Si fue un absurdo pretender que el principal partido de la oposición, el Revolucionario Moderno (PRM) corriera apresurado a firmar un pacto eléctrico del que no hizo consenso, en una apresurada convocatoria de 48 horas después de 15 meses archivado, más inexplicable es que ahora no se le ponga en vigencia. Si el pacto es tan útil para superar los 50 años de atraso energético del país, y si lo quieren los grandes intereses empresariales, que lo apliquen ya.
La realidad es que el Pacto Eléctrico, como el Fiscal y el Educativo, es un mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, promulgada en enero del 2012, es decir hace más de siete años. El de Educación resultó relativamente fácil desde que el presidente Danilo Medina honró el compromiso contraído con la sociedad civil en la campaña electoral del 2012 y acató la Ley General de Educación que destina al sector el 4 por ciento del producto bruto interno.
Al comienzo de su primer gobierno, en agosto del 2012, el mandatario convocó a la discusión del Pacto Fiscal, pero tan pronto los sectores empresariales y sociales exigieron algo más que otra de las múltiples reformas tributarias, el gobierno recogió y por la puerta de atrás negoció con los más complacientes empresarios otro incremento impositivo cargado al consumo. Más de seis años después el Pacto fiscal sigue como simple sugerencia en vez de un mandato legal, porque no están dispuestos a recortar el enorme dispendio clientelista y rentista y la creación de enormes fortunas en que se fundamenta el dominio político y social.
En enero del 2015, ya diseñada la campaña reeleccionista, el gobierno de Medina inició con entusiasmo las discusiones del Pacto Eléctrico con la participación de los sectores empresarial, sindical, social y político, bajo la cobija del Consejo Económico y Social (CES).
Justo un año después, en enero del 2016, el PRM anunció que se retiraba del intento de concertación porque el gobierno persistía en ignorar los reclamos de información y transparencia y el abordaje de asuntos fundamentales, como las enormes pérdidas de las distribuidoras de energía, a causa del desbordamiento del empleo y el gasto superfluo. Sus dirigentes dijeron que bajo ninguna circunstancia se prestarían a blindar, ni legitimar los contratos grado a grado, la opacidad del financiamiento de Punta Catalina, la violación a la ley general de electricidad y otras maniobras ilegales parecidas.
Sin el PRM, las discusiones para el pacto prosiguieron todo el 2016 y el 2017, con el disenso de todo el sector social y aún de una parte del empresarial. Hasta que en noviembre de ese año se anunció que en diciembre sería firmado. Durante 15 meses se cuestionó al gobierno sobre el destino del Pacto Eléctrico, hasta que el 18 de febrero pasado el presidente del CES, Agripino Núñez, convocó a su firma el día 20 “con la presencia y participación del excelentísimo Señor Presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez.
La convocatoria fue tan intempestiva que su mismo texto señalaba que quien no pudiera asistir podría firmar el pacto durante el resto de la semana. Ni siquiera el sector social ni grupos empresariales inconformes estaban dispuestos a participar en ese montaje a la medida del interés del presidente Medina de atribuirse un éxito energético en su inminente discurso político de “rendición de cuentas”.
La politiquería gubernamental es la norma en nuestro endeble armazón social e institucional, sobre todo si hay por medio un nuevo proyecto continuista, pero lo que no se puede entender es que el alto empresariado pretendiera responsabilizar a la oposición política por los infinitos yerros, tan elementales como no haber transparentado los costos de las plantas de carbón, que rondan los 3 mil millones de pesos, o que las empresas estatales del sector eléctrico tengan 6 años sin presentar estados financieros auditados, como manda la ley. O que todavía el presidente Medina esté dando poderes para comprar energía sin el concurso legal.
El PRM se anotó un punto con su negativa a prestarse de comparsa, como corresponde a una oposición política responsable. Y dejó plantados a quienes quisieron chantajearlo, los mismos que luego excusan sus incoherencias y complicidades bajo el alegato de que aquí no hay oposición. Lo justificó el comunicado de la Secretaría de Energía del PLD pidiendo una reanudación del diálogo para dilucidar los disensos, que consideró “muy importantes”.