Nuestras autoridades se han acostumbrado a irrespetar los procedimientos, violar la ley so pretexto de mil fútiles excusas y hasta la misma Constitución. Es un Estado que ha crecido torcido, que se ha acostumbrado a incumplir y cuyos representantes actúan como si no tuvieran conciencia de que se deben a la ciudadanía que con su voto los ha puesto al frente de sus funciones y en la cual reside la soberanía popular.
Así las cosas hemos tenido y tenemos infinidad de casos de nombramientos efectuados sin respetar la ley en cuanto a perfiles establecidos, tiempo de duración de mandatos, ratificaciones congresuales como las impuestas a la superintendencia de electricidad o embajadores no cumplidas, funcionarios que continúan al frente de sus instituciones con mandatos vencidos y muchos casos más, sin que nada ocurra.
Independientemente de que se esté o no de acuerdo con el contenido de la sentencia, la decisión de escabullirnos como si los compromisos internacionales fueran sombreros que se ponen o quitan a conveniencia, hunde más la posición de nuestro país sobre el tema migratorio que por negligencia de nuestras autoridades nunca fue responsablemente atendido
Esas mismas autoridades que se han sentido por encima de la ley y acostumbrado a cumplirlas antojadizamente, al mismo tiempo han querido expandir sus relaciones, promoviendo la participación del país en múltiples organismos internacionales y aprobando convenciones sin real interés de asumirlas.
La República Dominicana ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos el 19 de abril de 1978, y en fecha 19 de febrero de 1999, el entonces presidente de la República manifestó su voluntad de aceptar la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de dicha Convención, en virtud del cual en cualquier momento posterior a la ratificación se puede declarar el reconocimiento a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de dicha Convención.
Durante 15 años nuestro Estado y sus distintos poderes reconocieron la competencia de dicha Corte, haciéndose representar en los procesos llevados en su contra en la Corte, mediante aprobación por el Congreso de la ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que otorga al mismo la facultad de regulación de la ejecución de las sentencias de la Corte, la aceptación por nuestra Suprema Corte de Justicia de la competencia de la Corte y la nominación por nuestro gobierno de jueces ante dicha Corte.
Sin embargo ahora ante el disgusto de la reciente sentencia dictada por la Corte sobre personas dominicanas y haitianas expulsadas del país, de un plumazo pretendemos desandar los pasos y salirnos de la incómoda égida de esta Corte fallando 9 años después una acción en inconstitucionalidad contra el instrumento de aceptación de dicha Corte elevada en el año 2005.
Nada puede ser más dañino para la imagen del país que pretender valernos de un ardid legal o de una supuesta falta del propio Estado Dominicano para eludir las sanciones de una corte internacional a la que voluntariamente nos sometimos.
Independientemente de que se esté o no de acuerdo con el contenido de la sentencia, la decisión de escabullirnos como si los compromisos internacionales fueran sombreros que se ponen o quitan a conveniencia, hunde más la posición de nuestro país sobre el tema migratorio que por negligencia de nuestras autoridades nunca fue responsablemente atendido.
Pretender escaparnos de la competencia de la Corte lejos de “salvar” al país como proclaman sus defensores generará la imagen de que somos un Estado caprichoso capaz de declararse en rebeldía bajo un ardid legal, y eso solo nos causará perjuicio a todos.