La epidemia del COVID-19 se ha dejado sentir más profundamente en la vida cotidiana a nivel mundial, intensificando las perturbaciones y daños a la educación de más de 360 millones de estudiantes en todo el mundo, de acuerdo con las Naciones Unidas. Por su importancia e impacto, en todos los países del mundo el tema se ha convertido en un asunto de “seguridad nacional”. ¡Aquí deberá suceder lo mismo!
La abrumadora preocupación está más que justificada porque las escuelas y universidades brindan una estructura y soporte para las familias, comunidades y economías enteras. ¡El efecto de cerrarlas durante días, semanas y meses podría tener repercusiones incalculables en los estudiantes, profesores, padres y las sociedades en general!
Sobre la apertura de las escuelas y universidades del país, se tienen más preguntas que respuestas. Pero unas y otras gozan de igual importancia porque impulsan la reflexión que deberá aportar pautas para tomar la mejor decisión, que no puede ser, como tampoco puede serlo en los demás sectores, producto de un decreto, una autorización presidencial o de una medida unilateral de las instituciones educativas. La responsabilidad de su apertura debe ser producto de la decisión concertada del gobierno, las autoridades educativas y todos los sectores del país. ¡Ni más ni menos!
Sin embargo, en este sentido no estamos partiendo de cero. Resultan alentadores los esfuerzos logísticos y financieros que ha venido desarrollando el Ministerio de Educación desde el inicio de la pandemia. En el marco de su “Plan Nacional Orientación Preventivo del COVID-19”, fueron distribuidos unos tres millones de brochures y otros materiales gráficos informativos en las 18 regionales y los 122 distritos escolares del país. También hizo la transferencia de cerca de 380 millones de pesos a los centros educativos, colegios católicos, politécnicos y a las juntas de regionales y distritos escolares, para que dispusieran de los recursos necesarios en el plan preventivo.
Lo que sigue ahora de cara a la apertura resulta ser más complejo, amplio, delicado y costoso. Requerirá duplicar, o más, los esfuerzos técnicos, logísticos y colaborativos y los recursos financieros. No se trata de una simple “apertura de las puertas”, sino de la “reconstrucción” mancomunada de “la nueva normalidad” de la educación dominicana. Pongamos en “pause” las urgencias, prejuicios, intereses particulares y autoritarismos. ¡Constituyámonos en una “comunidad pensante y dialogante” para proteger la salud en las aulas y elaborar un vigoroso plan resiliente para su apertura!
Para todo el país la apertura de las actividades educativas, tiene una dimensión comparable a la apertura de las actividades económicas. Se trata de la defensa del derecho a la salud en el aula de una población educativa de unos más 5 millones compuesta estudiantes, profesores, investigadores, laboratoristas, bibliotecarios, personal administrativo, personal de limpieza, de apoyo al almuerzo escolar, animadores culturales y deportivos; padres, madres, tutores y amigos de la escuela, así como grupos empresariales, religiosos y comunitarios comprometidos con una educación de calidad para todos los dominicanos.
No se trata simplemente de volver al segundo “dulce hogar” con las manos en los bolsillos, sin planes ni proyectos de vida. De lo que se trata es de regresar con esperanza al templo de la sabiduría donde se forman los hombres y mujeres para construir una sociedad digna, justa, transparente, solidaria y democrática. De lo que es de volver a aprender y vivir la “nueva realidad” de la educación dominicana, pero sin miedo al contagio y a la muerte que trae el COVID-19. ¡Se trata de volver a las escuelas y universidades garantizando la salud en el aula de la mitad de la población dominicana!
Por eso es esencial que las escuelas y universidades del país reabran sus puertas con todas las garantías para asegurar la salud en el aula y de que todas las autoridades educativas trabajen para hacerlo posible y que cada comunidad educativa, los sectores económico y social, cada uno de sus miembros, se haga responsable de las medidas necesarias para una vuelta a las aulas con todas las garantías sanitarias, higiénicas, de salud y seguridad. ¡Aquellas escuelas y universidades que no estén en condiciones para garantizarlas, mejor será que permanezcan cerradas hasta puedan hacerlo!
La estrategia para la apertura de las escuelas y universidades deberá ser por etapas. Debe enfocarse en la metodología de una estrategia “progresiva y escalonada”. El proceso debe cumplir con los criterios y requisitos de claridad, seguridad y certidumbre; y privilegiar siempre la salud y la vida. En algunas zonas y poblaciones con alta letalidad y alto riesgo de contaminación se dificultará más la apertura. Así, la apertura de las escuelas y universidades de estas zonas sólo podrá realizarse cuando las condiciones sanitarias se lo permitan. ¡Por eso, no todas podrán abrir al mismo tiempo!
La apertura puede realizarse siguiendo el paradigma del “semáforo actualizable de cuatro colores”: rojo, anaranjado, amarillo y verde. ¡El rojo representa las mayores restricciones y el verde la apertura de todas las actividades! El anaranjado permite realizar más actividades esenciales. Es moverse un poquito de la situación del rojo; las personas vulnerables podrán incorporarse a las actividades, pero con máximo cuidado. El semáforo amarillo implica una ampliación de las actividades sin restricción, podrán operar todas las actividades esenciales y no esenciales, pero con restricciones en espacios abiertos y cerrados.
Según este paradigma las escuelas y universidades en color rojo, es decir, de zonas geográficas y poblaciones muy afectadas por el COVID-19, no podrán abrir. Aquellas en color verde, situadas en zonas no afectadas y poco afectadas por el COVID-19, podrán abrir sin restricciones. Las situadas en las franjas anaranjadas y amarillas podrán abrir con restricciones y riesgos calculados. Todos los “colores” deben ir acompañados y administrados por “protocolos y guías” para el cumplimiento de la medidas de prevención y control del COVID-19.
Las escuelas y las universidades del país no pueden detenerse durante el COVID-19, ya que constituyen una parte esencial de la recuperación en una crisis: aporta normalidad, un sentido de la rutina, conocimientos y habilidades necesarias para el desarrollo, la resiliencia en casos de especial vulnerabilidad social y económica y sirve de puente para salvar las distintas brechas sociales, económicas y educativas a las que se enfrenta parte de la población. ¡Pero el COVID-19 no puede dejarse suelto, hay que prevenirlo y controlarlo!
Para evitar contagio y muertes en las aulas debido al COVID-19, y facilitar su pronta apertura aboguemos por la estrategia de la “apertura escalonada y progresiva” de las escuelas y universidades, siguiendo el paradigma del “semáforo actualizable de cuatro colores”. Hasta ahora nos hemos centrado en la acción inmediata, en la atención de las “urgencias”, en la improvisación y en el exceso de un optimismo que da ánimos y reconforta en medio del desconcierto pero, cuanto antes, hemos de dar paso a la “planificación” y la “preparación” de la “nueva realidad” de la educación dominicana.
Es conveniente que el COVID-19 encuentre a las escuelas y universidades del país abiertas. ¡Pero sólo aquellas que llenen las condiciones para estar abiertas! Las que puedan garantizar y defender la salud y la vida de los más de 5 millones que componen la comunidad educativa nacional. Las que no lo estén deberán ajustarse a un programa para adecuarse para la apertura. No nos dejemos contagiar por el espíritu conformista del “todo va a salir bien”. Hagámoslo posible. ¡Hagamoslo juntos!