Decir que estamos sitiados por una grave crisis sanitaria y por otra de tipo económico equivale a llover sobre mojado.
Lo que no tenemos claro es cómo ni cuándo saldremos de ellas y, más aun, en qué condiciones quedaremos.
De su lado, la economía sufrirá inevitables y traumáticos ajustes.
En el corto y mediano plazos no más turismo y pocas remesas, para citar solo dos variables.
En resumen, ¿podrá el Estado sostener durante dos o tres meses la carga de gran parte de la demanda y la oferta del país? ¿Pagar los salarios propios y subsidiar los de las empresas privadas que cierran por la epidemia?
Es evidente que será cuando pase el pico de la curva de contagio que los dominicanos le veremos el real y feo rostro al coronavirus.
Ahora bien, aparte las crisis esbozadas, nuestra sociedad parecería estar incubando otra tan peligrosa como las pre citadas. Por ejemplo, llegado al consenso nacional de que las elecciones presidenciales y congresuales no podrán ser realizadas el 17 de mayo próximo, se ha iniciado otro debate en búsqueda de una nueva fecha.
La nueva fecha debe ser razonable, en función de la evolución de la crisis sanitaria, y en atención a la obligación de respetar la fecha en que se juramenta el nuevo presidente electo que, según la Constitución, deberá ocurrir el 16 de agosto. Nuestra Constitución no dice qué hacer si el país no puede celebrar las elecciones presidenciales antes de agosto y, por su lado, el coronavirus no sabe de Constitución. Estamos compelidos, pues, a evitar a toda costa caer en un limbo presidencial, llegar a 16 de agosto sin presidente electo y amanecer el día 17 con un Estado sin cabeza legítima.
Por esas razones todas las teorías y propuestas escuchadas y leídas encuentran su limite obligado en el vetusto muro constitucional del 16 de agosto.
La otra realidad es que sea en junio o en julio, las elecciones se harían con el coronavirus flotando entre nosotros; menos intenso, pero con coronavirus.
Celebrar la primera vuelta el 12 de julio y la segunda el 28 del mismo mes, como proponen lideres de algunos partidos políticos, sería quedarse casi sin ningún margen para asimilar cualquier eventual imprevisto o hecho de “fuerza mayor” antes del mes de agosto. Sería un calendario muy ajustado, sin huelgo y, consecuentemente, de alto riesgo comparado con el peligro que queremos evitar. Una fecha adecuada, conservadora, seria la del 28 de junio para la primera vuelta.