Mientras mas lesivo es un contrato para el Estado dominicano mejor protegido está legalmente. Enmascarados o a la luz del día hay numerosos ejemplos.
Está claro que los colombianos que construyeron la carretera a Samaná, igual que si fueran chinos o marcianos, harán todo lo posible para no soltar la teta de la que, con glotonería, maman con sus cómplices criollos que reciben una parte de los 10 millones de dólares mensuales como parte del acuerdo mafioso. Pero, nosotros en RD, tenemos alternativas para el peaje sombra y otros contratos de esa calaña.
El precio del nickel estaba por las nubes a mediados de los años 80 y el país no recibía los beneficios según los términos del contrato vigente. Balaguer, electo en 1986, obligó a Falconbridge a renegociar el acuerdo entre las partes. Con las modificaciones y adaptaciones de lugar, la táctica empleada entonces puede ser reutilizada ahora.
Balaguer, desde el Palacio Nacional y por trasmano, alentó una campaña de opinión pública en contra de Falconbridge. Usó a los dirigentes de su propio partido para desacreditar a la empresa, debilitar su posición negociadora, alborotar a los sindicalistas; la población de las barriadas, que ya tenía otras quejas y disgustos de su propia cosecha, abrazó con fervor la causa contra la empresa minera.
Se reclamaban los impuestos, beneficiar la provincia, se denunciaba las áreas minadas aun no reforestadas. Se llegó a decir que en el ferroníquel se exportaban metales preciosos no declarados. Las protestas se hicieron frecuentes y a veces violentas. El estado de ánimo era abierta y masivamente contrario a la empresa. La empresa fue acusada de contaminar el aire, las aguas y los cultivos. Todos los males de siempre le fueron atribuidos.
Falconbridge empezó a verse sin futuro y su reputación y el precio de sus acciones sufrió daños.
En algún momento el gobierno suspendió los embarques de níquel. Todo era parte de una escenografía. Todo estaba listo. Falconbridge fue literalmente obligada a renegociar el contrato.
¿Como puede el gobierno dominicano, sin violar el derecho internacional ni sus propias leyes, forzar a los colombianos a renegociar un contrato que naturalmente aquellos no tienen la mas mínima intención de modificar? Hay leyes nuevas que se pueden emitir, hay cargas fiscales que se pueden imponer, hay mil formas de acoso que se pueden poner en marcha.
Y hay otra ruta también. La carretera Santo Domingo-Samaná es un oprobio no solamente por el contrato que la ampara sino por la ejecución. Es una carretera mal hecha, sin peralte en las curvas y con los peores accesos (salidas y entradas) que yo haya visto en toda mi vida. Los inspectores y/o sus jefes de Obras Públicas que trabajaron ahí y que aceptaron y recibieron la obra debieron ser juzgados por negligencia y complicidad al igual que los que negociaron ese contrato. ¿Pueden todavía ser juzgados?
Nadie espera que la empresa se interese por nuestro país ni esté en ánimo de cooperar. Pero no creo imposible investigar y encontrar beneficiarios y testigos de los sobornos pagados. Lo que no se pueda encontrar en cláusulas del mismo contrato debe aparecer en el rastro del dinero porque ningún funcionario fue tan ignorante ni tan estúpido para no hacerse de una millonada.
Los que estuvieron legalmente involucrados deben ser investigados, sus bienes, sus declaraciones a la renta y en esa investigación el gobierno puede y debe solicitar ayuda a los organismos de inteligencia de países amigos como son en este caso Colombia y los Estados Unidos. Este último en particular puede ser de gran ayuda por el alcance global de sus agencias de investigación y por los dispositivos y previsiones del Magnitsky Act.
Ahí se movió dinero y mucho. El timo a esa escala es un tema de justicia penal no de derecho civil. Nadie firma un adefesio a esa escala sin recibir un río de papeletas de por vida. Investigando criminalmente las finanzas de la empresa colombiana, sus antecedentes y verificando las cuentas de los dominicanos que intervinieron encontraremos, NO LO DUDEN, rastros de la acción criminal y en ese caso, los ilícitos cometidos deben servir para anular el contrato y meter preso a los canallas firmantes y a sus mandantes.
Aunque en lo legal puede cumplir con los elementos formales de un contrato, toda la ejecución lo revela como un atraco. Donde fue, va a irá ese dinero es la pista que deben seguir las autoridades. Follow the money y entenderemos que deshacer ese entuerto es más un tema policial que legal. Una buena gestión de detectives dará mejor resultado que la más experta y enjundiosa consulta legal. En todo caso, la primera demandará en su momento de la segunda.