Las migraciones han pasado a ser tema de alto interés de las agendas políticas de todos los países. En el nuestro, el abordaje se ha focalizado selectivamente en la “migración haitiana”, asumida, desafortunadamente, con simplismo, fanatismo, prisas inusuales, “desmemoria”, torpeza y demagogia. Los mismos que han secuestrado la democracia dominicana, quieren también secuestrar la compleja realidad migratoria dominico-haitiana, despertando viejos resentimientos históricos, prejuicios y miedos para ganar votos. Más allá de esto, el tema nos concierne a todos, sin miedo que nos tilden de traidores, chantajistas o vende patria.
La “situación migratoria” dominico-haitiana siempre estuvo ahí y pareciera que a nadie le interesó. Hubo momentos en que los que hoy son vistos y considerados como invasores y usurpadores del lado nuestro de la isla -con o sin papeles- fueron aceptados como co-asociados de nuestra economía azucarera e indispensable para el éxito de la industria de la construcción y los trabajos del campo. Hoy, en nombre de mecanismos jurídicos muy controversiales, se les empuja para que salgan de donde otrora fueron considerados indispensables.
Necesariamente, al abordaje jurídico hay que sumarle el ético, ya que la ética puede ayudar a juzgar el valor de los elementos morales presentes en las acciones políticas, al tiempo que resulta un mecanismo de protección contra la vulnerabilidad del individuo. La ética nos permite hacer evaluaciones morales mejor pensadas, más críticas y más racionales del comportamiento ajeno, de la organización de la sociedad o de decisiones públicas o privadas.
Desde los linderos de le ética habremos de observar y vigilar las decisiones políticas que se toman o pretenden tomarse sobre la situación migratoria dominico-haitiana y exigir el cumplimiento de normativas nacionales e internacionales que regulen la responsabilidad de los gobernantes, los legisladores y los tribunales. Además, los preceptos éticos universales comprometen a la construcción de una “aldea global” más justa y solidaria, donde los migrantes encuentren un puesto justo en la nación que los recibe, y sean tratados como colaboradores de ciudadanía y no como sujetos invisibles y excluidos.
Más que realizar “periplos diplomáticos”, presentándonos como los buenos de la película o apelar a repatriación abrupta y despiadada, el país debe más bien abocarse a propiciar y aceptar el diálogo, el debate y el entendimiento común con Haití – así como un diálogo multilateral- para afrontar la migración legal e ilegal de manera integral y armoniosa más allá de la deportación y la guerra psicológica en contra de los ilegales haitianos y hasta de descendientes de éstos considerados ya como nacionales.
Si bien es cierto que los Estados tienen el derecho soberano de dictar sus políticas sobre migración, no es menos cierto que tal derecho está restringido por las obligaciones contraídas voluntariamente por ellos en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Como fenómeno esencialmente humano, prácticamente todo lo relacionado con la migración es una cuestión de derechos humanos.
Es esa misma condición la que obliga al país a caminar al ritmo de la gobernanza internacional de la migración y los derechos humanos. Siendo que la gobernanza de la migración internacional –según la Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacionales- “debe entenderse como un proceso en el que el marco conjunto de normas jurídicas y estructuras orgánicas regulan y determinan el actuar de los Estados en respuesta a la migración internacional, al abordar derechos y obligaciones y fomentar la cooperación internacional”.
En los últimos años, ha habido un mayor consenso respecto a la importancia de la cooperación bilateral, regional e internacional en materia de migración contemporánea. En la Declaración del Milenio se pidió a los Estados “que adoptaran medidas para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos de los migrantes, los trabajadores migratorios y sus familiares”. MERCOSUR y CARICOM han también establecido mecanismos relacionados con el pleno reconocimiento y respeto de los derechos humanos de los migrantes internacionales.
Más recientemente, la III Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, celebrada en enero de este año en Costa Rica, asumió: “Reconocer la necesidad de fortalecer el vínculo entre migración internacional y desarrollo, el aporte de los migrantes al desarrollo de los países de destino, colocando en el centro del tema a la persona migrante y su familia y no a su condición migratoria, entendiendo que es obligación de todos los Estados —de origen, tránsito y destino— garantizar el pleno respeto de todos los derechos humanos de las personas migrantes independientemente de su estatus migratorio, incluyendo la migración de niños, niñas y adolescentes, acompañados y no acompañados y su interés superior, evitando la exacerbación de las vulnerabilidades”.
Ante la reiterada y sensata invitación hecha al gobierno dominicano de asumir la situación de los migrantes internacionales, y principalmente la de los ciudadanos haitianos, con una visión de comunidad mundial y regional, pretender hacerlo solo no puede ser más que una muestra de enanismo político insular o un convite para despertar adhesiones electoreras en el 2016.