunque en el 2017 se reportó la rentabilidad real en 6.45%, la tasa es espuria porque se calcula sobre la base de la tasa de inflación que calcula el Banco Central. Daria trabajo encontrar un economista del patio que crea esas cifras del Banco Central; la presunción es que la inflación real es siempre mucho mayor. Es posible que con una inflación más alta todavía se podría conseguir una tasa de retorno real mayor a la que pagan los bancos comerciales en Europa y EE. UU. por sus certificados de depósito. Pero lo importante es que, si los recursos fueran manejados por varios fondos de inversión de Londres, Zurich y/o la Isla de Man, la tasa real fuera mucho mayor.
Para el interés colectivo de los trabajadores el problema es todavía peor porque quienes mas se benefician son el Estado y las AFP de sus cotizaciones. El gran negocio para estos últimos es que ganan una jugosa intermediación casi sin ningún riesgo al prestar al Estado. Los bancos comerciales que son propietarios de las mas grandes AFP se benefician tambien pagando una baja tasa de interés (6%) por el uso de los recursos que detentan. Como el gobierno de turno decide tales sórdidas realidades, los trabajadores son corderitos obedientes que deben aceptar las truchimanerias que les deparan.
Para defender mejor los intereses de los cotizantes, entonces, resulta imperativo buscar mejores esquemas de manejo que generen una mejor tasa de retorno. Es generalmente aceptado que la Ley No.87-01 de Seguridad Social debe ser actualizada y que un gran entuerto a resolver es precisamente el del rendimiento y manejo por parte del Estado y de las AFP de los fondos de pensiones. Por eso deberá considerarse la idea de que los fondos de pensiones compren las distribuidoras de electricidad y al Banreservas. (Tambien podrían invertir eventualmente en energías renovables y/o en proyectos de viviendas estatales.) Por supuesto, como esos dos activos estatales son lacras del desarrollo político y económico, la idea solo tendría validez si se puede garantizar que el manejo de tales activos será profesional y no politizado.
De las falencias de las distribuidoras se podrán escribir volúmenes, pero sus perdidas son tan desgarradoras y costosas que ya no se requiere abundar sobre el asunto. Aun después de que este nuevo gobierno ha agotado seis meses de gestión y que había prometido en la campaña electoral resolver ese problema, los últimos reportes indican –tal vez por estar ahora sincerados—que las perdidas totales de las tres distribuidoras (EDEESTE. EDENORTE, EDESUR) alcanzan, según el CREES, el 41% de la energía comprada. Para más escandalo recién se reporta que en EDEESTE las perdidas ascendieron a la mitad de la energía comprada en el 2020. Para que empresas deficitarias puedan ser atractivas para los trabajadores, por tanto, se deberán buscar esquemas que permitan su gradual recuperación y eventual rentabilidad.
Los trabajadores tomarían el control de las distribuidoras y licitarían su manejo internacionalmente para asegurar profesionalidad y honestidad. Pero para lograr hacerlas rentables se requieren dos compromisos fundamentales que haga el Estado. El primero tiene que ver con el precio de compra de la energía y con la tarifa que autorice la Superintendencia de Electricidad. El Estado deberá permitir un margen de intermediación adecuado. Con este se conseguiría una tasa de retorno a la inversión mucho mayor que la que supuestamente se consigue ahora. Lo segundo es que el Estado se comprometa a subsidiar, durante los primeros cinco años de la nueva administración, una proporción de los déficits incurridos que, empezando en un 80%, vaya disminuyendo hasta llegar a cero al final del periodo.
De Banreservas es vox populi que representa un anacronismo porque en una economía de mercado no se concibe que el Estado le haga una competencia desleal al sector privado con un banco comercial. Pero tambien porque ha representado una retranca al desarrollo por el apoyo fiscal que les brinda a los gobiernos de turno y porque ha sido una fuente de canonjías y privilegios para la clase política que le impide ser rentable. (Nunca se ha anunciado el rendimiento del capital, aunque si se publican cifras millonarias para alimentar el morbo populista.) Al no tomar ninguna medida especifica al respecto se debe colegir que para el presente gobierno la situación de esa llaga del sistema político y de las finanzas públicas parece convenirle.
El Banreservas tiene una posición de mercado y un tamaño que permite vislumbrar una buena rentabilidad si se maneja con criterios privados. Para lograrlo los trabajadores emplearían bancos de inversión extranjeros, preferiblemente suizos o japoneses.
Para que tenga un asidero más sólido, la idea planteada aquí parte de la premisa de que el Estado deberá tasar los dos activos –distribuidoras y Banreservas—para establecer un precio justo. Los trabajadores comprarían esos activos con los fondos en poder del Estado que les pertenecen. Y si hace falta alguna diferencia, el Estado habrá de concederle un plan de pago que sea justo para ambas partes. Los beneficios de esas empresas bien manejadas cubrirían cualquier obligación de pago futuro. Es de suponer, sin embargo, que con el equivalente a US$8,980 millones en poder del Estado –80% del total acumulado– eso no será necesario.
Lo trascendental de lo propuesto sería el traspaso a sus dueños del manejo del patrimonio. Una ley especial crearía un Consejo de Administración compuesto por representantes de los trabajadores, el cual rotaria un tercio de su membresía cada dos años. En la apropiada escogencia de esa membresía estaría tal vez el mayor reto del esquema propuesto. Habría justicia si los dueños dilapidan su patrimonio porque a ellos les pertenece, pero la apuesta es que el interés colectivo garantizaría un buen manejo, especialmente si se mandan auditorias anuales de la Cámara de Cuentas y otras entidades auditoras privadas.
Huelga señalar que el gran beneficio para la sociedad seria no solo que se conseguiría un más idóneo manejo de los dos grandes activos mencionados y que los trabajadores devengarían una rentabilidad mayor para sus ahorros previsionales. Tambien seria que nos liberaríamos de los yugos respectivos y que el sistema político mejoraría en términos de transparencia y honestidad.
