“Los que asumen la autoridad al obtener un cargo público deben controlar severamente sus acciones, con el fin de actuar acertadamente en todo momento al evitar el mal. En caso contrario, provocarían la ruina del Estado”. (Confucio).
Barómetro Global de la Corrupción sencillamente nos desnuda y relieva al mismo tiempo, como la corrupción profunda o negra se acrecienta en el seno de la sociedad política. Es la corrupción que desestructura toda la normativa, todo el andamiaje para poder operar como una sociedad civilizada.
La hipercorrupción en el cuerpo social dominicano trastoca el edificio institucional que ha de propiciar una democracia más efectiva. El aumento de la corrupción es la negación de la integridad y la transparencia que vienen a ser los pilares, los ejes en que descansa un buen gobierno. El acrecentamiento de la hipercorrupción desarmoniza la gobernanza ética y la capacidad del Estado como autoridad pues la confianza como actor invisible, que empuja todo el proyecto colectivo, no existe. Se trunca, se anquilosa y no penetra en los poros que catapulte un escenario social esperanzador. Sin integridad y transparencia no es dable configurar, construir ni reforzar ese gran capital social que significa la CONFIANZA.
En Dominicana no hay una atenuación de la corrupción ni desde la perspectiva preventiva ni mucho menos disuasoria. Campea la impunidad como la verdolaga en el campo. Si la corrupción pública se define como el abuso de poder de parte del poder político para aprovecharse de las ventajas económicas y políticas y negar el desarrollo social e institucional, la actual elite política ha alcanzado ese “privilegio” por los datos que nos suministra Barómetro Global de la Corrupción, sobre todo, en lo atinente a la corrupción por institución. Veamos:
INSTITUCION 2017: 2019:
Presidente/ Primer Ministro 39% 58%.
Miembros del Parlamento 34% 48%
Empleados públicos 28% 50%
Empleados públicos locales 37% 46%.
Policía 57% 55%.
Jueces y magistrados 47% 45%.
Líderes religiosos 22% 23%
ONGs. 28%.
Ejecutivos de empresas 30% 34%.
Banqueros 35%.
Periodistas 25%.
Esto significa que los gobiernos, pero, más prevaleciente el actual, visualiza la transparencia como un espectáculo, como una perspectiva cosmética y coreográfica. Si miramos retrospectivamente, en un análisis de corte longitudinal, nos encontramos con que el presidente Medina hizo lo siguiente:
- Emitió el Decreto 486-12 del 22 de agosto del 2012 donde creaba la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental para combatir la corrupción y prevenirla. En esa Dirección hay, según la nómina del mes de julio: 130 empleados fijos, 20 contratados, varias compensaciones, para un total de alrededor RD$8,000,000.00 millones de pesos mensuales.
- En ese mismo Decreto creó el Código de Pautas Éticas.
- Se elaboró el Decreto 499-12 como política de transparencia y austeridad.
- Montaron el diseño de la Veeduría Social para que la ciudadanía y actores sociales con cierto liderazgo sirvieran de vigilantes en los mecanismos de los procesos más pertinentes en las instituciones, para reforzar la transparencia, sobre todo, en las compras.
- Finalmente, en el 2014 se crea la Ley 311-14 de Declaración Jurada de Patrimonio. Vendría a sustituir la Ley 79-82. Los funcionarios actúan como si no existiera y la Cámara de Cuentas no juega su rol alrededor de esta importante normativa.
Barómetro Global de la Corrupción lo que resalta es que factores externos como internos que aúpan y propician su aumento, lejos de disminuir se acentúan:
- Factores externos (Socioculturales): económicas, políticas, administrativas y sociales.
- Factores Internos (Individuales): la codicia, la avaricia, el anhelo de poder y la crisis existencial.
La delincuencia política, que es lo que arroja Barómetro a través del aumento de la corrupción de las instituciones y de la forma como el gobierno está actuando con respecto a ese cáncer (72% señalan que mal. Claro espejo de la necesidad de darnos una oportunidad para el cambio). Si lo correlacionamos con los datos que recién publicó el licenciado José Rijo acerca de los gastos del gobierno en algunos rubros hasta el 31 de agosto, aquello es de horror y espanto. Veamos:
- RD$ 7,159 millones en remuneraciones personal transitorio (nominillas).
- RD$ 2,975 millones en combustibles y lubricantes.
- RD$ 2,634 millones en publicidad y propaganda (11 millones diario).
- RD$ 1,515 millones en automóviles y yipetas.
- RD$ 3,845 millones en productos medicinales para uso humano.
- RD$ 3 millones promoción y educación para la Salud.
- RD$ 30 millones en atención integral de calidad a niños y niñas con discapacidad.
- RD$ 325 millones en equipo médico y de laboratorio.
Esas informaciones resaltan como se prioriza el dinero de los contribuyentes, cual es la verdadera ideología de los actores políticos que nos dirigen. Como visualizan el Estado como un botín para sus privilegios más descarnados. Como dijera el Obispo de La Vega, Héctor R. Rodríguez, “la corrupción, el narco y la impunidad, nos azotan”. Es que la corrupción atenaza la seguridad jurídica, impide la necesaria cohesión social, trunca el desarrollo social y desarticula todo el marco de la institucionalidad. La corrupción se anida como un parásito para generar más desigualdad, más pobreza, más marginalidad, menos calidad en los servicios públicos, coadyuva a más desempleo, a más hambre, a más injusticia, a más enfermedades y exclusión.
La corrupción es: soborno, cohecho, malversación, tráfico de influencia, abuso de funciones, captura del Estado, enriquecimiento ilícito, nepotismo, patrimonialismo, padrinazgo. Somos una sociedad laceralmente opaca. La elite política es enemiga de la transparencia y de la integridad, carecen en el plano personal de los recursos éticos. Tenemos que convenir que solo lo que se puede hacer público es solemnemente justo y todo lo que obra con opacidad es un imperativo categórico que no debemos de fiarnos, no importa la jerarquía del funcionario.
En la sociedad dominicana ha de darse una gran revolución ética para neutralizar la enorme tensión humana que se da entre la ética y la política. La poca confianza pública en los actores políticos viene fortalecida por el trabajo del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) en el 2018, quienes señalaron que en República Dominicana se pierde el 3.8% del PIB, esto es, alrededor de RD$163,400 millones de pesos anuales en malversación, dispendio y corrupción.
El Barómetro de la Corrupción, sus conclusiones, son fatídicas, funestas, nefastas, aciagas para nosotros pues nos dice que somos el segundo país con más corrupción (66%) después de Venezuela y que en el ámbito Presidencial y de ministros creció de 39% en el 2017 a 58% dos años después. Esa es la gran corrupción o corrupción negra, sistémica, estructural, que encuentran sus zonas en la destrucción e inobservancia de las instituciones y en la carencia de valores que se esculpe en la falta de decencia.
¡La integridad como la transparencia se constituyen en activos sociales tanto en las dimensiones públicas como privadas, pues han de expresar vívidamente los efectos virtuales que genera la confianza. La corrupción es la violación institucional y social que daña a la sociedad! Es tiempo de acudir a la ONU o a la OEA para que nos auxilien con esta hipercorrupción y la destemplada impunidad. Ya no podemos seguir así. Dejemos atrás a estos actores análogos en la tecnología, en la mentalidad y en sus acciones.