Desde hace algún tiempo el senador Félix Bautista se ha convertido en el símbolo de la corrupción pública, pero, luego de la sentencia de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia que ha confirmado que no debe ir a juicio de fondo, se ha convertido además en el símbolo de la impunidad en nuestro país, ambos aspectos desde el punto de vista de la percepción pública.
Ya que la justicia dominicana no ha podido alcanzarlo, la percepción ciudadana se ha encargado de juzgarlo y condenarlo y él está perfectamente consciente de su situación pero parece no importarle, o por lo menos no está dispuesto a demostrar su inocencia en un juicio de fondo, como alguna vez alegó era su intención. Por el contrario, ondea las seis sentencias con las que ha resultado favorecido por la Suprema Corte de Justicia, pero nada dice de su obligación de rendir cuentas al país sobre el origen de su fortuna y de la clara contradicción entre ésta y su declaración de bienes, que valió la siguiente frase de la magistrada Miriam Germán en su voto disidente:
“En esta etapa procesal basta que en base a las pruebas lícitamente obtenidas, los hechos se presenten como probables para una declaración de culpabilidad, tal es el caso del falseamiento en que incurrió el Senador Félix Ramón Bautista Rosario en su declaración jurada de bienes. Procede pues el envío a juicio de fondo del Senador por los hechos precedentemente señalados.”
Ese párrafo parecería de una sentencia al fondo pues la magistrada utilizó un lenguaje de condena al fondo (“el caso de falseamiento en que incurrió”), y tal vez sea lo único que quede de un caso de fraude descomunal, además de la percepción ciudadana, de la que no podrá librarse el senador.
La justicia dominicana ha sido víctima favorita de las andanzas del senador Bautista. Recordemos como el caso de la Sun Land, originado por el mismo personaje, marcó el principio del fin de la Suprema Corte de Justicia presidida por Jorge Subero Isa. La sentencia de este caso confirmó la regla de que cuando la política entra por la puerta del tribunal, la justicia salta por la ventana. Esa Suprema Corte, dividida en tres para ese caso, jamás volvió a ser la misma.
El senador Bautista volvió a trae división en la Suprema Corte de Justicia, ahora en su Sala Penal, cuando los cuatro jueces que conocieron la apelación del ministerio público contra la decisión del magistrado Moscoso Segarra que le favoreció con un no ha lugar, no pudieron decidir el caso y terminaron empatados a dos, debiendo nombrarse una quinta jueza y celebrarse nuevamente el juicio para que finalmente se conociera la decisión tres a dos a favor del invencible e impune Bautista.
Pero, al margen de las cuestiones técnicas, que cada juez defenderá de acuerdo a la posición adoptada, el proceso ha quedado empañado. Primero por la designación de un Juez de la Instrucción Especial, el magistrado Moscoso Segarra, que tenía un claro conflicto por haber sido en el pasado compañero de partido (ambos miembros de su Comité Central) del imputado, pero además porque todas las posiciones públicas que ha ocupado, Comisionado para la Reforma y Modernización de la Justicia, Fiscal del Distrito Nacional y Juez de de la Suprema Corte de Justicia, se las debe al jefe político de Félix Bautista, el ex presidente Leonel Fernández.
En segundo lugar, porque el magistrado Fran Soto jamás debió participar en el conocimiento del recurso de apelación del auto de no ha lugar, por exactamente las mismas razones que le impedían al magistrado Moscoso Segarra hacerlo, además de por haber ordenado previamente el levantamiento de la nota de advertencia que la Procuraduría inscribió en Santiago en perjuicio del senador.
Pero además porque hubo la necesidad de nombrar un quinto juez para desempatar la decisión, y la designada fue la magistrada Mariana D. García Castillo, jueza con 14 años en la carrera judicial, con buen desempeño de acuerdo a sus evaluaciones, pero cuyo esposo había sido ayudante de Radhamés Jiménez en la Procuraduría General de la República y se le atribuye un fuerte vínculo con éste, quien es el brazo en lo legal y judicial del ex presidente Leonel Fernández Reyna, líder del grupo dentro del PLD al que pertenece el senador imputado.
Existiendo un escalafón judicial, bien se pudo buscar al mejor colocado en dicho escalafón, para tomar la decisión sobre una base objetiva, pero sobre todo, en un país donde nos conocemos todos, por lo menos buscar a un juez de apelación que no tuviera vínculos con el grupo político al que pertenece el imputado, que los hay, como los magistrados Julio Canó, Ignacio Camacho o Ramón Horacio González Pérez, pero todos ellos están afectados de ese virus denominado independencia al que le temen los políticos. Tratándose del caso de corrupción pública más grande en toda la historia de la República Dominicana, se debió manejar con aquella frase de que la mujer del César no solo debe ser honrada sino también parecerlo, y no fue así.
Podrán eliminar como pruebas por razones técnicas las certificaciones de la Superintendencia de Bancos que describen como más de 26 mil millones de pesos pasaron por las cuentas de los imputados y sus compañías relacionadas, pero la veracidad de su contenido no ha sido desmentida. Cada uno de los cinco jueces que participaron en la apelación, como el país que da seguimiento a estos casos, saben cómo se movieron esos fondos pues no fue juan de los palotes quien lo certifica sino la Superintendencia de Bancos. Es como incautar el arma homicida con las huellas del asesino, pero hacerlo en el domicilio del imputado sin autorización del juez. El asesino saldrá en libertad, pero nadie dudará de su culpabilidad. Esa es la ruta que ha escogido el senador Bautista, quien no ha demostrado ni en los tribunales ni en ningún otro lado el origen de su enorme fortuna, a pesar de la disposición constitucional que invierte la carga de la prueba y le obliga a probar la licitud de la misma.
Finalmente el senador Bautista ha logrado lo que muchos entendíamos imposible: vencer el ánimo del Procurador General de la República, quien ha declarado que no recurrirá en casación la decisión por no confiar en la Suprema Corte de Justicia. No podemos creer, y menos entender, esta postura del máximo representante del ministerio público, que robustecerá la percepción pública de que Félix Bautista es indiscutiblemente el símbolo de la impunidad en la República Dominicana, pues de no recurrirse la decisión que lo favoreció, el caso quedaría definitivamente cerrado una vez venza el plazo para recurrir el 11 de noviembre, sin permitir que cada uno de los restantes jueces de la Suprema Corte de Justicia asuma su responsabilidad histórica ante el país y no será culpa de ellos sino del Procurador.