Para cumplir los objetivos del Estado Social y Democrático de Derechos el gobierno debe crear, fortalecer y ampliar las condiciones y herramientas que garanticen el bienestar social en condiciones de igualdad material.
No sin razón, se puede argumentar que los recursos del fisco son insuficientes. Pero la objeción ciudadana para un incremento de los impuestos y/o la ampliación de la base tributaria es que: 1º, muchos recursos son dilapidados, pagándose nóminas parasitarias y una gran clientela política; y, 2º. que es necesario mejorar la capacidad recaudatoria, aun cuando debemos reconocer que las últimas autoridades de DGII han hecho una labor encomiable en ese orden.
Con visibles mejorías en esos dos ámbitos; pero sobre todo con el uso eficiente y pulcro de los recursos del fisco por parte del gobierno, aun cuando es muy difícil encontrar que la personas paguen voluntaria y alegremente los impuestos –impuestos porque se imponen- y un claro compromiso del liderazgo nacional con políticas públicas sostenibles se podría ganar la confianza ciudadana para que un pacto fiscal integral pueda ser posible.
El comercio, la industria, la empresa y las personas físicas solo creen y permiten que esto sea posible cuando hay un uso racional, transparente y limpio de los recursos públicos; si hay una alta eficiencia en todos los órdenes gubernamentales; y, si existe un régimen fiscal justo y equitativo – el que más tiene y produce carga, proporcionalmente, con la más alta carga-.
El otorgamiento de mayores beneficios sociales, que no son más que la garantía práctica de los derechos fundamentales de la gente, en un entorno de estabilidad macroeconómica, seguridad ciudadana, salud, educación, comunicación, estructura vial y física adecuadas como de empleos de calidad y la mayor formalización posible de nuestra economía, solo serán posibles con mejores ingresos del gobierno y de las personas y un aumento y mayor valoración de las riquezas culturales y espirituales de la población.
Los pactos de políticas y acciones duraderas y loables, como los pendientes –fiscal, eléctrico, laboral- deben ser promovidos y realizados prontamente en obligado diálogo entre la sociedad civil y el gobierno, para no seguir poniendo en juego el bienestar y la felicidad de todos.