En un acto donde la audacia se mezcla con la chapucería, algo consustancial al danilopeledeismo, el Procurador General de la República informó sobre la orden de arresto de catorce personas acusadas de ser favorecidas por los sobornos de Odebrecht. El acto, a pesar del desprecio a elementales sentido del debido procedimiento y hasta de justicia, tiene una enorme trascendencia porque marca un antes y un después en la lucha contra la corrupción e impunidad en que discurren los sistema político y judicial del país; y porque la razón principal para que ese Procurador ordenase el apresamiento de políticos de altísimo calibre, ha sido la determinante acción en las calles de una pluralidad de actores político/sociales y por la presión internacional.
La acción del Procurador, vale decir, del gobierno del presidente Medina, es sólo el inicio de una nueva fase del movimiento de protestas que tiene como punto más visible las Marchas Verdes que han jalonado el proceso político dominicano en los últimos cinco meses. Un record. Ello así, porque con el referido acto se ha pretendido escoger algunas figuras para sacrificarlas y para proteger a los más connotados implicados en las acciones de corrupción y sobornos propiciada por la empresa arriba mencionada. En tal sentido, nadie en su sano juicio puede aceptar como justicia que no figuren en la lista de implicados del Procurador los senadores Reynaldo Pared y Cristina Lizardo, en cuyas presidencias del Senado aprobaron 28 contratos del Estado con Odebrecht, cuyo monto constituye el 91% del valor de las obras construidas.
De los 14 implicados, seis están relacionados con dos obras cuyo monto constituye el 9%. Eso no significa que algunos de ellos no podrían haber cometido faltas graves, pero lo que es inexplicable para cualquier observador nacional o extranjero es que además de los dos senadores arriba mencionados, además del gerente del proyecto Punta Catalina, el ministro de Obras Públicas y el presidente Medina, principal beneficiario en el país de parte de los recursos destinados por Odebrecht para financiar campañas electorales, no solo no estén en esa lista sino que no han sido investigados por sobornos de esa empresa para obtener y sobrevaluar contratos de obras, como tampoco otros nombres que surgirán durante el proceso a los implicados.
Posiblemente con algunos de los apresados o por apresar se haya llegado a un acuerdo, pero las declaraciones de algunos de ellos antes y después de su apresamiento evidencian que con ellos no hubo acuerdo, por la cual podrían mencionar otros nombres, haciendo insostenible la acción del gobierno. Pero, lo que sí queda claro es que de la misma salen irremediablemente afectados los partidos y los dirigentes políticos justa o injustamente implicados. Un partido con cuatro miembros de su comité político, además de su secretario de finanzas y otro con su presidente y el vocero de sus diputados presos en esa circunstancia, marca un antes y un después para estas colectividades y para el entramado corrupción e impunidad en que ha discurrido el sistema político dominicano.
Esa circunstancia, que es fruto de las acciones de protestas del Movimiento o Marcha Verde y de la presión de organismos internacionales, independientemente del mostrenco acto del Procurador, o quizás precisamente por eso, acelera el proceso de crisis del sistema político dominicano, impacta de manera en extremo negativa a gran parte del liderazgo político del país y crea una situación en que por primera vez hay políticos de alto calibre en la cárcel, justa o injustamente acusados de actos de corrupción. El acto del gobierno, hecho a su mal grado tratando de superar la crisis, puede devenir inmanejable, radicalizará las protestas y la tendencia hacia la insubordinación a importantes sectores que desde hace mucho viven rumiando sus insatisfacciones por la forma en que se conducen determinados altos dirigentes partidarios.
El gobierno quiere jugar a la diversión, al entretenimiento de la población, sacrificando a algunos débiles y posiblemente hasta uno que otro inocente, al tiempo de tratar de socavar las bases del principal partido opositor para superar una crisis que ahora es cuando alcanza su punto más extremo y con tendencia hacia su agudización. El presidente Medina y el núcleo del gobierno que ha manejado el 91% de los contratos de Odebrecht, al ser excluidos de la lista del Procurador se han convertido en las caras visibles de la impunidad, en la materialización de ese lastre social y las consecuencias de esa circunstancia habrá de reflejarse a corto plazo en el futuro de cada uno de ellos y en los plazos del calendario político del sistema.
No creo que falta mucho tiempo para que esto comience a ser realidad. Estamos solo ante el inicio de un proceso de cambios en el país, visibilizado con la Marcha Verde del 22 enero pasado y que habrá de seguir con más fuerza el próximo 11 de junio en el Macorís del mar.